El rediseño del marco tributario y las recientes directrices de control económico han encendido las alertas en los sectores productivos del país.
Mientras la narrativa oficial justifica estas medidas bajo la bandera de la inclusión financiera, la digitalización de la economía y la urgencia recaudatoria del Estado, en la práctica se perfila un escenario de asfixia operativa para los contribuyentes que amenaza con detonar una batalla legal sin precedentes en los tribunales federales.
El núcleo de la crítica radica en el afán recaudatorio a corto plazo. Disposiciones como el apretón en los pagos provisionales, las limitaciones severas a las deducciones autorizadas y el monitoreo minucioso sobre el consumo cotidiano mediante tarjetas y plataformas digitales trasladan una carga desproporcionada al contribuyente cumplido. En lugar de ampliar de forma orgánica la base gravable combatiendo la informalidad estructural, el fisco opta por exprimir los canales formales ya cautivos.
A esto se suma la discrecionalidad con la que se pretende regular la transición hacia una economía de pagos digitales exclusivos en ciertos sectores. Dejar al arbitrio de la autoridad hacendaria la definición de qué giros comerciales pueden o no aceptar efectivo genera un profundo vacío de certidumbre jurídica, dejando a MiPyMEs y consumidores a merced de criterios administrativos unilaterales y desconectados de las realidades de conectividad e infraestructura del país.
Ante este panorama, la reacción del sector privado no se hará esperar. Las nuevas reglas fiscales y de control digital abren la puerta flanqueada para una lluvia masiva de juicios de amparo indirecto y recursos legales impulsados por cámaras empresariales y corporativos, planteados por violar los principios de proporcionalidad y atacar a la libertad de comercio; además con las reformas que endurecen las condiciones para frenar la ejecución de créditos fiscales y exigen garantías estrictas (como billetes de depósito o cartas de crédito bancarias) incluso para la interposición de recursos administrativos, el Estado busca blindar sus cobros coactivos.
Sin embargo, esto no inhibirá el amparo; por el contrario, elevará drásticamente el costo de defensa para los particulares, polarizando aún más la relación entre los contribuyentes y la autoridad.
Las disposiciones fiscales actuales corren el riesgo de convertirse en un boomerang económico. Pretender sanear las finanzas públicas mediante una presión asfixiante sobre los flujos formales y la digitalización forzosa sin garantías jurídicas sólidas no solo desalienta la inversión privada, sino que colapsará los tribunales de amparo. La justicia federal se convertirá, una vez más, en el único dique de contención frente a una política recaudatoria que confunde la eficiencia tributaria con la voracidad administrativa.
INE: el árbitro en la picota
A siete meses de las elecciones de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una crisis que puede tener consecuencias mucho mayores que las investigaciones por presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios.
Los señalamientos sobre contratos irregulares, empresas favorecidas y posibles conflictos de interés deben investigarse, pero hay algo que no debemos perder de vista: los responsables son quienes cometieron las faltas, no la institución. El debate comienza a desplazarse hacia el propio organismo.
Las investigaciones abarcan a distintas administraciones y algunas de las operaciones señaladas se remontan a los primeros años del IFE. Habrá que determinar cuáles pueden dar lugar a sanciones y cuáles enfrentan obstáculos legales por el tiempo transcurrido.
Lo que no puede ocurrir es que la revisión termine convertida en una acusación general contra el INE, sin distinguir entre funcionarios, proveedores y responsabilidades concretas. Investigar no significa dar por probada la corrupción.
El momento es más que delicado. La salida de funcionarios, la revisión de contratos, la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y la discusión sobre quién ocupará la presidencia del instituto coinciden con los preparativos de la elección intermedia.
A esto se suma la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que una empresa del Estado produzca buena parte de los materiales electorales. La revisión de operaciones que abarcan gobiernos de distintos partidos también abre la puerta a que el oficialismo presente la corrupción como una herencia de administraciones anteriores y se deslinde de lo ocurrido durante su propia gestión. Cada asunto tiene su propia explicación, pero su coincidencia obliga a mirar más allá de los expedientes administrativos.
¿Quién gana si el INE pierde credibilidad? Quienes desde hace tiempo buscan cambiar su estructura, reducir sus atribuciones o modificar su relación con el gobierno. Un organismo cuestionado enfrenta mayores dificultades para defender su autonomía y se vuelve más vulnerable a las propuestas de quienes pretenden transformarlo.
También puede abrirse el camino para que los resultados de 2027 sean puestos en duda, incluso antes de que se conozcan. La desconfianza hacia el árbitro puede terminar convirtiéndose en un argumento para cuestionar el resultado.
Por supuesto que el INE tiene que rendir cuentas. Su autonomía no puede servir de protección para funcionarios que hayan incurrido en irregularidades. Pero tampoco se puede utilizar la conducta de algunos para desacreditar a toda la institución. Si hubo corrupción, que se identifique a los responsables y se les sancione conforme a la ley. Lo contrario sería trasladar a millones de ciudadanos el costo de las faltas de unos cuantos.
La creación del IFE, primero, y su transformación en INE fueron resultado de una lucha para que el gobierno dejara de organizar las elecciones y el árbitro tuviera independencia. Esa historia importa hoy más que nunca. Porque el país necesita un organismo electoral confiable, con controles y sin privilegios, pero también libre de la influencia del poder político.
La corrupción debe salir del INE; lo que no debe ocurrir es que, con ese argumento, el INE termine nuevamente bajo la sombra del gobierno.
