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La venta de AT&T México a un consorcio integrado por Grupo Televisa y Fintech Holdings por 2 mil millones de dólares, marca el cierre formal de uno de los capítulos más ambiciosos en la historia reciente de los negocios transfronterizos en América del Norte.
La firma estadounidense, que desembarcó en el país a finales de 2014 tras la histórica Reforma de Telecomunicaciones, concluye su periplo operativo vendiendo su filial mexicana.
Su salida no solo reconfigura de fondo el mapa móvil del país, sino que deja una profunda lección sobre la dureza del mercado nacional y las limitaciones del músculo financiero internacional frente a las realidades locales.
Cuando AT&T desembarcó en México comprando Iusacell y Nextel, la narrativa resultaba impecable, pues compraba una red continental unificada para eliminar las barreras de roaming entre México y Estados Unidos, en el que se había hecho una inversión multimillonaria en infraestructura 4G/5G.
En sus primeros años, la irrupción de AT&T dinamizó fuertemente la competencia: forzó la caída en los precios de los datos móviles, impulsó planes agresivos de pospago y elevó los estándares de servicio en la industria. La estrategia dio frutos en volumen, llevando la masa de clientes de los 8 millones iniciales a más de 24.7 millones de suscriptores móviles.
A pesar del sólido volumen de usuarios y de registrar un volumen de ingresos relevante (85,400 millones de pesos al cierre de 2025), la rentabilidad operativa de AT&T en México fue durante años un desafío de desgaste constante.
A pesar del marco regulatorio diseñado para acotar la preponderancia, el emporio de Telcel mantuvo márgenes operativos sustancialmente más amplios gracias a su arraigo y escala local.
La retirada de AT&T —al igual que el repliegue previo de Telefónica— ratifica que en las telecomunicaciones mexicanas la convergencia y la escala local pesan más que la jerarquía multinacional.
El traspaso de la red y los clientes al consorcio de Grupo Televisa y Fintech Holdings representa una reestructuración de fondo. Televisa, que ya dominaba la banda ancha fija y la televisión de paga, consigue finalmente la pieza móvil masiva que le faltaba para armar una propuesta de servicios empaquetados capaz de competir frontalmente con la oferta integral de América Móvil.
La trayectoria de AT&T en México se recordará como una audaz incursión que modernizó el sector y benefició al consumidor con mejores precios y servicios, pero que terminó estrellándose contra los costos operativos locales y la dificultad de batir a un operador preponderante en su propio terreno.
AT&T no se va derrotada en infraestructura ni en usuarios, pero su venta deja un mensaje claro: en el mercado mexicano de telecomunicaciones, el tamaño global no basta sin la flexibilidad y convergencia del mercado local. Por decirlo de una manera decente y profesional.
Volaris-Viva, ¿sí procederá?
Este miércoles circuló un cable de Reuters que fue un balde de agua fría para un sector del transporte aéreo nacional. De acuerdo a la agencia de noticias, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México se encuentra en la fase final de evaluación para aprobar la fusión entre Volaris y Viva Aerobus, la cual podría concretarse antes de finalizar 2026, creándose el grupo aéreo más grande del país bajo el nombre de Grupo Más Vuelos.
La transacción es básicamente la creación de un holding o controladora: ambas aerolíneas se mantienen como marcas independientes, cada una con sus respectivos certificados de operador aéreo y operaciones diarias bajo una estructura de sociedad de cartera de doble marca.
Se trata de una tendencia internacional donde las aerolíneas se asocian para sobrevivir, competir eficazmente y generar eficiencias operativas, máxime a raíz de la pandemia de covid, las inspecciones de motores y las alzas al precio de la turbosina.
Como ejemplo comparativo: Estados Unidos tiene más de 150 aerolíneas comerciales y 17 controladoras que manejan varias de ellas, mientras que México solo cuenta con 11 líneas aéreas.
