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En la historia moderna de la relación entre México y Estados Unidos hace mucho tiempo se construyó un mecanismo para someternos como nación.
La guerra contra el narcotráfico ha servido como moneda de cambio para soportar la injerencia estadounidense en todo Latinoamérica, particularmente en Colombia y en México, pero ha servido como pretexto hasta para inventar insurrecciones, golpes de estado y guerras civiles en otros países.
El narcotráfico por sí mismo es un negocio multimillonario, pero la combinación con la política, el lavado de dinero, venta de armas, tráfico de órganos, trata de blancas, secuestro, y un amplio etcétera, no menos escandaloso, es un modelo de economía de las mafias o de la delincuencia organizada que ha crecido de tal manera, que los estados han sucumbido ante su poder.
El narco opera como una empresa trasnacional, con CEO’s, CFO’s, COO’s y todo el sistema corporativo. Sus métodos, si acaso, son más sangrientos, pero a veces igual de deleznables. Sus contrapartes en el gobierno son parte inherente de la ecuación y no se entiende una sin la otra.
La reciente noticia sobre la formalización de acusaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al senador Enrique Inzunza y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, ha provocado un sismo en el tablero político mexicano. Lo que antes eran susurros y filtraciones periodísticas hoy es un expediente judicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
La acusación no es menor: conspiración para traficar fentanilo, cocaína y metanfetamina en alianza con la facción de los “Chapitos”. Según los fiscales estadounidenses, el poder político en Sinaloa no solo habría sido testigo, sino facilitador y beneficiario de la infraestructura criminal a cambio de “apoyo político y sobornos”.
Ante esto, la respuesta oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la de cerrar filas bajo el estandarte de la soberanía. Su postura es clara: si hay pruebas, que se juzguen en México. Sin embargo, esta retórica choca frontalmente con la realidad de un sistema judicial doméstico que históricamente ha mostrado una parálisis selectiva cuando se trata de figuras de alto nivel en funciones. Es decir, las decisiones siempre han obedecido a la política, y no al respeto de la ley.
La separación del cargo de Rocha Moya, quien solicitó licencia provisional, busca, en teoría, facilitar las investigaciones locales. No obstante, el escepticismo ciudadano es legítimo. ¿Veríamos estos movimientos si no existiera una solicitud de extradición de por medio?
En lo interno: mantener una defensa a ultranza de funcionarios señalados por el “vecino del norte” puede interpretarse como complicidad o, al menos, como una preocupante falta de mecanismos de control interno.
En lo externo: con la revisión del T-MEC en el horizonte y la presión política en un año electoral en EE. UU., la negativa a colaborar en casos de narcotráfico de alto nivel podría tensar las relaciones diplomáticas a un punto de ruptura económica.
Defender la soberanía no debería significar proteger la impunidad. La verdadera soberanía de un Estado se ejerce cuando sus propias instituciones son capaces de limpiar la casa sin necesidad de que un juez en Nueva York dicte la agenda.
Si las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia son tan sólidas como afirman, el Estado mexicano tiene la obligación no solo de investigar, sino de demostrar que el fuero no es una patente de corso. De lo contrario, México seguirá siendo visto no como un socio soberano, sino como un vecino que requiere de la vigilancia externa para aplicar su propia ley.
Preocupa sin embargo que, de confirmarse las sospechas de todos, pero las acusaciones de Estados Unidos, entonces propiamente habría que admitir el fracaso de la Cuarta Transformación, pues habría incurrido en los mismos excesos por lo que había pugnado en contra de sus antecesores.
Trump: guerra, desgaste y el límite del poder
Usualmente las crisis internacionales suelen fortalecer a los presidentes estadounidenses, pero solo cuando son breves, transparentes y con un resultado visible. Ejemplos hay muchos. Tras los atentados del 11 de septiembre, George W. Bush alcanzó niveles de aprobación del 90%, pero esa ventaja se vino abajo con la prolongación de la guerra en Irak, llegando a 40% hacia el final de su mandato.
