El Gobierno federal publicó una reforma que disminuye determinadas cuotas anuales por el uso de frecuencias y permite descuentos de hasta 100% a operadores que amplíen la cobertura. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.
México modificará el esquema de cobro del espectro radioeléctrico utilizado por las empresas de telecomunicaciones, con el objetivo de reducir costos regulatorios e incentivar el desarrollo de infraestructura digital.
El Gobierno federal oficializó una reducción nominal de 12% en determinadas cuotas anuales que pagan los operadores móviles por utilizar frecuencias, además de establecer mecanismos para otorgar descuentos de hasta 100% cuando las compañías asuman obligaciones específicas de cobertura.
La reforma a la Ley Federal de Derechos fue publicada este viernes 13 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027.
La medida representa un cambio en el tratamiento fiscal del espectro, considerado uno de los principales insumos para ofrecer servicios de telefonía móvil, internet inalámbrico y conectividad de nueva generación.
Durante años, empresas y organismos especializados han señalado que los elevados derechos por utilizar frecuencias en México representan un desafío para la inversión y la expansión de las redes.
Con las nuevas disposiciones, el país busca modificar parte de estos costos y vincular determinados beneficios fiscales con compromisos concretos de conectividad.
¿Qué es el espectro radioeléctrico y por qué es importante?
El espectro radioeléctrico es el conjunto de frecuencias utilizadas para transmitir señales inalámbricas.
A través de este recurso funcionan servicios como la telefonía móvil, las conexiones de datos y diferentes sistemas de comunicación.
Las empresas necesitan autorización para utilizar determinadas bandas y deben cumplir con las obligaciones económicas y regulatorias establecidas en sus concesiones.
En México, una parte importante de estos costos corresponde a los derechos anuales por el uso de frecuencias.
Estos pagos forman parte de los gastos recurrentes de los operadores, independientemente de las inversiones adicionales que deban realizar para construir y mantener sus redes.
Por ello, el costo del espectro puede influir en las decisiones relacionadas con cobertura, modernización tecnológica y expansión de servicios.
La reducción anunciada busca modificar este componente económico, aunque no elimina otros gastos asociados con el despliegue de infraestructura.
¿Qué frecuencias tendrán una reducción de 12%?
La reforma modifica las cuotas establecidas en seis artículos de la Ley Federal de Derechos.
Los cambios corresponden a las tablas B de los artículos 244, 244-B, 244-E, 244-G, 244-I y 244-J, relacionadas con distintas bandas utilizadas en telecomunicaciones móviles.
Entre ellas se encuentran frecuencias de 800 MHz, PCS, AWS, 1.4 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz.
Estas bandas cumplen diferentes funciones dentro de las redes de telecomunicaciones.
Algunas permiten ofrecer cobertura en áreas extensas, mientras que otras son relevantes para aumentar la capacidad de transmisión de datos en zonas con mayor concentración de usuarios.
Como ejemplo, en la banda de 2.5 GHz, la cuota anual por kilohertz correspondiente a Baja California, Baja California Sur y San Luis Río Colorado, Sonora, disminuirá de 1,953.25 pesos en 2026 a 1,718.86 pesos en 2027.
En las bandas PCS y AWS, la cuota para esa misma región pasará de 4,764.53 a 4,192.79 pesos por kilohertz.
Sin embargo, estos ajustes no significan que todos los operadores tendrán una reducción idéntica en la totalidad de sus pagos.
El beneficio dependerá de las bandas concesionadas, la cantidad de frecuencias utilizadas y las regiones donde cada empresa mantenga operaciones.
Descuentos de hasta 100% a cambio de ampliar la cobertura
Uno de los componentes más relevantes de la reforma es la posibilidad de obtener descuentos de hasta 100% sobre determinados derechos por el uso del espectro.
El beneficio estará vinculado con compromisos para ampliar la conectividad en zonas geográficas, carreteras y caminos.
Esto significa que las empresas podrán acceder a incentivos fiscales si cumplen las condiciones establecidas por las autoridades.
El mecanismo modifica el enfoque tradicional de recaudación al permitir que parte de las obligaciones económicas se relacione con inversiones o compromisos de cobertura.
Sin embargo, un descuento de 100% no significa que todas las frecuencias serán gratuitas ni que los concesionarios dejarán de pagar automáticamente.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones determinarán conjuntamente los descuentos correspondientes.
Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establecerá las disposiciones aplicables y participará en la supervisión de las obligaciones.
El mecanismo también contempla la posibilidad de beneficiar a operadores de menor tamaño, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
¿La reforma impulsará el desarrollo de redes 5G?
La reducción del costo del espectro podría favorecer las decisiones de inversión relacionadas con la expansión de redes móviles.
En particular, algunas de las bandas contempladas en la reforma son relevantes para el desarrollo de servicios 5G, que requieren capacidad de transmisión y disponibilidad de frecuencias.
Estas redes permiten ofrecer conexiones de mayor velocidad, menor latencia y capacidad para conectar numerosos dispositivos.
Sus aplicaciones incluyen automatización industrial, servicios empresariales, logística y diferentes soluciones de conectividad.
