La Ciudad de México se prepara para recibir a millones de visitantes durante el Mundial de Futbol. El balón rodará en los estadios, pero el verdadero espectáculo estará en la riqueza cultural y recreativa que la capital ofrece. Sin embargo, junto a esa abundancia de opciones, emerge un contraste preocupante: la insuficiente capacidad de alojamiento para absorber semejante flujo de turistas.
La capital mexicana es un mosaico de experiencias: el Museo Nacional de Antropología, con piezas que narran la historia de las grandes civilizaciones mesoamericanas; el Templo Mayor, corazón prehispánico que late en pleno Centro Histórico; las Pirámides de Teotihuacán, monumentales y espirituales, a pocos kilómetros de la ciudad; el Bosque de Chapultepec, pulmón verde con museos, zoológico y el imponente Castillo; espacios de diversión contemporánea como Six Flags México, que ofrecen adrenalina y entretenimiento familiar.
La Ciudad de México tiene todo para cautivar: cultura, historia, naturaleza y diversión moderna; sin embargo, tiene un gran talón de Aquiles: alojamiento insuficiente.
El problema es que mientras la oferta de entretenimiento es vasta, la infraestructura hotelera y de hospedaje no están a la altura del reto. Los más de cinco millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial encontrarán una capital con opciones limitadas en comparación con otras sedes internacionales.
Cuando la demanda supera la capacidad instalada se disparan precios y se reduce la calidad del servicio. Surgen alternativas informales, como lo son las plataformas de hospedaje digital ofrecen “soluciones”, pero no siempre cumplen con estándares de seguridad y regulación, aunque prometen ser los ganadores de la temporada.
El Mundial de Futbol es una vitrina global. México tiene la posibilidad de mostrar su riqueza cultural y hospitalidad, pero si no se atiende la brecha en alojamiento, el recuerdo que muchos visitantes se lleven será el de largas búsquedas de hospedaje y precios desorbitados.
LXVI Legislatura: legislar sin moneda de cambio
Este domingo dio inicio el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI legislatura del Congreso de la República, un momento complejo que estará enmarcado por dos certezas: Morena y sus aliados conservan la mayoría y la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene el control político de su bloque. Esas dos premisas cambian por completo la lógica del debate. No estaremos frente a un Congreso que negocia, sino ante uno que administra tensiones: decide qué tan rápido, qué tan profundo y con cuánta fricción habrá de avanzar.
El punto más álgido –y el de mayor calado político– es, sin duda, la reforma electoral. No hablamos solo de ajustes técnicos ni de una discusión presupuestal sobre el costo de la democracia, sino de la redefinición de un terreno de juego rumbo a las elecciones de 2027. La reducción de plurinominales, la reconfiguración del financiamiento público y los cambios en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) tocan las fibras más profundas del sistema político.
Para la oposición, estas propuestas implican la erosión de los contrapesos; para el oficialismo, una “democratización” pendiente. Con Morena en mayoría, la pregunta obligatoria no es si la reforma avanzará, sino hasta dónde llegará y qué concesiones mínimas se otorgarán para evitar el desgaste político, jurídico e incluso internacional, que suelen acompañar este tipo de cambios.
El cálculo debe ser quirúrgico. El oficialismo sabe que puede imponer números, pero también que una reforma percibida como excesiva puede convertirse en un boomerang electoral. Por eso lo deseable es el diseño de un ecosistema que beneficie al bloque mayoritario, sin cruzar líneas que detonen una crisis institucional abierta. El conflicto, más que en el pleno, se desplazará a los tribunales y a la narrativa pública.
En el terreno laboral, la lógica es distinta. La implementación de la jornada laboral de 40 horas es políticamente rentable, pero económicamente compleja. No enfrenta una oposición partidista frontal, sino una resistencia silenciosa del sector productivo, preocupada por costos, productividad y tiempos de adaptación. El mayor obstáculo se encuentra en su aplicación bajo esquemas de gradualidad, excepciones sectoriales y reglamentación diferida. Es una reforma diseñada más para el discurso que para el choque inmediato, y eso explica su alta viabilidad legislativa.
Las reformas en justicia administrativa y procedimientos legales ilustran otra parte del espectro legislativo: los cambios estructurales que hacen poco ruido. Son modificaciones que no generan marchas ni trending topics, pero que concentran poder operativo en el Estado y redefinen la relación con la ciudadanía. Su aprobación es casi segura porque carecen de un adversario político visible.
Los temas sociales –pueblos indígenas, migración, derechos colectivos– cumplen una función distinta: cohesión interna. Mantienen alineadas a las bases, refuerzan el relato de continuidad y permiten a Morena ocupar el terreno moral del debate público. Muchas no llegarán a feliz puerto, pero su sola discusión cumple un papel simbólico.
A este panorama se suma una oposición fragmentada y reactiva, más preocupada en denunciar formas que en disputar el fondo de las transformaciones. Sin una narrativa alternativa clara ni una estrategia parlamentaria eficaz, los bloques opositores parecen condenados a jugar el papel de testigos críticos de decisiones ya tomadas. Esto le facilita a Morena imponer el ritmo y los términos del debate. En ese vacío un Poder Judicial, que no acaba de legitimarse, comienza a perfilarse como el último árbitro político, trasladando el conflicto de la arena legislativa a los tribunales.
En conclusión, este periodo legislativo no estará marcado por la incertidumbre del resultado, sino por la intensidad del conflicto. Morena no enfrenta el dilema de si puede aprobar su agenda; su preocupación se encuentra en el costo político de hacerlo sin deliberación real. La apuesta es alta y la factura habrá de cobrarse durante las elecciones intermedias, ahí, en las urnas, el ciudadano de a pie dirá la última palabra.
La reputación del que debe y no paga
Con el plazo vencido, finalmente Grupo Salinas hizo su primer abono de 10 mil 400 millones de pesos de un saldo total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, quedando el resto en 18 parcialidades. Se trata de un 37% menos de los 51 millones de pesos que debía pagar por adeudos fiscales no pagados de 2008 a 2013, todos dilatados en tribunales.
Como si fuera un favor y no por mandato judicial inapelable, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que dice pagar, aún estando en desacuerdo, no por convicción ni porque sea justo, sino para dar vuelta a la página y terminar la campaña en su contra. Algo hay de cierto en esto último.
Ricardo Salinas Pliego ha jugado con la intención de una candidatura presidencial desde hace meses. Entre presencia viral en redes sociales, discurso en fiesta de cumpleaños, cenas en la Casa Blanca, campaña contra el gobierno en sus noticiarios de televisión, entrevista al Financial Times; sin embargo, resulta que el principal negativo de Salinas Pliego no son sus discusiones polémicas, declaraciones políticamente incorrectas o francamente insultantes, sino el ser identificado como un rico que no paga impuestos y que, además, presume su riqueza.
Y por ahí tenía que empezar el “Tío Richie”. Porque no solo le debe al SAT sino que le aparecen acreedores internacionales, y deberle dinero a varios, entre ellos al gobierno, no es una buena reputación para nadie, menos para un empresario, ni entre potenciales electores, ni entre la clase empresarial, donde no se ha visto a nadie respaldar a su colega.
Y no es que ya todo quede en paz entre el gobierno federal y el presidente de Grupo Salinas. Ya con el incio del pago de sus adeudos fiscales, Salinas Pliego puede continuar su campaña presidencial, de proyecto de nación o anti 4T, sin que le echen en cara que primero pague lo que debe. Ya está pagando, aunque sea en abonos chiquitos.