Algo similar ocurrió con Barack Obama, quien tras la operación contra Osama bin Laden en 2011 registró un repunte inmediato de 10 puntos porcentuales, efecto que se esfumó en cuestión de meses. La constante es clara: el impulso político existe, pero es temporal. Cuando el conflicto se prolonga, el efecto se invierte. Hoy, la tensión en Medio Oriente no está consolidando a Trump, por el contrario, a nivel interno empieza a reflejarse desgaste y pérdida de dirección política.
El problema trasciende por mucho las trincheras. El impacto se traduce inmediatamente en la economía: energía, mercados y percepción de riesgo: No se trata solamente de los precios del petróleo –que históricamente se mueve en márgenes de entre 10% y 20% en episodios de tensión en el Golfo–, sino lo que ese movimiento arrastra: inflación, tasas de interés y expectativas. En ese campo el ciudadano común y corriente no evalúa geopolítica, lo traduce en el pago de la hipoteca, los colegios y los gastos corrientes.
La popularidad es más elocuente que cualquier frase hecha. Trump se mueve en niveles de aprobación que oscilan entre 34% y 37% con desaprobación cercana a 60%. Estas cifras se amplifican cuando vemos la composición de los encuestados: entre votantes independientes, el respaldo ha caído por debajo de 30%. Trump no está perdiendo a los suyos; está perdiendo a los que deciden elecciones.
El riesgo de perder al Congreso ya dejó de ser una ilusión para convertirse en un escenario plausible. Tradicionalmente, el partido del presidente pierde en promedio entre 20 y 30 escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias; con niveles de aprobación por debajo de 40%, este número tiende a ampliarse. Las consecuencias saltan a la vista. Un presidente sin mayoría legislativa no queda inhabilitado, pero sí muy limitado estructuralmente. El margen para impulsar reformas se reduce al mínimo, la negociación se vuelve obligatoria y los conflictos internos se intensifican.
El Congreso adquiere la capacidad de condicionar el presupuesto, investigar, bloquear nombramientos y, en los hechos, ralentizar o impedir la implementación de la agenda presidencial. Siempre queda abierta la posibilidad de gobernar con órdenes presidenciales, pero en estas circunstancias muestra su fragilidad. Dependen del financiamiento, pueden ser impugnadas en tribunales y pueden revertirse con relativa facilidad por administraciones posteriores. El poder se vuelve inmediato, sí, pero menos duradero.
En este momento Trump no necesita una guerra prolongada; necesita desesperadamente una crisis que pueda cerrar con un resultado claro. Sin ese cierre la narrativa de firmeza pierde eficacia y la presión económica gana peso. El tiempo juega en su contra. Cada semana sin resolución acumula desgaste.
Esta erosión trasciende el territorio estadounidense, particularmente sobre México. Un presidente debilitado tiende a compensar hacia afuera lo que pierde hacia adentro. En el caso de Trump, eso suele traducirse en mayor presión política sobre la frontera: endurecimiento del discurso migratorio, exigencias más agresivas en materia de control y reactivación de amenazas comerciales como instrumento de negociación. No necesariamente una estrategia estructurada, sino una respuesta política a su propio deterioro.
Paralelamente, si ese debilitamiento se traduce en la pérdida del Congreso, la relación bilateral entra en otra zona. Se reducen las posibilidades de cambios profundos en acuerdos como el T-MEC, pero aumenta la incertidumbre operativa. México enfrenta una encrucijada: menos riesgo de transformaciones de fondo, pero más exposición a decisiones unilaterales, tácticas y una imprevisibilidad latente.
Trump se juega todo en las elecciones intermedias, perder el Congreso no significa el fin de su mandato, pero sí lo vaciaría de poder. No sería una caída institucional, sería algo más profundo: el inicio de su irrelevancia política.
El combate a la corrupción
Ante una corrupción institucionalizada de siglos en México, cuando lo ha habido, su combate ha sido selectivo, superficial, con motivos políticos o -excepcional y cada vez más frecuente gracias a los medios-, porque no hay de otra: Jorge Díaz Serrano, la “Quina”, la “Estafa maestra”, la “Casa blanca”, Segalmex, el “huachicol fiscal” de los sobrinos del secretario de Marina… En todos los casos y no solo en nuestro país, el gobierno en turno tenía el control de las herramientas y acciones: qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde, por qué y, sobre todo, contra quién. Había límites definidos, porque ir contra todos, caiga quien caiga, con todo el peso de la ley y hasta donde tope, resulta políticamente inconveniente.
