Pareciera que Marina del Pilar Ávila fuera la avanzada de lo que sucede, o puede suceder, con varios políticos y funcionarios mexicanos que tienen cuentas pendientes con las autoridades estadounidenses.
Marina del Pilar fue la primera gobernadora de quien se confirmó que le habían retirado la visa estadounidense, algo que para muchos bajacalifornianos es como no tener acceso a la mitad de su ciudad. Ahora, es la primera mandataria estatal que tiene que admitir que ha estado dispuesta a negociar y dar información de lo que sea, con tal de que no le finquen cargos y pidan su extradición.
Y es que, mientras Alfonso Durazo y Américo Villarreal han negado que hayan perdido su visa o que colaboran o participan como testigos en investigaciones, a Marina del Pilar le han filtrado dos audios, uno con un abogado y otro con “agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses”, a decir de la gobernadora, con lo que no le quedó de otra más que reconocer que sí era su voz la de la grabación.
De ser ciertas las versiones de los acuerdos de los gobernadores, probablemente también existan grabaciones del sonorense y el tamaulipeco, pero a ellos los han dejado que colaboren dentro de un límite, tal vez porque no entran en la desesperación que se nota en Ávila de estar dispuesta a decir todo lo que pueda saber, y en ese todo, lo de menos, es lo que pasa en las mesas de seguridad.
Aunque el secretario Omar García Harfuch minimice diciendo que la gobernadora no cometió delito alguno o que vaya a dar a conocer información sensible, la bajacaliforniana ha sido evidenciada, y eso puede tener consecuencias para ella, y servir de ejemplo para otros. El impresentable pero callado de Rubén Rocha ha sido defendido de palabra y en lo legal por este gobierno, Alfonso Durazo y Américo Villarreal siguen negando todo tranquilamente sin necesitar defensa alguna de Palacio Nacional, pero Marina del Pilar puede que no cuente con el mismo privilegio.
La advertencia está para todos y, nuevamente, para su desgracia, el ejemplo es Marina del Pilar Ávila.
El tejido vital de México: hacia una red de vías terrestres de vanguardia
La infraestructura de transporte no es solo un conjunto de pavimentos y puentes; es, en esencia, el sistema circulatorio que permite que la economía de una nación respire. En un país con la extensión y la diversidad geográfica de México, la eficiencia de nuestras vías terrestres determina nuestra competitividad industrial, la agilidad de nuestro comercio y la vitalidad de nuestro turismo.
Hoy, el estado de nuestra infraestructura enfrenta el imperativo de evolucionar. La industria moderna, inserta en un mercado global hiperconectado, exige canales de distribución que garanticen precisión y seguridad. Por su parte, la movilidad cotidiana de los ciudadanos y el flujo de turistas que recorren nuestro territorio requieren carreteras y caminos que, más allá de la simple capacidad, ofrezcan condiciones óptimas de conectividad y sostenibilidad. La brecha entre la infraestructura actual y las exigencias de este dinamismo contemporáneo es el reto principal que debemos atender para no limitar nuestro potencial de crecimiento.
En este contexto de transformación, la XXV Reunión Nacional de Vías Terrestres, organizada en Morelia del 15 al 17 de julio de 2026 por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C. (AMIVTAC), que preside Juan José Orozco, se presenta como un espacio de reflexión técnica y estratégica indispensable. Este encuentro reúne a la comunidad de ingeniería del país para debatir el futuro de nuestra red vial, subrayando la urgencia de modernizar nuestra infraestructura para fortalecer el desarrollo nacional.
La agenda de esta reunión promete abordar temáticas cruciales que van más allá del mantenimiento tradicional. Entre los ejes centrales, destacan la integración de nuevas tecnologías en la construcción de vías, el diseño de infraestructura resiliente ante los desafíos climáticos y las estrategias para optimizar la seguridad vial, un componente innegociable para cualquier sistema de transporte eficiente. Asimismo, el foro será una vitrina para analizar cómo la innovación en materiales y la digitalización de los procesos pueden reducir costos y tiempos de ejecución en los proyectos estratégicos del país.