Sin embargo, disminuir los derechos por el uso del espectro no garantiza que las compañías aceleren automáticamente sus inversiones.
La expansión de redes también depende de la demanda de servicios, la disponibilidad de infraestructura, los costos de instalación y las condiciones de rentabilidad.
Para que la reforma se traduzca en una mayor cobertura, será necesario observar las decisiones que adopten los operadores durante los próximos años.
México busca corregir los elevados costos del espectro
El precio de las frecuencias ha sido uno de los temas más discutidos dentro de la industria mexicana de telecomunicaciones.
Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la GSMA y el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han señalado la importancia de revisar el costo del espectro y sus efectos sobre la competencia.
Un análisis publicado por El Economista, utilizando valoraciones del IFT correspondientes a 2024, mostró que incluso con una reducción hipotética de 12%, determinadas bandas podrían mantenerse considerablemente por encima de referencias internacionales.
En ese ejercicio, las bandas PCS y AWS habrían conservado un costo aproximadamente 90% superior a la referencia utilizada.
Para la banda de 2.5 GHz, la diferencia estimada era cercana a 85%, mientras que en 3.5 GHz rondaba 78%.
Estas cifras corresponden a un análisis basado en valoraciones anteriores y no representan una medición definitiva de los precios que existirán en 2027.
Aun así, ilustran por qué la disminución de cuotas podría representar un avance sin resolver por completo las diferencias de costos.
Los altos cobros también han afectado al mercado mexicano
Las consecuencias del costo del espectro no se limitan a las inversiones futuras.
Durante los últimos años, algunas compañías decidieron devolver determinadas frecuencias debido a las condiciones económicas de su aprovechamiento.
Entre 2019 y 2024, las devoluciones realizadas por Telefónica Movistar y AT&T representaron aproximadamente 23,281 millones de pesos en ingresos que Hacienda dejó de recaudar, de acuerdo con un análisis difundido por El Economista.
Este antecedente muestra que los costos regulatorios pueden influir en las decisiones de los operadores sobre la cantidad de espectro que conservan.
Cuando una empresa considera que mantener determinadas frecuencias no resulta económicamente viable, puede optar por modificar su estrategia de operación.
Para el Estado, estas decisiones también pueden tener consecuencias recaudatorias.
La reforma busca atender parte de este problema mediante cuotas menores e incentivos vinculados con objetivos de conectividad.
Nuevas reglas para pruebas y tecnologías inalámbricas
Además de modificar los derechos por el uso del espectro, el decreto incorpora disposiciones relacionadas con la experimentación tecnológica.
Los nuevos artículos 174-M-2 y 174-M-3 establecen cuotas para determinadas autorizaciones de pruebas temporales de equipos y aprovechamiento de frecuencias en entornos controlados.
La expedición de estas autorizaciones tendrá una cuota de 20,843.65 pesos, mientras que su prórroga costará 9,035.16 pesos, según los supuestos establecidos en la legislación.
Las disposiciones también contemplan mecanismos relacionados con el acceso dinámico y el uso compartido del espectro.
Estas modalidades pueden facilitar la evaluación de nuevas aplicaciones inalámbricas y soluciones tecnológicas.
Para empresas dedicadas a investigación, desarrollo de equipos y servicios de conectividad, contar con reglas específicas puede contribuir a dar mayor claridad a determinados procesos de prueba.
¿Qué significa la reforma para las empresas y consumidores?
El cambio en los derechos del espectro podría tener implicaciones para diferentes sectores económicos.
Para los operadores de telecomunicaciones, representa una modificación en uno de sus costos recurrentes.
Para las empresas que utilizan servicios digitales, una mayor cobertura podría facilitar operaciones comerciales, sistemas de pago, logística y comunicación.
Las pequeñas y medianas empresas ubicadas en regiones con conectividad limitada también podrían beneficiarse si los compromisos de cobertura se traducen en nuevas redes disponibles.
Sin embargo, la reforma no establece una reducción automática en los precios que pagan los consumidores por telefonía o internet.
Tampoco permite anticipar cuánto aumentará la cobertura nacional ni qué operadores realizarán las mayores inversiones.
Esos resultados dependerán de la implementación regulatoria y de las decisiones comerciales de las compañías.
El desafío será convertir los incentivos en conectividad
La entrada en vigor de la reforma, prevista para el 1 de enero de 2027, abrirá una nueva etapa en la política de cobro del espectro radioeléctrico en México.
La reducción de determinadas cuotas y los descuentos condicionados a compromisos de cobertura representan dos mecanismos distintos para atender los costos del sector.
El primero modifica las obligaciones económicas asociadas con ciertas frecuencias.
El segundo busca incentivar que los operadores amplíen sus servicios hacia zonas y rutas que requieren mayor conectividad.
Para México, el desafío será lograr que estos cambios se traduzcan en infraestructura, competencia y mejores oportunidades de acceso a servicios digitales.
El impacto de la reforma no dependerá únicamente de cuánto disminuyan los pagos por el espectro, sino de la capacidad de convertir los incentivos en inversiones y cobertura efectiva para empresas y consumidores.
