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Sinaloa ha sufrido una violencia criminal como pocas en el último año y medio. Conocida por décadas la relación, o por lo menos indolencia y tolerancia, de gobernadores y presidentes municipales con las organizaciones del narcotráfico que operan en el estado, por primera vez un gobernador tuvo que pedir licencia por enfrentar una acusación formal por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque sea en Estados Unidos y que en nuestro país siguen sin encontrar pruebas en contra de Rubén Rocha Moya.
Y aún así, de acuerdo a la encuesta de El Financiero del pasado martes, si hoy hubiera elecciones para gobernador, el 38% de los consultados votaría por Morena. En un lejano segundo lugar, se encuentra PRI, con 10%; seguido por el PAN, 8%; MC, 5%; y Verde y PT, 2 y 1%. Hay un 36% de indefinidos.
Es decir, ni aliándose los tres partidos opositores se acercan a las preferencias por el partido gobernante, que se perfila a mantener la gubernatura en 2027, a pesar de Rubén Rocha, quien hace cinco años ganó las elecciones con el apoyo del Cártel de Sinaloa, según el expediente en el juzgado de Nueva York, y también la alta desaprobación de la interina Yeraldine Bonilla, con 49%, además de que el principal problema que identifica la población es inseguridad/crimen organizado, con 56%.
Razones puede haber varias: para los sinaloenses no es novedad la vinculación del narcotráfico en la vida cotidiana del estado; que el origen de la violencia se explica en la ruptura dentro del Cártel de Sinaloa a raíz de la entrega del “Mayo” Zambada por los Chapitos, y se concentró principalmente en Culiacán; los programas sociales tienen un apoyo innegable y son parte fundamental del voto duro; incluso la encuesta es una foto temprana, todavía sin candidaturas definidas y con todo lo que pueda venir en una campaña.
Veamos Michoacán. Este miércoles, el mismo periódico El Financiero, publicó encuesta sobre ese estado, también con un problema de inseguridad por delincuencia organizada que viene de principios de siglo. Pues ahí, Morena también alcanza el 36% de las preferencias, seguido por el PAN con 14%; PRI, 9%; MC, 7%; 29% de indefinidos, con una desaprobación del gobernador Ramírez Bedolla del 60% y con 71% de encuestados que identifican la inseguridad/crimen organizado como el mayor problema.
Pero, a diferencia de Sinaloa, aquí sí hay un perfil opositor fuerte: se trata de Grecia Quiroz, munícipe sustituta de Uruapan y viuda de Carlos Manzo quien, como candidata independiente alcanza 20% de las preferencias donde, ya poniendo escenarios con nombres, rebasa al panista Alfonso Martínez por 3 puntos, y queda a solo 6 de Raúl Morón, con 26%.
Algo que es evidente entre la oposición en Sinaloa y que se extiende a otros estados con elecciones el año que viene, es que no han generado liderazgos competitivos, menos han reconstruido sus estructuras locales.
Todo ha quedado en una descalificación a la Cuarta Transformación y a aprovechar la condición indefendible de Rocha Moya, como si eso fuera suficiente y, evidentemente, no lo es. Los huecos hay que llenarlos, no solo ahondarlos.
“Argentinofobia”, la antidiplomacia
La diplomacia pública, entendida como el arte de proyectar valores, cultura e identidad nacional hacia el exterior para construir reputación y ganar capital simbólico, suele ser un engranaje sutil. Sin embargo, en el tablero del deporte global, ese soft power puede volverse un búmerang feroz cuando la narrativa popular choca con el prisma de la corrección internacional.
En los últimos años, y de manera inocultable tras los ciclos de la Albiceleste en Qatar y el ecúmeno norteamericano, la selección argentina de fútbol se ha convertido en el epicentro de un fenómeno inédito de animadversión transfronteriza.
Lo que en Buenos Aires se celebra como picardía, viveza criolla e incorrección pasional, los radares de la diplomacia mediática occidental lo traducen como barbarie, petulancia y una preocupante falta de civilidad.
