Por Carlos Aurelio Hernández González | Presidente de la Comisión Nacional de Energía de la Coparmex
En México se ha demostrado que es posible recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Durante la última década, los incrementos al salario mínimo impulsados desde COPARMEX han sido un acto de justicia laboral largamente postergado. Pero hay una verdad económica que no debe ignorarse: los salarios se pagan con las ganancias de las empresas, y esos dividendos solo existen cuando hay condiciones básicas para producir, invertir y generar empleo.
La capacidad de mejorar los salarios depende de que el margen empresarial no sea asfixiado. En un país como México, ese margen hoy enfrenta dos presiones principales: una presión salarial legítima y una inseguridad creciente que está destruyendo la base misma de la productividad y la inversión.
La extorsión tiene de rodillas a miles de empresas en el país
No es solamente un delito más; es un impuesto ilegal que se está cobrando sobre el valor, el legítimo esfuerzo y el patrimonio de las empresas mexicanas. Principalmente para las MiPyMEs —el corazón productivo del país— esto ha significado operar con miedo, cerrar temprano, reducir personal o simplemente desaparecer, entre muchas otras consecuencias de la inseguridad.
Aquí surge el verdadero problema
¿Cómo puede el Estado exigir incrementos salariales mientras permite que otro “Estado”, el criminal, cobre su propio impuesto a la productividad?
Eso no sólo contradice la política laboral; rompe el contrato social. Thomas Hobbes explicó que los ciudadanos cedemos libertad e impuestos al Estado a cambio de una sola obligación irreductible e irrenunciable: la seguridad. Cuando los grupos que operan bajo la ley extorsionan, secuestran, cobran piso o regulan territorios, usurpan esa función, convirtiéndose en un “Estado paralelo” que cobra, decide y castiga sin ser electo y sin límites.
Mientras tanto, las ganancias de las empresas están siendo limitadas por ambos lados: por el crimen, que exige pagos ilegales, y por un Estado que exige aumentos salariales sin garantizar lo mínimo indispensable para poder pagarlos, sin considerar las presiones inflacionarias que enfrenta cada giro de negocio en México.
No se trata de frenar los incrementos al salario; se trata de que el gobierno asuma la parte que le corresponde. Si México quiere seguir avanzando en mejorar el ingreso de los trabajadores —como debe ser y como es justo— entonces debe garantizar que las MiPyMEs puedan sobrevivir, ya que son las que generan el 70% de los empleos formales.
- No puede haber salarios dignos sin empresas vivas.
- No puede haber crecimiento sin seguridad económica.
- No puede haber desarrollo mientras la extorsión sea un costo más de operación.
Sin seguridad, nada es posible.
Si se busca que las empresas generen riqueza, empleo y bienestar para millones de familias, el Estado debe asumir su responsabilidad histórica de salvaguardar el derecho de los mexicanos a emprender libremente y con la certeza de que nadie interferirá ilegalmente en sus actividades.
Nada florece en un país donde producir se vuelve un riesgo. La seguridad no es un lujo; es la condición mínima para que la economía respire, para que las familias vivan sin temor y para que el futuro deje de estar secuestrado por grupos criminales.
Porque la prosperidad de los trabajadores depende de la productividad, y la productividad depende, indudablemente, de un país donde producir bienes y servicios no sea un acto de valentía.