Dieciocho años después de haber estallado, la huelga de Cananea llegó a su fin. Uno de los conflictos laborales más prolongados, politizados y costosos en la historia del México contemporáneo.
Tres sexenios con gobiernos de diferentes colores no fueron suficientes para resolver un conflicto que al final terminó solucionándose con dinero del erario, porque hasta donde se sabe públicamente, Grupo México, propietario de la mina ubicada en el estado de Sonora, no participó en las negociaciones y sistemáticamente se negó a cumplir con las obligaciones que como patrón le correspondían.
La huelga estalló el 30 de julio de 2007, cuando los mineros de Cananea denunciaron violaciones sistemáticas al contrato colectivo de trabajo, condiciones de seguridad deficientes y una estrategia empresarial orientada a debilitar al sindicato. El contexto no era menor. Un año antes, en Pasta de Conchos, 65 mineros habían perdido la vida, sepultados bajo tierra, en ese sentido Cananea no fue una rebelión política o ideológica, como muchos trataron de hacer creer, se trató de un grito de impotencia frente a la inminencia de una nueva tragedia de la que Grupo México se deslindaba por adelantado.
Muy pronto la disputa saltó de lo laboral a lo jurídico y político. Entre 2008 y 2018 las autoridades correspondientes declararon en distintas ocasiones la inexistencia de la huelga, y en 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la terminación del contrato colectivo de trabajo, una resolución fuera de orden que privó a los mineros de su principal arma de defensa. Mientras, la mina siguió operando bajo esquemas laborales distintos.
Los huelguistas entonces fueron sometidos a un limbo jurídico diseñado para desalentarlos hasta el abandono. La empresa dejó patente que, sin importar la corriente gobernante, tenía el suficiente poder económico y respaldo institucional para resistir el tiempo que fuera necesario por sobre los derechos y necesidades de sus trabajadores.
Finalmente llegó la solución con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, con una alternativa que durante mucho tiempo se consideró inviable: dinero público y voluntad política. Más de 540 millones de pesos se destinaron a liquidaciones, prestaciones no cubiertas, pensiones, compensaciones, además de la incorporación retroactiva al IMSS y el reconocimiento para viudas y familiares.
Un indudable triunfo para la administración federal. Resolver en el primer año de gobierno un conflicto heredado hace casi dos décadas, refuerza la narrativa de justicia social y envía una señal de cercanía con el movimiento obrero. Cananea deja de ser una herida abierta para convertirse en el símbolo de la eficiencia gubernamental.
No hay duda de que se trató de un acto de justicia para los trabajadores, lo cuestionable es que el “rescate” (como ocurrió con el tan criticado FOBAPROA) se haya hecho con dinero del erario, con el dinero que los mexicanos aportan con sus impuestos para unos servicios que hace mucho tiempo dejaron de ser visibles. El verdadero premio se lo llevó Grupo México, que demostró que, como ocurrió en los gobiernos que la 4T llama neoliberales, los poderes fácticos siguen imponiendo su ley sobre los intereses de la sociedad en su conjunto.
Alianza Volaris-Viva: competencia de altura
Interesante se vislumbra la competencia entre las aerolíneas mexicanas, una vez que se confirmó la alianza entre Viva Aerobus y Volaris, quienes integraron una nueva sociedad denominada Grupo Más Vuelos.
Esta unión que está pensada como una “fusión de iguales”, tiene como objetivo fortalecer el mercado de bajo costo en México, pero sin duda se convertirá en una importante competencia de Aeroméxico, la principal aerolínea nacional.
Entre los puntos relevantes destaca que ambas mantendrán sus propias marcas, operación, atención al cliente y estructura. En cuanto a los accionistas, cada aerolínea poseerá el 50% del nuevo grupo, el cual será presidido por Roberto Alcántara, actual titular de Viva.
El alcance que ambas tendrán será de 86 destinos y 324 rutas, que en su conjunto sumarán más de 900 vuelos diarios, lo que concentrará casi 70% del mercado aéreo mexicano.
Desde luego que la optimización de recursos y el bajo costo serán fundamentales para beneficiar a los usuarios, además de ampliar la conectividad, tanto a nivel nacional como internacional, no obstante, este acuerdo aún requiere el visto bueno de las autoridades, por lo que el proceso podría concretarse en 2026.
Sin duda, esta es una muy buena noticia para la aviación mexicana, ya que la competitividad se fortalecerá, además de que el usuario final obtendrá positivos dividendos.