Reflexiones en el Día del Ferrocarrilero en México
Mañana sábado 7 de noviembre, México conmemora el Día del Ferrocarrilero, en recuerdo a Jesús García Corona, un maquinista de 26 años, quien ese día de 1907 alejó un tren cargado de explosivos de la localidad de Nacozari, Sonora, sacrificando su propia vida para salvar la de miles de personas, de ahí que se le conozca como el “Héroe de Nacozari”.
En 1944, el gobierno estableció oficialmente esta fecha como el Día del Ferrocarrilero, con el fin de honrar a quienes han servido al sector ferroviario, en algunos casos con su vida. En momentos en que México se embarca en una nueva etapa de desarrollo del ferrocarril de pasajeros, es oportuno valorar el patrimonio ferroviario con que contamos.
En diálogo con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, Teresa Márquez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero de la Secretaría de Cultura, dio a conocer que su institución ha realizado estudios sobre corredores ferroviarios históricos y evaluaciones del patrimonio en estaciones vinculadas a las nuevas rutas de pasajeros en construcción y proyectadas este sexenio: México-Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Querétaro-Irapuato.
Con sede en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en la antigua Estación del Ferrocarril Mexicano de Puebla, además de resguardar un acervo documental, fotográfico, de planos, unidades rodantes y objetos, el Centro elaboró entre 1993 y 1995 el Censo Nacional de Estaciones, teniéndose registradas 2 mil 721 sitios denominados estación en todo el país, de los cuales mil contaban con edificio y ,de ellas, se tienen 520 catalogadas como estaciones históricas, además de que se cuenta con el trazo de ferrocarril de Sumidero-Fortín de las Flores en Veracruz, una vía férrea de alrededor e 8 kilómetros, como monumento histórico.
Tras estos datos se encuentra una realidad que puede pasar inadvertida: el patrimonio ferroviario no es simplemente un conjunto de reliquias de museo, sino un vasto cuerpo de conocimiento. Desde el trazado de las rutas y el diseño de puentes hasta la arquitectura de las estaciones —e incluso los registros de adquisición de terrenos—, todo ello puede aportar información valiosa para las decisiones de ingeniería actuales.
En el caso de las líneas ferroviarias de pasajeros que actualmente se encuentran en fase de planificación, la verdadera oportunidad reside en aprovechar el bagaje de conocimiento de las estaciones históricas para el diseño de las nuevas, garantizando que los trazados respeten la lógica inherente de los corredores históricos y exigiendo a los equipos de ingeniería que, antes de iniciar las obras, estudien los datos geológicos e hidrológicos conservados en los archivos. No se trata de mera nostalgia, sino de una cuestión de eficiencia.
Para el Colegio de Ingenieros Civiles de México, un sistema ferroviario requiere una planificación a largo plazo, estrategias de adquisición de suelo que anticipen la expansión urbana, integración con redes de transporte de carga y urbano, y una continuidad en los proyectos más allá de las administraciones gubernamentales. La construcción es un logro, pero el mantenimiento es lo que garantiza que ese logro sirva a las generaciones venideras, con mayor razón con los ferrocarriles que son obras que trascienden no solo sexenios, generaciones.
Robo de identidad, el riesgo silencioso
El robo de identidad se ha convertido en una amenaza para los usuarios, las instituciones financieras y las empresas, debido a que los datos personales pueden ser utilizados para solicitar financiamientos, abrir cuentas, contratar servicios o realizar operaciones sin el consentimiento de sus titulares.
El problema va más allá de una afectación económica inmediata; compromete la reputación financiera de las personas, puede generar obligaciones que nunca adquirieron y deteriora la confianza en el uso de los canales digitales.
Desde la perspectiva de Círculo de Crédito, la Sociedad de Información Crediticia, la protección de la identidad debe asumirse como un componente estratégico de la seguridad financiera, particularmente ante la sofisticación de los mecanismos de suplantación y la circulación de información personal en distintos entornos digitales.
La exposición de datos personales, las filtraciones de información, la ingeniería social, el phishing y el uso de documentos o identidades sintéticas permiten construir perfiles aparentemente legítimos para superar procesos de contratación y validación.
La inteligencia artificial añade una nueva dimensión al riesgo mediante la generación de imágenes, voces y documentos falsificados cada vez más convincentes. Para las instituciones otorgantes de crédito, esto representa un reto operativo y reputacional, pues una validación insuficiente puede traducirse en pérdidas, incumplimientos y afectaciones a terceros.
Es por ello que la prevención requiere combinar autenticación multifactor, validación documental, biometría, análisis de comportamiento y monitoreo continuo de operaciones, además de fortalecer la colaboración entre entidades financieras, autoridades y Sociedades de Información Crediticia, mjor conocidos como burós de crédito. La información del historial crediticio también constituye un elemento relevante para identificar inconsistencias y detectar movimientos que no corresponden al comportamiento habitual de una persona.
El reto del sector financiero consiste en evolucionar de esquemas de reacción ante el fraude hacia modelos preventivos basados en inteligencia de datos, tecnología y gestión de riesgos. Las Sociedades de Información Crediticia desempeñan un papel relevante al concentrar y proporcionar información que permite a los otorgantes evaluar solicitudes y reconocer posibles anomalías, aunque la prevención del robo de identidad exige una responsabilidad compartida entre instituciones y usuarios.
Para estos últimos, revisar periódicamente su historial crediticio, verificar la legitimidad de las solicitudes de información y reportar oportunamente cualquier crédito o consulta que no reconozcan son acciones fundamentales.
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