La escalada de Donald Trump contra Nicolás Maduro no es algo nuevo, data de su primer periodo al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Tras las elecciones de 2018, la Casa Blanca no solo reconoció a Juan Guaidó, sino que promovió su reconocimiento internacional y autorizó que activos venezolanos en la Unión Americana fueran administrados por sus representantes.
Como si se tratara de un videojuego, hoy nos encontramos en una edición reloaded de un mismo conflicto, solo que más virulento. La estrategia básica no ha cambiado: asfixiar al régimen hasta volverlo inviable, una premisa sin conclusión, porque más allá de derrocar al dictador no se plantea un futuro para sucederlo.
El anuncio de un bloqueo “total y completo” contra petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela se mantiene en esa línea: herir de muerte al corazón financiero del “chavismo” –el petróleo–, solo que introduce un elemento altamente volátil: la normalización de medidas de fuerza en el comercio marítimo bajo una lógica unilateral. Invocando la legalidad y la lucha contra un régimen acusado de ser criminal, se tensa el derecho internacional incrementando el riesgo de errores de cálculo con impredecibles consecuencias regionales.
Sin ofrecer mayores argumentos Trump acusa a Caracas de haber “robado” activos petroleros, tierras y recursos de su país, en una narrativa que más que jurídica le ofrece una justificación política frente a su base electoral que antes de detenerse a pensar se deja ir en desbandada frente a las denuncias por una razón simple: el “volver a Estados Unidos grande de nuevo” atraviesa por el sometimiento del continente, esa reinterpretación que se ha dado en llamar la “Doctrina Donroe”.
Frente a una fuerza inconmensurablemente más poderosa que el régimen de Maduro solo le queda “patalear”. Hacer llamados a los organismos multilaterales que eligen moverse con cautela. Alertan sobre la escalada, piden respeto al derecho internacional y llaman a evitar el uso de la fuerza, pero carecen de una dentadura lo suficientemente sólida para frenar a una potencia decidida a actuar por cuenta propia.
Si la situación en el exterior es compleja, hacia dentro no lo es menos. Una oposición que va a la deriva. María Corina Machado concentra legitimidad social, autoridad moral y un reconocimiento internacional sin precedentes: fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, lo que subraya el impacto global de su mensaje por la democracia venezolana. Sin embargo, no controla instituciones, territorio ni fuerzas armadas. En los hechos no ofrece una opción viable sin una negociación que garantice una salida pactada que definitivamente no va a ocurrir, por lo menos no en lo inmediato. De ahí la paradoja central de la estrategia de Trump: presiona para derribar, pero no construye para sustituir.
Los números ayudan a dimensionar ese costo. Antes del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, Venezuela producía más de 2 millones de barriles diarios de crudo; para 2020 la producción había caído por debajo de 400 mil barriles. Los ingresos petroleros que durante años representaron el 90% de las divisas venezolanas se redujeron a una fracción de lo que fueron dejando al país sin capacidad de maniobra fiscal. Entre 2013 y 2021 la economía se contrajo 75% y más de 7 millones de venezolanos se vieron obligados a abandonar el país en una de las crisis migratorias más grandes del hemisferio.
La cruel realidad es que Venezuela se encuentra en un limbo que cada vez se parece más a un infierno, ante una creciente presión externa y una oposición que no acaba de cuajar, incapaz de tomar el poder. En medio, una población consumida que encara la falta de un futuro cada vez menos visible…
Contratos mixtos en Pemex; pendientes en CFE
Este viernes, Pemex firmará contratos mixtos para explotación petrolera, por los que la petrolera acumulará bonos por 49.8 millones de dólares. Los contratos adjudicados fueron para los campos Tamaulipas-Constituciones, Cuervito, Sini-Caparroso, Agua Fría y Tupilco Terciario.
Las empresas ganadoras, todas mexicanas, fueron: Tamaulipas-Constituciones y Sini-Caparroso para Consorcio Petrolero 5M del Golfo; Tupilco Terciario con CESIGSA; Cuervito para Geolis y Agua Fría con Petrolera Miahuapan. La participación privada más alta es en Cuervito, con el 54% y la cual tiene reservas probadas de gas por 115 mil millones de pies cúbicos; la participación más baja es en Sini-Caparroso y Tamaulipas-Constituciones, con 16% y 20%, ambas para producción de crudo y gas natural. El mayor bono lo dio Consorcio Petrolero 5M del Golfo, de 25.255 millones de dólares por el contrato de Sini-Caparroso; seguido por un bono de 10.723 millones de dólares de Petrolera Miahuapan por Agua Fría.
