Que Philip Glass retirara el estreno de su Sinfonía Nº 15 del ahora denominado “Donald J. Trump and the John F. Kennedy Center for the Performing Arts” no es un capricho de artista; es la respuesta de un creador que percibe un cambio más profundo: el paso del poder político como administrador temporal del espacio público al poder político como propietario simbólico de ese espacio. En la lógica de Donald Trump, la cultura no es un ámbito autónomo ni un contrapeso crítico, sino un escenario más en donde debe quedar grabado el nombre del líder. El apellido precede la obra; la marca suplanta al sentido.
Ese impulso no tiene nada de nuevo. Trump construyó su identidad bautizando con su nombre torres, hoteles y campos de golf privados. Lo inquietante es el traslado de esa misma lógica al ámbito público. Sus declaraciones sobre la posibilidad de renombrar al aeropuerto internacional de Dulles, así como nominar al metro de Washington D.C. como “Trump Train” apuntan a una misma idea: el espacio cívico no como patrimonio común, sino como superficie disponible para la glorificación personal.
El caso del U.S. Institute of Peace lleva este razonamiento a un terreno más perturbador. Creado por el Congreso en 1984 como una institución independiente dedicada a la prevención y resolución pacífica de conflictos, cambió de nombre hacia finales del año pasado (no sin antes destituir a la junta y a quienes se opusieron en medio de una disputa legal y resistencia institucional), a “Donald J. Trump Institute of Peace” bajo el argumento de que el mandatario será recordado por la historia como “el presidente de la paz”. La paradoja no es accidental.
En el terreno artístico, el choque ha sido frontal. El Kennedy Center for the Performing Arts, emblema nacional de las artes escénicas, se convirtió desde el primer mandato de Trump en un punto de quiebre. Artistas se negaron a participar en eventos oficiales; Trump rompió con la tradición presidencial de asistir a los honores anuales. No fue un conflicto protocolario, sino simbólico: la negativa del mundo cultural a legitimar un poder que percibe como hostil a la pluralidad, la crítica y la autonomía creativa. A ello se suman los intentos reiterados de recortar o eliminar el National Endowment for the Arts, bajo la premisa de que el Estado no debe financiar expresiones que cuestionen al poder.
Las reacciones del mundo del arte y del espectáculo han sido amplias y explícitas. Robert de Niro ha descrito a Trump como una amenaza para la democracia; Meryl Streep denunció la normalización del abuso desde los Globos de Oro; Bruce Springsteen habló de una degradación moral profunda del liderazgo político. En el Festival de Sundance, Natalie Portman articuló ese malestar al señalar cómo ciertos gobiernos erosionan el lenguaje democrático y convierten el miedo y el resentimiento en armas de control.
Trump ha respondido con una narrativa igualmente clara y agresiva. Para él, Hollywood, los teatros, los museos y los festivales de arte están dominados por una élite liberal decadente, desconectada del “verdadero pueblo”, sostenida por subsidios injustificados y dedicada a sabotear los valores nacionales. Los artistas críticos no son conciencia social, sino adversarios políticos; no interlocutores, sino propagandistas. Bajo este juicio, el arte deja de ser libre expresión y se transforma en amenaza, legitimando su ridiculización, marginación o castigo presupuestal.
Lo verdaderamente inquietante no es el conflicto abierto, sino su efecto corrosivo. Cuando aeropuertos, sistemas de transporte, centros culturales e incluso institutos dedicados a la paz se conciben como símbolos del poder, la cultura pierde su función pública. No hace falta censura explícita cuando basta con imponer la lógica del apellido y la lealtad.
En ese contexto, la protesta de Philip Glass resulta sombría: la cultura estadounidense no está siendo silenciada de golpe, pero sí empujada a un espacio cada vez más estrecho, donde cuestionar al poder tiene un costo creciente y donde el culto a la personalidad amenaza con pesar más que la obra.
¿Sirve un ministro viajando en el Metro?
Hay funcionarios de primer y segundo nivel, gobernadores y hasta presidentes municipales que se trasportan en camionetas blindadas modelo Suburban o Grand Cherokee, y nadie hace escándalo como el que se hizo con las nueve camionetas “machuchonas” que adquirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para igual número de ministros.