Voto obligatorio en la reforma electoral
La semana pasada, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), adelantó algunos temas de la reforma electoral, manifestándose a favor de la propuesta de la reformulación y reducción de los plurinominales, recorte a presupuesto de partidos, así como algo que no se había planteado: el voto obligatorio.
El diputado zacatecano dijo que es una posibilidad que se contempla en la iniciativa que mande la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el argumento de reducir el abstencionismo y promover la participación ciudadana. Monreal aclaró que él no “comulgaba” con la idea de obligar el voto, pero que la propuesta estaba en un documento preliminar en la Comisión de Reforma Electoral de la Cámara de Diputados.
Pocos países en el mundo tienen el voto obligatorio, pasándolo de un derecho a una responsabilidad ciudadana. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, además de Bélgica, Luxemburgo, Australia, Singapur, Nauru y Corea del Norte. Chile lo había retirado en 2012, pero lo aplicó para el plebiscito constitucional de 2022. Algunos países aplican excepciones para jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad o analfabetas; otros aplican sanciones, las cuales pueden ser multas, arrestos, impedimentos para gestiones o trámites gubernamentales o acceder a cargos públicos. Los países que las aplican alcanzan porcentajes de participación de entre 50 y más de 90 por ciento, también dependiendo del tamaño de la población. En el caso mexicano, el artículo 35 de nuestra constitución refiere el votar en las elecciones populares como un derecho nada más.
Es evidente que la preocupación es por la baja participación en los ejercicios de revocación de mandato y las elecciones judiciales, lo cual no se ve cómo incentivar el voto y, ante la imposibilidad de eliminarlos -que sería lo más fácil, pero en contra de los imperativos del líder de la 4T-, la opción es volverlo obligatorio, con todas las complicaciones y corrupción que puedan generar las sanciones aplicables.
El desacuerdo de Monreal se espera sea un adelanto de que la propuesta no prospere y quede como parte de una lluvia de ideas, o quizá, se trate de un distractor para jalar el debate hacia el voto obligatorio, cuando los verdaderos temas sensibles sean los que transiten.
Propósitos profesionales 2026
Cada cierre de año trae la misma escena: agendas que se llenan de propósitos profesionales, crecer, cambiar de puesto, emprender, mejorar ingresos, y conversaciones en las que parece que todo se reduce a “echarle ganas” o “tener disciplina”. Pero los datos recientes del “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en el país, sugieren algo menos cómodo y más útil: la brecha entre intención y resultado no siempre se explica por falta de motivación, sino por condiciones concretas que el trabajo impone (o no resuelve) en la vida cotidiana.
Cuatro de cada diez trabajadores señalan la falta de recursos como el principal freno para alcanzar objetivos profesionales en 2026. Y “recursos” no es sólo presupuesto para un curso; también es acceso a herramientas, acompañamiento, información, redes internas, e incluso la posibilidad real de invertir en aprendizaje sin que eso compita con la supervivencia financiera o con cargas de trabajo que ya vienen al límite. A esa limitante se suman dos obstáculos igual de reveladores: 25% identifica la falta de claridad sobre cómo alcanzar sus metas y 20% la falta de tiempo.
Si el tiempo aparece como barrera, no basta con recomendar productividad: hay que revisar cargas, prioridades y rituales de trabajo que consumen horas sin aportar valor. Si la claridad es el problema, no se resuelve con un póster de valores corporativos: se resuelve con rutas de desarrollo visibles, criterios transparentes de promoción, retroalimentación frecuente y líderes que sepan traducir expectativas en planes accionables. Y si los recursos faltan, quizá el punto no es pedirle al talento que “se capacite”, sino crear condiciones para que capacitarse sea posible.
Lo más interesante es que, pese a los frenos, una parte importante de trabajadores ya está actuando: 42% afirma que está tomando cursos y talleres para fortalecer su desarrollo profesional; 33% está aprendiendo a usar nuevas herramientas; 15% trabaja en construir su marca personal. Esto desmonta un estereotipo frecuente: el de una fuerza laboral pasiva, esperando que la empresa lo haga todo. La señal es otra: hay disposición, hay movimiento, pero no necesariamente hay un terreno parejo para avanzar.
En 2026 las empresas no van a ganar con discursos motivacionales, sino con diseño organizacional. Si el mercado quiere talento más preparado, el primer paso es preguntarse qué tan accesible es el desarrollo profesional dentro de la compañía.