Tres generaciones han transcurrido desde que el uranio fue utilizado por última vez como arma de guerra. En ese tiempo, la humanidad no erradicó el riesgo nuclear, pero sí construyó un principio compartido: mientras más países dominaran las tecnologías necesarias para fabricar una bomba, mayor sería el peligro para todos.
Ese principio acaba de enfrentar una de sus mayores pruebas con el acuerdo de cooperación nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita, el cual contempla la posibilidad de que el reino desarrolle parte del ciclo de combustible nuclear bajo determinadas condiciones. No significa que Riad vaya a construir una bomba atómica, ni mucho menos.
Tampoco implica una violación de los compromisos internacionales de no proliferación. Sin embargo, sí supone un cambio importante en la forma en que Washington entiende los riesgos asociados a esa tecnología.
El uranio no distingue entre la paz y la guerra.
Es el mismo elemento, la misma tecnología y, en buena medida, las mismas instalaciones. Lo que cambia es la confianza depositada en quien lo maneja. Mientras Irán ha sido objeto de sanciones, inspecciones, y recientemente, de ataques militares dirigidos a frenar su programa nuclear, Arabia Saudita recibe ahora el aval de Estados Unidos para desarrollar un programa civil que, al menos en teoría, podría incorporar capacidades similares.
Los defensores del acuerdo argumentan que la comparación es injusta. Irán acumuló durante años incumplimientos con el Organismo de Energía Atómica, ocultó instalaciones y alimentó sospechas sobre la dimensión militar de su programa. Arabia Saudita, por el contrario, afirma que su objetivo es diversificar su matriz energética y reducir su dependencia del petróleo. Además, cualquier desarrollo quedaría sujeto a supervisión internacional.
Ciertamente los antecedentes de ambos países no son equivalentes. Pero tampoco puede ignorarse la contradicción política. Si durante años el mensaje fue que ciertas tecnologías representaban un riesgo inaceptable para la estabilidad regional, resulta inevitable preguntarse qué cambió. La respuesta no parece encontrarse en la física nuclear, sino en la geopolítica.
La decisión abre interrogantes que trascienden la relación bilateral. Si Arabia Saudita puede aspirar a dominar tecnologías sensibles, ¿qué impedirá que otros actores regionales reclamen el mismo derecho? Turquía, Egipto o incluso otros países del Golfo podrían sostener que no existe razón para aplicarles un estándar diferente. No porque pretendan fabricar armas nucleares mañana, sino porque ningún Estado desea depender indefinidamente de las capacidades tecnológicas de otro.
Paradójicamente, el mayor beneficiario político de esta situación podría ser Irán. Teherán ha denunciado desde hace años que Occidente aplica un doble rasero: condena determinadas actividades cuando las realiza un adversario y las acepta cuando benefician a un aliado. El nuevo acuerdo ofrece suficientes elementos para alimentar esa narrativa, aun cuando las circunstancias de ambos programas sean distintas.
La historia demuestra que las normas internacionales rara vez desaparecen de un momento a otro. Empiezan a socavarse por las excepciones. Cada una de ellas parece razonable cuando se la analiza por separado. Pero acumuladas, terminan modificando el sentido mismo de la regla.
A la distancia, este acuerdo, más que anunciar una nueva era nuclear en Medio Oriente, confirma una vieja realidad en política internacional: las grandes potencias no suelen aplicar los principios de manera uniforme. Las reglas siguen existiendo. Lo que cambia es quién tiene derecho a quedar fuera de ellas.
Los “narcoestaditos” de Morelos
En la narrativa de la administración Trump respecto al control del narcotráfico del Estado mexicano se han hablado de narcopolíticos, y el gobierno mexicano lo ha aterrizado en las autoridades municipales, presumiendo la captura de 80 funcionarios de ese nivel de gobierno, 14 de los cuales son o fueron munícipes. Sin duda, hay municipios que son desde hace décadas, en su ámbito, pequeños narcoestados. Sin embargo, a las acciones legales a veces se les adelantan otras.
Directamente en sus oficinas del Ayuntamiento, sicarios asesinaron a Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, al oriente de Morelos, limitando con Puebla. El alcalde del Verde ya había sido objeto de un atentado junto con su esposa en enero, en mayo le dejaron una narcomanta con amenazas y, para más señas, sus suegros están detenidos y son identificados como líderes de los Huazulcos o los Aparicios, un grupo delictivo que opera en la región.
En Morelos han habido dos operativos de la Operación Enjambre con diez detenidos de las regiones sur y oriente: entre ellos los presidentes municipales de Cuautla y Atlatlahucan; el expresidente municipal de Yecapixtla, una excandidata de Morena a la presidencia municipal de Atlatlahucan; tesoreros, síndicos y otros funcionarios municipales; todos ellos con vínculos con el Cártel de Sinaloa y La Unión Tepito, y relacionados con narcomenudeo, secuestros, homicidios y extorsiones.
Morelos se encuentra en la ruta del tráfico de droga entre Guerrero y la Ciudad de México, ambas entidades con presencia de grupos y organizaciones delictivas locales, y con presencia, complicidad o disputa con los grupos delincuenciales morelenses los cuales, a su vez, han permeado a las autoridades municipales en las actuales y anteriores administraciones, sea por acuerdos o vínculos directos, como podría presumirse en el caso del alcalde finado, escalando a nivel estatal, como fue evidente en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, por cierto, sin detenidos de ese sexenio.
Cuando el inventario baja, la oportunidad sube
En los mercados existe una regla básica que rara vez falla: cuando la oferta disminuye y la demanda permanece, el valor de los activos tiende a fortalecerse. Esa lógica, aparentemente sencilla, ayuda a explicar lo que hoy está ocurriendo en el mercado inmobiliario de la Ciudad de México.
Durante el webinar organizado por University Tower, quedó claro que el dato más relevante del primer semestre de 2026 no fue el comportamiento de las ventas, sino la reducción sostenida del inventario disponible, lo que es una señal que cualquier inversionista debería observar con atención.
El mercado se concentró en medir la velocidad de comercialización de los desarrollos, pero hoy esa conversación está cambiando. Cada vez ingresan menos proyectos de gran escala, los procesos para obtener permisos son más largos y el suelo disponible se reduce, mientras que la demanda por vivir en zonas consolidadas no pierde fuerza.
Esa combinación está modificando la ecuación de inversión: cuando un activo bien ubicado se vuelve más escaso, su capacidad para preservar e incrementar valor se fortalece, especialmente en corredores urbanos donde la oferta difícilmente crecerá al mismo ritmo que la demanda.
Así vemos que alcaldías como la Cuauhtémoc recuperen el liderazgo en ventas y que corredores como Reforma, Roma y Condesa muestren una demanda constante tanto para compra como para renta. Tampoco sorprende que las rentas tradicionales mantengan crecimientos superiores al 20% anual en algunos segmentos; más que un fenómeno coyuntural, vemos la consolidación de una tendencia estructural: vivir cerca de los centros de actividad económica se ha convertido en un activo cada vez más valioso para personas y empresas.
Desde una perspectiva patrimonial, este contexto obliga a replantear la manera en que evaluamos una inversión inmobiliaria. El análisis ya no se centra en el precio de entrada, vemos que hoy cobra relevancia la capacidad de un activo para mantener su ocupación, generar ingresos recurrentes y preservar plusvalía en un entorno de oferta limitada.
Los ciclos del mercado seguirán existiendo, pero la escasez de suelo bien ubicado y la transformación de los hábitos urbanos parecen indicar que los corredores consolidados de la Ciudad de México seguirán siendo uno de los refugios de valor más sólidos para el largo plazo.
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