Desde que las citadas aerolíneas de bajo costo anunciaron el acuerdo de fusión en diciembre del año pasado, éste ha sido objeto de críticas y argumentos en contra —empezando por Aeroméxico—, sea por considerarse un intento de práctica monopólica, por temores de despidos, afectaciones a aeropuertos y pasajeros, y hasta falsamente preocupados porque, según ellos, la aerolínea más afectada sería Mexicana, tratando de generar una alerta por parte del gobierno federal a sus propios intereses.
Tanto Volaris como Viva no han litigado en medios la defensa de su propuesta, sino han hecho su tarea ante las autoridades antimonopolio: la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia dio su visto bueno en abril, mientras que el pasado septiembre la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos hizo lo propio, eliminándose obstáculos regulatorios en el extranjero y aumentando las posibilidades de que sea aprobado en México.
La preocupación central radica en que Volaris y Viva controlan aproximadamente el 75 % de los vuelos nacionales en México, y tras la fusión, Grupo Más Vuelos sería el único operador en 55 de las 85 rutas que actualmente operan ambas aerolíneas. En cuanto a los vuelos internacionales, las dos aerolíneas concentran menos del 20 %.
La aprobación no sería automática ni incondicional. El regulador mexicano planea imponer condiciones específicas para mitigar las preocupaciones sobre concentración de mercado, incluyendo mantener tarifas accesibles, preservar el modelo de bajo costo, evitar despidos masivos y conservar la mayoría de las rutas actuales.
Falta ver que la efectividad de las condiciones que imponga la CNA garantizar tarifas competitivas, preservación de rutas y supervisión rigurosa del modelo de bajo costo, la fusión podría fortalecer al transporte aéreo sin sacrificar completamente la competencia.
Es así como el éxito no estará en la creación del mayor grupo aéreo de México, sino que los pasajeros cuenten con vuelos asequibles y conectividad adecuada en un mercado donde la competencia se habrá reducido dramáticamente.
Donald Trump: la pena de muerte y la sociedad del espectáculo
Donald Trump está reconsiderando la transmisión en directo de la ejecución de Nidal Hasan, exmilitar condenado por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 durante el tiroteo de Fort Hood, Texas, en 2009.
La razón que ha trascendido es que el presidente no habría dimensionado que Hasan quedó paralizado de la cintura para abajo después de recibir un disparo durante su detención. El Pentágono mantiene la fecha del 3 de diciembre para la ejecución por fusilamiento, pero la posibilidad de transmitirla públicamente se encuentra bajo revisión.
La condición física del condenado parece haber cambiado la percepción del mandatario sobre el espectáculo que su gobierno pretende montar. No la sentencia, sino la imagen que produciría cumplirla ante millones de pantallas.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido la transmisión como una forma de mostrar las consecuencias de los actos terroristas y reforzar el efecto disuasorio del castigo. Sin embargo, hacer pública una sentencia no es igual a exhibir una muerte.
La justicia puede rendir cuentas sobre sus procedimientos sin convertir la ejecución en contenido audiovisual. Tampoco hay evidencia de que exhibir el momento de una muerte tenga un efecto disuasorio superior al de la aplicación efectiva de la ley.
La iniciativa agrega una finalidad distinta al castigo: convertirlo en un mensaje de autoridad, con una audiencia que va mucho más allá de los familiares de las víctimas y de quienes participaron en el proceso judicial.
La propaganda, sin embargo, no siempre produce el resultado que espera quien la organiza. Una ejecución concebida como demostración de fuerza puede convertirse en material de reclutamiento para organizaciones extremistas, alimentar narrativas de martirio o desplazar el centro de la historia a las víctimas y sus familias.
Las objeciones han llegado desde distintos sectores políticos y religiosos: Timothy Broglio, arzobispo castrense de Estados Unidos, cuestionó la propuesta y advirtió sobre el riesgo de imitar los espectáculos de violencia que practican los terroristas.
