El futbol tiene esa capacidad de cegarnos con la pasión, de hacernos creer que la valía de un país se mide exclusivamente por los goles anotados o por la instancia alcanzada en un torneo. Sin embargo, tras el cierre de nuestra participación en la Copa del Mundo 2026, es momento de hacer una pausa y observar la fotografía completa: México no solo compitió; México se consolidó como un motor económico y un anfitrión de talla mundial.
Mientras el debate se centraba en el desempeño técnico, la economía nacional encontraba un respiro y un impulso sin precedentes. Solo en la Ciudad de México, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) ha reportado una derrama económica superior a los 22 mil 678 millones de pesos. Esta cifra no es un dato menor; es el reflejo de un ecosistema que, ante la mirada de millones de visitantes, supo responder con eficiencia, seguridad y hospitalidad.
El impacto no se limitó a los estadios. Durante los días de mayor actividad, la ocupación hotelera en la capital alcanzó niveles impresionantes, rondando el 80% en promedio, con puntos que tocaron casi el 100% de su capacidad. Más de 1.1 millones de visitantes llegaron a la CDMX, movilizando a una industria que encontró en el torneo un oxígeno vital.
El verdadero triunfo de ser anfitrión radica en el legado estructural. El Mundial no solo trajo turistas; forzó una aceleración en la modernización urbana. La recuperación de espacios públicos, las mejoras en iluminación, el retiro de comercio informal en zonas críticas y, sobre todo, la implementación de sistemas de movilidad eficientes, como el esquema de “Última Milla”, dejaron una huella que perdurará mucho después de que los estadios retiren la identidad gráfica de la FIFA.
Además, el evento se tradujo en una cifra alentadora para el mercado laboral: la creación de cerca de 80 mil empleos temporales. Estos números representan familias que encontraron en la hospitalidad mexicana una fuente de ingreso y, a su vez, una oportunidad para proyectar la mejor cara del país ante un mundo que puso sus ojos en nosotros.
Más allá de las estadísticas, queda la imagen de un México organizado y capaz de gestionar flujos masivos de personas con saldo blanco. Este Mundial demostró que la infraestructura nacional —en CDMX, Guadalajara y Monterrey— pudo soportar la presión logística de un evento de este calibre, validando las proyecciones que apuntaban a una aportación significativa al PIB nacional mediante el efecto multiplicador del gasto turístico.
Perdimos en la cancha, es cierto. Pero en el terreno de la economía, el turismo y la capacidad de organización, México ganó por goleada. La lección de este 2026 es clara: nuestra mayor victoria no fue un marcador final, sino la confirmación de que México es, por derecho propio, una de las capitales mundiales del turismo y los negocios.
El comunismo después del comunismo
En un discurso que pareciera anacrónico, Donald Trump volvió a hablar de la amenaza comunista en Estados Unidos. No es la primera vez que lo hace y, probablemente, tampoco será la última. Lo interesante no es tanto si el diagnóstico corresponde a la realidad, sino preguntarse por qué una palabra que parecía reducida a los libros de historia vuelve a ocupar un lugar central en la narrativa política.
Si entendemos el comunismo en el sentido clásico –la abolición de la propiedad privada, la planificación central de la economía y el monopolio de un partido único– resulta difícil sostener que el mundo atraviesa por un renacimiento de esa ideología. Ni siquiera China encaja plenamente en esa definición. Su economía depende del mercado, de la inversión privada y del comercio internacional, aunque conserve un férreo control político. Vietnam ha seguido una ruta semejante y hasta Cuba ha abierto espacios, limitados pero crecientes, a la iniciativa privada.
¿Entonces a qué se refiere Trump cuando habla de comunismo?
La respuesta parece estar menos en la ideología que en el lenguaje. Las palabras también tienen historia. Cambian con las sociedades que las pronuncian. Se transforman, adquieren nuevos significados y, precisamente por ello, sobreviven. Eso es lo que ha ocurrido con el concepto de comunismo.
Durante un largo tramo del siglo XX, la palabra remitía a una realidad concreta: la Unión Soviética, el bloque socialista, la economía planificada y la confrontación ideológica que dividió al mundo en dos grandes campos. Para millones de personas era una experiencia tangible, asociada a gobiernos, fronteras, crisis internacionales y amenazas nucleares.
Hoy ocurre algo distinto. En buena parte del debate público, el término ya no describe, necesariamente, un modelo económico o un sistema político específico. Se ha convertido en una etiqueta capaz de agrupar fenómenos muy diversos: la expansión del Estado, la regulación económica, ciertas agendas progresistas, políticas redistributivas, movimientos universitarios o cualquier propuesta percibida como una limitación a la libertad individual. El concepto ha sobrevivido porque se ha resignificado.
