La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó la revisión de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), tras encontrarse irregularidades en contratos.
Cabe mencionar que los Organismos Públicos Locales Electorales, son los encargados de organizar las elecciones en la entidad federativa correspondiente, para la elección de gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, integrantes de ayuntamiento, jefes delegacionales, jefe de gobierno, entre otros cargos.
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Irregularidades en contrataciones
Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del Pueblo, la mandataria precisó que se detectaron empresas que por 27 años acapararon contratos de las compras electorales; como los hermanos Hernández Casillas, quienes dijo, trabajaron en Cisen y Renapo durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
“Esto fue posible por medio de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien, a su vez, también laboró en el Estado de México durante los escándalos por corrupción en 1999 y 2005, y hoy es integrante destacado del partido Somos, también relacionado con el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello”.
OPLE bajo la mira
Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que entre 2014 y 2023 se observaron diversas omisiones por parte de 23 OPLE en la contratación de estas empresas, por más de dos mil millones de pesos asignados a los hermanos Hernández Casillas.
Precisó que se trata de Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora JVLY.
“En los procesos de licitación “simulaban precios, se ponían de acuerdo sobre quién iba a ganar —que era el del precio más bajo— y se daba el fallo; aunque parezcan muchas empresas, al final los beneficiarios eran los mismos hermanos Hernández Casillas en todos los casos”.
Buenrostro Sánchez señaló que estos proveedores funcionaban como empresas fachada que simulaban competencia y tienen vínculos con servidores públicos; no declaran impuestos, no informan su capacidad técnica, tienen el mismo domicilio y teléfono.
“Para ocultar el beneficiario final, una empresa recibe el dinero, la reparte a otras diez y a otras diez hasta que se pierde. Es el comportamiento que tienen las empresas que muestran lavado de dinero y factureras”, concluyó.
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