La importancia de este encuentro radica en su capacidad para articular una visión de largo plazo. Para que México sea realmente competitivo, nuestras carreteras, autopistas y caminos rurales deben dejar de ser vistos solo como rutas de tránsito y comenzar a gestionarse como activos estratégicos. La ingeniería de vías terrestres es la base sobre la cual se construye el progreso; apostar por su mejora continua no es una opción, sino la condición necesaria para el México que aspiramos a edificar en la próxima década.
EU y la ley del más fuerte
Existen muchos tipos de guerras; algunas se libran con ejércitos y otras se pelean en los tribunales. La confrontación que hoy mantiene Estados Unidos con la Corte Penal Internacional (CPI) es una de ellas. Las sanciones impuestas por Washington a funcionarios del tribunal y su rechazo a reconocer su jurisdicción van más allá de un desacuerdo diplomático; nos colocan ante una interrogante que rebasa por mucho la polémica: ¿puede existir una justicia verdaderamente universal cuando las grandes potencias deciden que las reglas no les son aplicables?
Se trata de una paradoja con raíces profundas. Estados Unidos fue uno de los principales impulsores de la justicia penal internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Los juicios de Núremberg establecieron que incluso los gobernantes podían responder por crímenes de guerra y lesa humanidad. Más tarde, Washington respaldó los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cuando en 1998 nació la Corte Penal Internacional como un órgano permanente e independiente, sin quedar sujeto al control del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Washington rechazó la posibilidad de que militares y funcionarios estadounidenses pudieran ser juzgados por la Corte.
Desde entonces, la relación ha estado marcada por la desconfianza. Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma, pero nunca lo envió al Senado para su ratificación. George W. Bush no solo retiró la firma; a cambio promulgó la American Service-Members’ Protection Act, conocida como la “Ley de Invasión de La Haya”, que autoriza al presidente norteamericano a utilizar todos los medios necesarios para proteger a sus ciudadanos frente a una detención ordenada por la Corte. A ello se sumaron acuerdos bilaterales con numerosos países para impedir la entrega de ciudadanos estadounidenses a la CPI.
Pero Estados Unidos no es el único país en esta situación. Rusia tampoco reconoce la jurisdicción de la Corte y rompió cualquier posibilidad de cooperación tras la orden de arresto emitida contra su presidente, Vladimir Putin. China e India tampoco forman parte del Estatuto de Roma. Tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –precisamente las potencias encargadas de preservar la paz– no aceptan la autoridad del principal tribunal penal del mundo. El sistema concebido para combatir la impunidad nació, desde su origen, con la resistencia de algunas de las naciones más poderosas del orbe.
Pese a ello, la Corte ha continuado con las investigaciones que considera sustentadas por la evidencia. Entre las órdenes de captura más conocidas figuran las dictadas contra el expresidente sudanés Omar al-Bashir por presunto genocidio y crímenes de guerra en Darfur; contra el presidente ruso Vladimir Putin por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos; y, más recientemente, contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes relacionados con la guerra en Gaza.
La Corte Penal Internacional no tiene policías, ejército ni capacidad para ejecutar por sí misma órdenes de arresto. Depende de que los Estados cooperen. Por eso, muchas de las personas que finalmente han comparecido ante el tribunal lo hicieron cuando perdieron el poder político o cuando otro gobierno decidió detenerlas.
Ciertamente ningún tribunal es perfecto; esa no es la cuestión. La pregunta es si los políticos están dispuestos a aceptar que existen instituciones capaces de juzgar incluso a quienes concentran el mayor poder político y militar. Si las grandes potencias se reservan el derecho de decidir qué resoluciones obedecen y cuáles no, la justicia internacional corre el riesgo de convertirse en un mecanismo selectivo en donde, de nuevo, el que manda es el más fuerte. No se trata de dictar sentencias sino de demostrar que el derecho puede imponerse incluso donde el poder impone su fuerza.
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