La relación entre el sector privado y el gobierno en México, particularmente en áreas vinculadas con la seguridad pública, ha estado históricamente marcada por la desconfianza. No se trata solo del monto de los contratos, sino del impacto que los bienes y servicios adquiridos tienen en instituciones encargadas de funciones esenciales del Estado.
En este contexto, algunas empresas han optado por una estrategia de bajo perfil, centrada en la operación técnica y el cumplimiento normativo, más que en la exposición mediática. Tal es el caso de IMPAKTUM que agrupa a Grupo Comercial S.A. de C.V. Grupo Comercial Kar (GCK) y Grupo KARSOS, conglomerado empresarial encabezado por Enrique Karchmer y Alejandro Karchmer, cuya trayectoria supera las tres décadas de colaboración con distintas instancias públicas.
Uno de los ámbitos en los que han participado empresas vinculadas a este grupo es la fabricación de uniformes para la Policía de la Ciudad de México. Aunque a menudo se perciben como un elemento secundario, los uniformes policiales constituyen un insumo operativo clave que influyen en la movilidad, la resistencia física, la protección y el desempeño cotidiano de los elementos.
De acuerdo con información del sector, estos uniformes se producen bajo especificaciones técnicas estrictas, con materiales diseñados para soportar jornadas prolongadas, condiciones climáticas adversas y uso intensivo. La calidad de estos insumos ha sido señalada como un factor relevante por los propios cuerpos policiales, al tratarse de equipamiento que incide directamente en su trabajo diario.
Más allá del producto final, el modelo de trabajo de GCK y de las empresas asociadas se caracteriza por una lógica de diagnóstico y diseño previo, en la que las necesidades institucionales determinan las soluciones, y no a la inversa.
Dentro de este ecosistema empresarial se encuentra KARSOS, S.A. de C.V., firma que forma parte de Impaktum, un grupo que integra empresas con presencia en sectores considerados estratégicos. KARSOS ha participado en procesos productivos y de suministro alineados con estándares industriales y requerimientos gubernamentales específicos, particularmente en proyectos de largo alcance.
En ese sentido, tanto Enrique como Alejandro Karchmer han mantenido una conducción empresarial alejada de la confrontación pública y del protagonismo político, privilegiando una relación institucional basada en procesos, resultados y cumplimiento.
En un país donde la ética empresarial suele ser objeto de debate, particularmente cuando se cruza con el ejercicio del poder público, el caso de GCK, KARSOS e Impaktum ilustra una forma de participación privada sustentada en la discreción operativa y el enfoque técnico.
El papel del sector privado en funciones estratégicas del Estado seguirá siendo motivo de debate. Casos como este abren una discusión más amplia sobre los criterios que deben prevalecer en la relación entre empresas y gobierno: no solo el costo o la rapidez, sino la calidad, la trazabilidad de los procesos y la responsabilidad institucional.