La semana pasada, se dio a conocer que el Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos (NCTC), identificó a Juan Carlos González Valencia, el “Tres”, el “03” o el “Pelón”, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, es hijo natural de Rosalinda González Valencia, viuda del “Mencho”, y se vislumbraba como el más probable a encabezar el cártel. La principal razón era el respaldo de la numerosa familia González Valencia (18 hermanos), de los cuales están detenidos su madre, y sus tíos, Abigael (identificado como el líder) y Arnulfo. El clan tiene a su cargo la parte financiera y de lavado de dinero del CJNG.
La aparente cohesión de la organización criminal después de la muerte del “Mencho” hace cuatro meses; así como la captura incruenta en abril de Audias Flores Silva, el “Jardinero” -quien se mencionaba como rival para disputar el control del CJNG-, fueron otros elementos que perfilaron al “Tres” como nueva cabeza.
Juan Carlos González Valencia es ciudadano estadounidense -habría nacido en Santa Ana en California el 12 de septiembre de 1984-, tiene un proceso abierto en la Corte Federal del Distrito de Columbia, y desde 2021 el Departamento de Justicia ofrece una recompensa por él de 5 millones de dólares. En México se desconoce si hay órdenes de aprehensión en su contra.
Su ciudadanía y situación legal, así como su condición de nuevo líder del CJNG, colocan a González Valencia en condiciones de ser objetivo prioritario entre los prioritarios para la administración Trump.
Considerando los amagos de acciones por tierra y que la impunidad de Rubén Rocha parece haber enfriado la cooperación entre países, la captura o incluso eliminación del “Tres” de manera unilateral parece probable y no lejana, lo que podría dejar un escenario más complicado para el CJNG y, por tanto, para el país, que el que se vio en febrero con la caída del “Mencho”.
Herencias: el impuesto imposible
Hay temas a los que los gobiernos prefieren darles la vuelta. Gravar las herencias es uno de ellos. Bastó que la posibilidad se asomara para que la presidenta Claudia Sheinbaum saliera a descartar, de manera tajante, cualquier intención de cobrar un impuesto por la transmisión del patrimonio familiar. La respuesta fue tan fulminante que terminó por dominar el debate.
La razón de fondo parece clara. La jefa del Ejecutivo no está dispuesta a pagar el costo político de abrir una discusión sobre el patrimonio de las familias, incluso para un gobierno que ha hecho de la justicia social y la redistribución de la riqueza uno de sus principales estandartes.
En buena parte de las economías desarrolladas existen impuestos sobre las herencias o sobre las sucesiones. Estados Unidos grava determinados patrimonios de alto valor; Francia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y España cuentan con distintos esquemas para que una parte de las grandes fortunas heredadas contribuya al erario. Sus defensores argumentan que ayuda a disminuir la concentración de la riqueza y fortalece el principio de que todos deben aportar de acuerdo con su capacidad económica.
Teóricamente, el argumento tiene lógica. Una herencia representa riqueza que cambia de manos sin provenir del trabajo o de una actividad productiva. Desde esa perspectiva, gravarla puede considerarse una herramienta para reducir desigualdades y fortalecer las finanzas públicas sin afectar el ingreso cotidiano de la mayoría de la población. Diversos economistas sostienen que resulta menos distorsionante que aumentar el IVA o elevar el ISR a quienes generan empleo e inversión.
Sin embargo, la realidad mexicana es muy distinta a la de esos países. México recauda poco, mantiene elevados niveles de informalidad y arrastra una profunda desconfianza ciudadana hacia el uso de los recursos públicos. Para millones de personas, el patrimonio familiar representa el esfuerzo acumulado de décadas de trabajo, ahorro y sacrificio. Es un patrimonio que ya pagó impuestos cuando se obtuvo, cuando se invirtió y, en muchos casos, cuando se adquirieron los bienes que lo integran. La idea de volver a gravarlo se percibe, con razón o sin ella, como una doble tributación.
Pero hay otro elemento que suele pasar desapercibido. En México la herencia no simboliza únicamente riqueza; representa seguridad para los hijos, continuidad del patrimonio familiar y una forma de movilidad social.
La pequeña casa construida durante toda una vida, el negocio familiar o unas cuantas hectáreas de tierra difícilmente encajan en la imagen de las grandes fortunas que suelen ilustrar esta discusión. Por eso cualquier insinuación sobre impuestos sucesorios despierta inquietud incluso entre sectores que jamás serían alcanzados por un eventual gravamen.
La reacción presidencial confirma que la política muchas veces pesa más que la teoría económica. Aunque el impuesto pudiera diseñarse para aplicarse exclusivamente a grandes patrimonios, el costo político sería enorme. En un contexto en el que el gobierno ha reiterado que no habrá nuevos impuestos, abrir ese debate enviaría un mensaje contradictorio y alimentaría el temor de que, tarde o temprano, cualquier patrimonio familiar pudiera convertirse en objeto de cargas fiscales.
Antes de hablar de herencias conviene hablar de confianza. En un país donde millones de contribuyentes aún dudan del destino de los impuestos que pagan, cualquier intento por gravar el patrimonio familiar nacerá políticamente condenado.
La verticalización de Monterrey
En apenas diez años, la zona metropolitana de Monterrey ha experimentado un cambio radical en su paisaje urbano. De acuerdo con datos de Accumin Intelligence de Tinsa México, la construcción de edificios verticales presentó un crecimiento superior al 300% en general, pero si nos vamos a los segmentos residencial, residencial plus y luxury, este puede llegar al 400%.
Esto obedece a cambios en las tendencias del mercado: hogares más pequeños, búsqueda de cercanía a sitios de trabajo, interés en tener todo en un mismo lugar y un mercado joven que busca espacios modernos y flexibles.
Según la empresa de consultoría inmobiliaria, la oferta de vivienda vertical pasó de 85 proyectos activos en el 2015 a 211 en el primer trimestre del 2026, en todos los segmentos. Si comparamos los segmentos residencial, residencial plus y luxury, el cambio se dispara de 48 a 194 proyectos activos en el mismo periodo. Este salto refleja no solo la intensidad de la inversión, sino también la transformación de las dinámicas de vivienda y un acelerado cambio en el mercado; sin embargo, es importante mencionar que la vivienda horizontal sigue predominando en la zona metropolitana de Monterrey como el producto preferido por los regiomontanos.
El crecimiento vertical se ha concentrado en los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, principalmente en los departamentos de los segmentos residencial, residencial plus y luxury. Sin embargo, para el 2026, se observa que la expansión inmobiliaria ha impulsado la construcción de nuevos desarrollos en el resto de los municipios que conforman la zona metropolitana de Monterrey.
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