La discusión también alcanza a las plataformas digitales: TikTok y Newsmax anunciaron que no transmitirán la ejecución, mientras otras empresas no habían definido públicamente su posición. El gobierno puede decidir qué imágenes pretende difundir, pero no controlar el significado que adquirirán una vez que circulen por internet.
Hay otro flanco que merece atención: los espectadores. La fórmula de pan y circo suele asociarse con gobernantes que distraen a la población mediante el entretenimiento, pero también obliga a mirar una sociedad dispuesta a consumir aquello que se le ofrece.
Las ejecuciones públicas fueron durante siglos una forma de escarmiento y una ceremonia de poder. Las multitudes acudían a presenciar el castigo; ahora bastaría con una pantalla para que la muerte entrara a millones de hogares.
No son todos, pero el proyecto abre una discusión sobre la demanda de violencia convertida en espectáculo y sobre la facilidad con que la venganza puede presentarse como justicia.
La paradoja es que una sociedad que ha avanzado en el reconocimiento de los derechos humanos podría contemplar de regreso una práctica que Estados Unidos abandonó hace casi un siglo, ahora amplificada por la tecnología.
La última ejecución pública legal ampliamente reconocida en el país ocurrió en Kentucky en 1936. La propuesta actual no supone simplemente recuperar una vieja costumbre: pretende llevarla a una audiencia global, en una época en que las imágenes pueden reproducirse indefinidamente y alcanzar, sin lugar a dudas, a menores de edad. La modernidad de las cámaras y las plataformas no vuelve moderna la lógica del espectáculo.
Hasan fue condenado por un crimen brutal. Cuestionar la transmisión no borra a las víctimas ni minimiza lo ocurrido en Fort Hood. La responsabilidad penal y la decisión de convertir una ejecución en espectáculo son distintas, y cada una requiere su propia justificación.
Trump puede terminar cancelando la transmisión por la condición física del condenado, por el riesgo de propaganda extremista o por el costo político de la iniciativa; la última información es que no había tomado una decisión definitiva.
Pero incluso si el proyecto se abandona, quedará una pregunta flotando: ¿qué busca el Estado demostrar cuando considera que la muerte de un condenado debe ser contemplada por millones de personas?
La disfunción eréctil también pasa factura emocional
La disfunción eréctil representa un desafío que va más allá de la salud física; tiene implicaciones emocionales que también pueden impactar en la calidad de vida y las relaciones de los hombres.
De acuerdo con el “Barómetro de Salud Sexual Masculina”, el primer informe de Boston Medical, nueve de cada diez hombres con esta condición reconocen tener un deterioro emocional.
Entre las principales afectaciones están la ansiedad, el estrés y la baja autoestima, mientras que más de la mitad de los hombres mayores de 40 años presentan algún grado de disfunción eréctil y uno de cada tres experimenta eyaculación precoz.
El impacto psicológico y los factores físicos pueden retroalimentarse, ya que el estrés, la ansiedad y la depresión no solo pueden derivarse de una disfunción sexual, sino también contribuir a desencadenarla.
La vergüenza y el temor al juicio social siguen siendo barreras para buscar atención médica oportuna, especialmente en países como México, donde la salud sexual masculina continúa rodeada de tabúes. La falta de información y la postergación de una consulta pueden prolongar el malestar físico y emocional, pese a que estas condiciones tienen tratamiento.
Por ello, Boston Medical ha reforzado su enfoque integral de atención. Desde 2017, capacita a sus médicos en sexología para que comprendan las implicaciones emocionales de las disfunciones sexuales y ofrezcan una atención integral que atienda tanto el componente físico como el psicológico.
Para el centro especializado en salud sexual masculina con más de 20 clínicas en México, la preparación del personal médico y la creación de espacios de consulta seguros y empáticos son fundamentales para que los pacientes superen esos prejuicios, busquen ayuda profesional y recuperen su confianza.
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