Aunque formulada con elementos de narcotráfico y crimen organizado, la acusación contra Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve políticos y funcionarios sinaloenses, es el primer caso que presenta Estados Unidos como parte de su anunciada campaña contra la corrupción, y en el cual el gobierno mexicano no tiene control de ello y que, más allá de la complicidad entre Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, lo que evidencia es apenas la punta del iceberg de la relación entre el partido gobernante y las organizaciones criminales para ganar la gubernatura de Sinaloa en 2021.
Empezando con estos primeros diez y los testimonios de los “Chapitos”, la investigación puede tener el alcance que quiera Estados Unidos, desde el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, entonces delegado especial de Morena en Sinaloa, pasando por Mario Delgado, entonces presidente del Morena, hasta el ex presidente López Obrador, saludando a la mamá del “Chapo” Guzmán.
Por otra parte, salvo de Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza, se desconoce el paradero de los otros ocho. Prófugos no están, pero no se sabe si localizados por las autoridades para también “protegerlos” o, para complicar las cosas pero muy factible, tal vez negociando para ser testigos protegidos.
Si a eso le sumamos la lista de casos de narcopolíticos que se detonen dentro de la campaña de la administración estadounidense, puede significar no solo el fin de Morena, sino del Estado mexicano mimetizado siempre con el partido en turno e, inevitable, una crisis de gobernabilidad.
El margen de maniobra de la presidenta Claudia Sheinbaum es reducido. Por lo pronto, la decisión ha sido ganar tiempo; darle el cauce legal a modo; no ceder de inmediato sabiendo que solo sería abrir la puerta a más exigencias que de todas formas llegarán; sacar al indefendible Rubén Rocha de la gubernatura y “protegerlo”, aunque también vigilarlo, para no dar margen a la fuga y llegado el momento proceder a la detención.
¿Ganar tiempo para qué? Para administrar políticamente el impacto dentro del gobierno y el partido, para esperar otros escenarios internacionales y domésticos de Estados Unidos, como las elecciones de medio término, incluso, no se descarte, para adelantar jugadas para poder administrarlas y que los casos de corrupción sigan siendo atendidos de este lado.
Maternidad y trabajo: qué define si una madre acepta un empleo
En México, el Día de las Madres suele venir acompañado de discursos emotivos, sin embargo, los datos del Termómetro Laboral de OCC, la bolsa de empleo en línea líder en México, obligan a ir más allá del reconocimiento simbólico para plantear una discusión incómoda: ¿Qué tanto están haciendo las empresas para responder a las necesidades de las madres trabajadoras? Cuando 35% de ellas afirma no contar con facilidades para convivir con sus hijos, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural. No se trata de falta de organización personal, sino de entornos laborales que aún operan bajo lógicas que ignoran la realidad de millones de mujeres.
Lo revelador es que la conciliación ya es un criterio de decisión. Que 45% de las madres considere el acceso a guardería como un factor para aceptar un empleo habla de un cambio de paradigma en el mercado laboral: las condiciones alrededor del trabajo pesan tanto como el trabajo mismo. Esto redefine las reglas del juego para las empresas, porque una oferta laboral no compite solo en salario, sino en la capacidad de ofrecer tiempo, flexibilidad y soluciones tangibles para la vida cotidiana.
Este giro tiene implicaciones profundas. Por un lado, coloca a las empresas frente a una realidad: el talento femenino no está dispuesto a seguir adaptándose a estructuras rígidas. Por otro, evidencia que la falta de políticas de conciliación no solo afecta la calidad de vida, sino que impacta directamente en la atracción y retención de talento. En un entorno donde la rotación representa costos crecientes, ignorar estas señales es una mala decisión de negocio.
El sector empresarial debe adaptarse, la maternidad no puede seguir tratándose como una variable externa a la estrategia organizacional. Incorporar esquemas flexibles, apoyos para el cuidado infantil o modelos híbridos no es un gesto de buena voluntad, sino una inversión en competitividad. En el contexto del Día de las Madres, la reflexión más pertinente es cómo construir entornos laborales que, en los hechos, les permitan serlo sin tener que elegir entre su desarrollo profesional y su vida personal.
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