El relato internacional contra el combinado argentino no brota de un vacío: se alimenta de episodios donde el folclore de vestuario cruzó la línea roja de la discriminación y de una propuesta en el campo donde el límite entre la competitividad extrema y el “antifútbol” se desdibujó entre trifulcas, tarjetas y desplantes protocolarios.
Desde los polémicos cánticos de tinte xenófobo replicados en el calor de los festejos, que obligaron a la intervención disciplinaria de clubes y organismos, hasta las postales de fricción verbal y desdén hacia el rival vencido, se ha construido un arquetipo nocivo.
Para la opinión pública europea y los grandes multimedios occidentales, la “Scaloneta” dejó de ser únicamente la gesta romántica de Lionel Messi para mutar, bajo una lente hipercrítica, en el espejo de una sociedad supuestamente refractaria a la diversidad y anclada en el desprecio al adversario.
Lo verdaderamente alarmante es que esta supuesta “argentinofobia” ha logrado trascender con creces las fronteras del rectángulo verde, filtrándose de lleno en el tejido social cotidiano.
Este rechazo se ha extendido con particular fuerza en aquellas naciones que acogen a una gran diáspora de inmigrantes argentinos, como España o México, donde las tensiones latentes han encontrado en la figura del connacional el blanco perfecto para la xenofobia urbana.
En las calles de Madrid, Barcelona o la Ciudad de México, el estereotipo del argentino, caricaturizado injustamente o no a partir de los excesos futbolísticos como un sujeto soberbio, invasivo o perpetuamente quejumbroso, se instrumentaliza en las conversaciones de sobremesa y en las redes sociales como un juicio generalizado hacia su cultura.
Irónicamente, mientras la diplomacia tradicional intenta posicionar al país a través de su talento y su inagotable factoría de ídolos, la diplomacia pública espontánea del deporte ha logrado aglutinar un inusual consenso en contra. Hoy, el habitante común de estos países receptores transfiere el enojo por una derrota deportiva al vecino, al compañero de oficina o al cliente argentino, confirmando que la pelota, a fin de cuentas, no es más que el espejo donde las sociedades descargan sus propios prejuicios.
La otra sentencia contra el “Mayo”
La cadena perpetua impuesta a Ismael, el “Mayo”, Zambada difícilmente sorprendió a alguien. Tras décadas al frente de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, el desenlace penal parecía escrito desde el momento en que fue puesto bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Frente a una sentencia inobjetable, lo que más llamó la atención fue la orden del juez de decomisar 15 mil millones de dólares. La reacción inmediata es imaginar una fortuna escondida en bóvedas, cuentas bancarias o maletas llenas de efectivo. Pero esa imagen pertenece más al cine que al derecho. Lo que ordenó la justicia estadounidense no se traduce en una cuenta con saldo esperando a ser congelada. Esa cantidad representa la estimación del beneficio que Ismael Zambada y la organización obtuvieron durante décadas de actividades ilícitas, y fija el monto máximo que el Estado puede intentar recuperar mediante el decomiso de bienes.
En otras palabras, los 15 mil millones de dólares no son un tesoro encontrado. Son un objetivo jurídico.
Después de décadas de operaciones, resulta difícil pensar que ese dinero exista como efectivo. Una parte debió gastarse en la propia operación del cártel; otra se transformó en ranchos, empresas, desarrollos inmobiliarios, cuentas bancarias, vehículos, aeronaves y propiedades registradas a nombre de terceros. Otra, probablemente, desapareció en sobornos, pagos a operadores o simplemente se diluyó con el paso del tiempo.
Precisamente por esto, la sentencia no marca el final del caso. Marca el inicio de una nueva investigación financiera que podría prolongarse durante años e involucrar a varios países.
La pregunta es: ¿de quién serán esos bienes cuando comiencen a aparecer?
