La red de mujeres UNIDAS que busca promover el trabajo justo en México, fomentando la organización colectiva de mujeres trabajadoras en sectores informales y precarizados; presentó un nuevo informe sobre las principales barreras estructurales que enfrentan las mujeres trabajadoras de plataformas digitales para acceder a condiciones laborales justas y ejercer plenamente sus derechos.
El informe ‘Conectadas al cambio: por un trabajo justo para las mujeres en plataformas digitales’, refiere que si bien, la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales representa un paso fundamental hacia la formalización del trabajo; no garantiza derechos clave para las mujeres, especialmente en materia de seguridad social, maternidad, atención a la violencia y trabajo de cuidados.
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Asimismo, señala que los resultados de la implementación de dicha reforma, han evidenciado la necesidad de incluir medidas adicionales para eliminar las barreras estructurales que afectan de forma desproporcionada a las mujeres.
Barreras para el acceso a la seguridad social
El acceso a la seguridad social para personas trabajadoras de plataformas digitales está condicionado a alcanzar un ingreso mensual mínimo equivalente al salario mínimo de la Ciudad de México que actualmente equivale a 9 mil 558 pesos.
No obstante, el llamado “factor máximo de exclusión”, un descuento aplicado por las plataformas antes de calcular el ingreso neto eleva el umbral requerido, obligando a ampliar e intensificar la jornada para alcanzar el ingreso.
Trabajo de cuidados
Además, la carga de cuidados que recae mayormente en las mujeres, obstaculiza la ampliación de la jornada laboral o las orilla a trabajar en horarios y rutas de mayor riesgo.
De acuerdo con el documento, en el último mes de la prueba piloto, 2 de cada 10 personas inscritas (206 mil 512) lograron superar el umbral de ingresos requerido para acceder a la seguridad social.
Aunque los datos oficiales carecen de desagregación por género, se prevé una marcada subrepresentación femenina en este grupo, consecuencia de las barreras estructurales que dificultan alcanzar dichas metas económicas.
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Violencia de género
Una encuesta aplicada por UNIDAS a 77 trabajadoras de conducción en automóvil y reparto en motocicleta de colectivas de Chihuahua, Jalisco y el Estado de México; revela que siete de cada diez trabajadoras, es decir el 69.7% han sufrido acoso o violencia por parte de usuarios.
Las formas más frecuentes son acoso verbal (77.4%), insinuaciones sexuales (62.3%), contacto físico no deseado (47.2%) e insultos por razón de género (54.7%).
Aunque la ley obliga a las plataformas a contar con mecanismos de prevención y atención de la violencia, en la práctica las denuncias reciben respuestas automatizadas o recomendaciones de cancelar el servicio, lo que expone a las víctimas a sanciones algorítmicas y pérdida de ingresos.
Si bien ocho de cada diez contratos de las empresas analizadas por el informe mencionan canales de reporte, ninguna empresa cuenta con protocolos públicos claros que establezcan plazos de respuesta, confidencialidad y medidas de protección, conforme a estándares básicos de derechos laborales.
Maternidad penalizada
A pesar de que la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoce el derecho a la protección a la maternidad, el diseño del programa lo vuelve inaccesible.
Para conservar la afiliación, las trabajadoras deben mantenerse activas y generar ingresos mínimos, pero el embarazo avanzado y el posparto implican inactividad.
La norma establece que 30 días consecutivos sin actividad terminan automáticamente la relación laboral, lo que provoca la pérdida de afiliación, aportaciones y servicios como guarderías, penalizando la maternidad y contradiciendo el mandato legal de perspectiva de género.
Algoritmos sin transparencia ni enfoque de género
Por otra parte señala, que la gestión algorítmica es central en la relación laboral, pues asigna tareas, evalúa desempeño y aplica sanciones.
Aunque la reforma establece que estas decisiones deben ser transparentes y no discriminatorias, las trabajadoras reportan opacidad y castigos por rechazar viajes inseguros, desconectarse para atender tareas de cuidado o denunciar conductas inapropiadas.
El 50.6% de las personas encuestadas señaló que las empresas no han explicado cómo operan los algoritmos. Durante la implementación del periodo piloto de la reforma en materia de plataformas digitales, el 18.5% fue bloqueada temporalmente y menos de la mitad logró recuperar su cuenta. Para el 74%, este trabajo es su única fuente de ingresos.
La “flexibilidad” no aplica para las mujeres
La promesa de flexibilidad contrasta con la realidad de las trabajadoras, muchas de las cuales deben permanecer conectadas entre 10 y 12 horas diarias para alcanzar ingresos mínimos.
El 85.5% de las encuestadas son madres y, de aquellas con hijas/os de hasta 4 años, el 84.6% reporta no tener acceso a guarderías, principalmente por costos elevados, horarios incompatibles y falta de información.
Para alcanzar el ingreso mínimo que permite acceder, por ejemplo, al servicio de guarderías del IMSS, las trabajadoras deben laborar en los periodos más rentables —tardes, noches y fines de semana—, precisamente cuando las estancias infantiles no operan, ya que funcionan únicamente en horarios de oficina.
Este obstáculo hace imposible para muchas mujeres trabajar en los horarios de mayor rentabilidad debido al trabajo de cuidados. Así, las mujeres trabajadoras ven en la práctica limitada su autonomía económica y su acceso efectivo a la seguridad social.
Recomendaciones de política pública
Ante este panorama, UNIDAS presentó recomendaciones dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el IMSS, y las empresas de plataformas, entre ellas:
- Establecer un “factor de exclusión” diferenciado para mujeres, basado en la brecha de ingresos real, como una medida afirmativa para “emparejar el piso” de acceso a la seguridad social.
- Armonizar los criterios del IMSS, la LFT y los contratos de las plataformas para garantizar que la licencia de maternidad se reconozca como un periodo de incapacidad protegido, asegurando la continuidad de la atención médica y las prestaciones.
- Diseñar, implementar y monitorear protocolos obligatorios contra la violencia y el acoso a partir de la realidad de las trabajadoras, integrando las mejores prácticas de autocuidado que ellas ya han validado y que las plataformas deben institucionalizar y mejorar.
- Garantizar la transparencia y revisión humana en la gestión algorítmica y revisar el sesgo de género para no penalizar el rechazo de viajes por seguridad.
- La reforma laboral, concluye el informe, debe cumplir su promesa: transformar la economía digital en un espacio de trabajo justo, libre de violencia y con igualdad de oportunidades para todas las personas.