Erróneamente se ha dicho que son los primeros contratos mixtos de la administración. No es así. En octubre pasado se concretó el primero con GSM BRONCO y MX DLTA NRG 1, subsidiarias de Grupo Carso, para la perforación y terminación en un plazo de tres años de hasta 32 pozos en el Campo Ixachi, ubicado en Veracruz y uno de los campos terrestres más importantes de México.
Los contratos mixtos en el sector energético van muy lentos. En el caso de Pemex, se trata de cinco contratos de 11 que en el tercer trimestre pasado había reportado que se estaban cerrando, de un total de 21. Es decir, apenas la cuarta parte. En Comisión Federal de Electricidad (CFE) la situación no es mejor, pues apenas se aprobaron 20 de 34 proyectos de generación eléctrica bajo planeación vinculante, aunque sin novedad de los primeros contratos mixtos que supuestamente se firmarían para la construcción de nuevas centrales para estas fechas. Esto y otras cosas, han llevado a que circulen versiones de la salida de Emilia Calleja de CFE para empezar el año. Ya veremos si antes de las fiestas decembrinas hay alguna explicación de en qué van esos contratos mixtos prometidos, o si en enero CFE estrena titular.
Explosión en Michoacán: ¿fue coche bomba o no?
Luego de las declaraciones del fiscal general de Michoacán, Carlos Torres, en las que dio a conocer que sí se habría activado un mecanismo a distancia para hacer detonar el auto que explotó en Coahuayana, la polémica sobre lo ocurrido se reavivó.
Cómo se recordará, hace unos días, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que se tratara de un coche bomba y señaló que una de las líneas de investigación señalaría que se trataría de pugnas entre grupos rivales.
No obstante, el fiscal general de la entidad, informó que las investigaciones establecieron que la explosión se originó derivado a la activación de un mecanismo remoto utilizado para detonar el vehículo. Además, señaló que los posibles responsables de los hechos serían integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes habrían intentado un ataque directo contra la base de la Policía Comunitaria y que la camioneta no cuenta con reporte de robo.
El centro de la controversia se genera en que muchos analistas y opositores al oficialismo insisten, equivocadamente, que se trata de un acto terrorista sin conocer de fondo lo que implica ese delito, pese a que en infinidad de ocasiones se les ha explicado que las características de los hechos corresponden a un ataque directo contra la autoridad y no contra la ciudadanía.
Y aunque el fiscal general de Michoacán también ha señalado que no se trata de terrorismo, sería conveniente que antes de hacer declaraciones que solo prenden de nuevo la llama de la controversia, se coordine con la Fiscalía General de la República y no hacer declaraciones públicas que no abonan a nada, sino que únicamente confunden más.
Blindaje contra CVs falsificados
El mundo corporativo enfrenta un desafío que redefine la gestión del talento, la irrupción de CVs falsificados creados con la ayuda de la inteligencia artificial. El dato es contundente: tres de cada cuatro empresas mexicanas ya han recibido al menos un currículum vitae generado por estas herramientas, y la capacidad de los equipos de Recursos Humanos para distinguir entre perfiles reales y ficticios se erosiona rápidamente.
No estamos ante un problema operativo menor, sino frente a una amenaza estratégica que compromete la integridad de las organizaciones mexicanas. La sofisticación de los algoritmos permite construir trayectorias laborales impecables, logros verificables y certificaciones internacionales que superan filtros automatizados y convencen a reclutadores experimentados.
El riesgo se multiplica en sectores críticos como salud, tecnología y finanzas, donde un fraude de identidad puede derivar en pérdidas económicas, sanciones legales y daños irreparables a la reputación. La respuesta no puede ser reactiva ni fragmentada. Las reformas recientes a la Ley contra el Lavado de Dinero obligan a las empresas a implementar procesos de verificación de identidad bajo el principio de Know Your Employee, elevando la validación de antecedentes a un imperativo legal y estratégico.
En este contexto, Cristian Fraga, Directora de Círculo Laboral, empresa especializada en el desarrollo de soluciones para la gestión de talento, considera que el liderazgo empresarial debe asumir que la verificación rigurosa de identidades no es un trámite administrativo, sino un blindaje corporativo que protege la continuidad del negocio y asegura el cumplimiento normativo.
En ese sentido, las compañías que adopten enfoques de due diligence inteligente, apoyados en tecnología y análisis de datos, no solo evitarán fraudes, estarán definiendo el estándar de cómo se lidera el talento en la era digital. La inteligencia artificial seguirá transformando el reclutamiento, pero serán las organizaciones que prioricen la confianza y la transparencia las que marquen el rumbo del futuro.