Una adquisición totalmente justificable por el nivel de los funcionarios electos para su traslado y protección, derivó en una crisis en medios provocada por un post de Salvador García Soto dando a conocer la compra. Lo que siguió fue una cadena de acciones desesperadas, y cada vez peores, que solo contribuyeron a hundir más a la nueva Suprema Corte, pues pasaron de un comunicado justificando la renovación del parque vehicular y presumiendo ahorros; a otro anunciando que los ministros decidieron devolver los vehículos o, en su caso, ponerlos a disposición de juzgadores que enfrenten “mayores riesgos”.
Y porque a alguien le pareció buena idea, remataron con una conferencia de prensa del presidente ministro Hugo Aguilar Ortiz, junto con cinco ministros y el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), solo para confirmar el recule y abrir nuevos frentes, como la demagógica declaración de Aguilar de que podría trasladarse en el Metro, o los dichos de Arístides Guerrero, el “Ministro Chicharrón”, denunciando que cuatro exministros se llevaron los vehículos que usaban y hasta obras de arte, a lo que Aguilar tuvo que salir al paso para aclarar que las camionetas fueron adquiridas por acuerdo plenario, sin saberse qué pasó con las obras de arte, en qué ponencias se encontraban, ni cuántas fueron, ni si hay denuncias, o si solo fue ocurrencia del novel ministro.
Tan inexistente fue la reparación de daños, que tuvo que salir el Ejecutivo en rescate del Poder Judicial, y en su mañanera la presidenta explicó la justificación de las compras de vehículos, los ahorros que se han hecho, y comparó con el “dispendio” de la anterior Suprema Corte.
Desde un inicio, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto énfasis en la austeridad, la inclusión de los pueblos originarios y la atención a las minorías, subordinando su capacidad jurídica, eficiencia y eficacia -si es que las tienen-, a una narrativa demagógica, donde de nada servirá ver a Hugo Aguilar bajándose en la estación Zócalo del Metro -rodeado de sus escoltas-, si se sigue viendo un Poder Judicial sin impartir justicia pronta, expedita y con respeto al estado de derecho, y con sesiones en el Pleno caóticas y lamentables.
Queda pensar que, si los propios ministros estiman que hay otros juzgadores que merecen las camionetas bindadas porque enfrentan mayores riesgos que ellos, es porque así subvalúan su trabajo y persona como la última instancia de justicia de la nación.
Cuesta de enero: cuando las finanzas se ajustan
Enero es el mes donde se reanudan rutinas, se reactivan metas y, al mismo tiempo, aparecen compromisos propios del inicio de año. En ese cruce entre planeación y realidad cotidiana es donde los datos se vuelven útiles para entender cómo está arrancando 2026 para las personas trabajadoras.
El Termómetro Laboral de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en el país, aporta una señal clara: cinco de cada diez participantes reportó haber adquirido una deuda para cubrir gastos de inicio de año. Más allá de lo que podría reflejar este dato, es un punto de partida: para una parte importante de trabajadores, el arranque del año se sostiene con mecanismos de financiamiento.
El desglose ayuda a dimensionar el tipo de decisión financiera: 26% recurre a tarjetas de crédito, 22% a préstamos y 2% a casas de empeño. No es lo mismo usar crédito como puente temporal que depender de alternativas más costosas; pero en todos los casos hay un elemento en común: la necesidad de mantener liquidez mientras se acomodan los gastos de temporada.
Cuando el sondeo pregunta por el principal desafío económico, la lectura se completa: 45% coloca el pago de deudas como el reto central. Esto sugiere que enero no se percibe únicamente como un mes de “gastos”, sino como un mes de orden financiero: ponerse al corriente, ajustar presupuestos y recuperar estabilidad.
Estos datos sirven como una guía para actuar con precisión. Si enero concentra ajustes financieros, vale la pena responder con medidas puntuales: reforzar educación financiera, facilitar acceso a asesoría, y habilitar beneficios que reduzcan presión en gastos clave. No es un tema “extra”; es una palanca de bienestar que ayuda a sostener foco, estabilidad y continuidad del talento durante el arranque del año.