Si una propiedad está en Arizona, la respuesta parece sencilla. Pero, ¿qué ocurre si está en Sinaloa, Jalisco o la Ciudad de México?, ¿puede Estados Unidos reclamarla?, ¿debe México entregarla?, ¿tiene nuestro país derecho a una parte de los activos recuperados considerando que buena parte de los delitos, la violencia y los daños ocurrieron en territorio mexicano?
El derecho internacional no ofrece respuestas automáticas. Existen tratados de cooperación, mecanismos de asistencia jurídica y procedimientos para compartir bienes decomisados, pero cada activo debe seguir un proceso legal. Estados Unidos no puede simplemente ejecutar una sentencia sobre un inmueble ubicado en México. Necesita la colaboración de las autoridades mexicanas y, en muchos casos, la intervención de jueces nacionales.
La discusión tampoco termina en las fronteras; puede alcanzar a familiares, socios y terceros. Vale la pena aclararlo: la condena recae exclusivamente sobre el “Mayo”.
Pero el decomiso funciona bajo una lógica distinta. Si las autoridades demuestran que una empresa, una casa, una cuenta bancaria o cualquier otro activo pertenece realmente al patrimonio del capo, aunque esté registrado a nombre de un familiar o de un prestanombres, podrán intentar su confiscación.
El parentesco, por sí solo, no basta para perder un bien; lo determinante es demostrar el origen ilícito de los recursos o la propiedad real del activo. Del otro lado, quienes acrediten legalmente su patrimonio y que hayan actuado de buena fe podrán defenderlo ante los tribunales. De ahí que la historia que comienza ahora ya no sea únicamente criminal. Es financiera, patrimonial y jurídica.
Si una parte de esa riqueza se construyó con la violencia, la corrupción y el daño causado a México, el debate ya no es únicamente cuánto podrá recuperar Estados Unidos. La verdadera discusión es si nuestro país será capaz de acreditar un derecho sobre parte de ese patrimonio. Esa batalla jurídica será aún más compleja que la que terminó en la sentencia para Ismael Zambada.
El reclutamiento no termina con un “no”
La experiencia del candidato ha dejado de ser un aspecto secundario para convertirse en un elemento estratégico de la gestión del talento. Actualmente, las empresas ya no solo compiten por atraer a los mejores perfiles, también por ofrecer procesos de selección ágiles, transparentes y respetuosos.
Cada interacción con un postulante influye en la percepción que éste tendrá de la organización, independientemente del resultado final.
Así lo confirma el más reciente Indicador del Empleo de Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, que revela una realidad contundente: el 38% de los candidatos pierde el interés en una vacante por la falta de seguimiento, mientras que el 34% abandona debido a procesos de reclutamiento demasiado largos.
Estos datos evidencian que la eficiencia y la comunicación ya no son un valor agregado, sino un requisito para construir una marca empleadora sólida.
Pero la lectura más interesante del sondeo va más allá de las causas de abandono, ya que ocho de cada diez candidatos afirman que volverían a postularse a una empresa donde no fueron contratados, siempre que hayan vivido una experiencia positiva durante el proceso.
Esto demuestra que un “no” bien comunicado puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la reputación de la organización y mantener una relación de confianza con el talento.
Las compañías que entienden esta dinámica están transformando sus procesos de selección en una herramienta de posicionamiento. Mantener informados a los candidatos, respetar los tiempos prometidos, ofrecer retroalimentación cuando sea posible y comunicar con claridad cada etapa del reclutamiento genera una percepción positiva que trasciende una vacante específica y fortalece la imagen corporativa.
En un contexto donde el talento tiene cada vez más opciones para elegir dónde trabajar, la experiencia del candidato puede marcar la diferencia entre atraer a los mejores perfiles o perderlos antes de concluir el proceso. Reclutar ya no consiste únicamente en cubrir posiciones; significa construir relaciones de largo plazo con las personas que, tarde o temprano, podrían convertirse en el capital humano que impulse el crecimiento de la organización.
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