La paradoja salta a la vista. Mientras desaparece la generación que vivió la Guerra Fría, reaparece con fuerza el vocabulario de aquella época. Quienes hoy tienen treinta años o menos no crecieron bajo la amenaza de una guerra nuclear ni recuerdan el Muro de Berlín. Para ellos, comunismo, socialismo o anticomunismo no son experiencias vividas, sino palabras heredadas. Y precisamente por estar menos atadas a la memoria histórica, pueden adquirir nuevos significados.
No se trata de un mecanismo exclusivo de la derecha. La izquierda también ha ampliado términos como “fascismo” o “conservador”, aplicándolos con frecuencia a posiciones que poco tienen que ver con los regímenes totalitarios del siglo pasado. En ambos casos, los conceptos históricos funcionan cada vez más como instrumentos de movilización política que como categorías precisas de análisis.
La realidad es otra. La gran discusión de nuestro tiempo ya no enfrenta al capitalismo con el comunismo. Enfrenta distintas formas de capitalismo, distintos grados de intervención estatal y distintas concepciones de la libertad, la seguridad y el papel del gobierno.
Tal vez el comunismo no esté regresando. Lo que ha encontrado una segunda vida es una palabra capaz de condensar los nuevos miedos de la sociedad. Curiosamente, las ideologías pueden desaparecer; las palabras, cuando se resignifican, permanecen.
Lo malo y lo bueno de la nueva Ley de Infraestructura
La recién aprobada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar sustituye a la Ley de Asociaciones Público Privadas (las conocidas como APPs), y ya cuenta con su Reglamento, los cuales suman en total 481 artículos para ser cumplidos por quien quiera desarrollar un proyecto de infraestructura. Eso, sin considerar todo el entramado legal indirecto que intervenga en el proyecto (carreteras, agua, ferrocarriles, aéreo, etcétera).
Francisco Javier Treviño Moreno, consultor jurídico en Estructuración y Financiamiento de Proyectos de Infraestructura, se abocó a diseccionar la Ley y su Reglamento, y expuso los aspectos positivos y negativos de la misma ante integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Entre los aspectos negativos o cuestionables, se encuentran que, bajo los contratos referidos en la Ley, pueden tener lugar la compra de servicios, bienes muebles e inmuebles, totalmente ajenos a la infraestructura. Otros aspectos en los que estuvo en desacuerdo el experto respecto a la Ley es que permite adjudicaciones directas e iniciar de inmediato los proyectos, aún sin permisos, lo cual genera muchos problemas; no abunda en la realización de estudios previos y adecuadamente preparados; y no aborda el problema del derecho de vía, fundamental para los proyectos de infraestructura.
En cuanto a los aspectos positivos de la Ley, de acuerdo al experto, se encuentran la incorporación de figuras de gobernanza, como el Consejo de Planeación Estratégica, cuya función es autorizar los proyectos; establece criterios de selección que es la prosperidad compartida generada por el proyecto, así como la creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE), donde abre la posibilidad de emitir certificados bursátiles para financiar infraestructura.
Otros aspectos favorables identificados por Treviño es que se establezca un techo de 3 por ciento, es decir, que ningún conjunto de proyectos bajo esta modalidad puedan comprometer anualmente más del 3% del gasto neto total del sector público federal aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) anterior; se refuerzan los mecanismos de solución de controversias; la creación de figuras de manifestación de impacto social y el plan de gestión social; y la creación de una Base de Datos Nacional de Infraestructura Estratégica.
No menos importante, aunque extraño para la lógica jurídica de cualquier abogado y que no habla nada bien de los autores de la Ley, está que el Reglamento es mejor que la Ley, y seguramente será la columna vertebral para desarrollar los proyectos, pues aclara, desarrolla y resuelve dudas sobre la operación planteada en la Ley, de acuerdo a Treviño Moreno.
Sin duda, la nueva Ley representa un avance importante, pero su éxito dependerá de una adecuada articulación con la legislación de planeación y de reglas que garanticen proyectos técnicamente sólidos y de largo plazo. También será importante considerar que ningún esquema financiero puede compensar una mala planeación, por lo que es indispensable evitar proyectos improvisados, liberar oportunamente derechos de vía, atender los conflictos sociales y privilegiar criterios técnicos sobre decisiones políticas. Veremos si la nueva Ley atrae las inversiones que se esperan.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte informado
