La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca cerrar la brecha entre la infraestructura financiera que ya existe y el uso que los mexicanos hacen de ella.
El proyecto, que todavía deberá pasar por el Senado, va más allá de facilitar los pagos con celular: busca que una parte cada vez mayor de la actividad económica deje de realizarse en efectivo y pase por sistemas digitales.
La dimensión del cambio se entiende mejor cuando se observa que México cuenta ya con una infraestructura de pagos electrónicos bastante desarrollada. Existen SPEI, tarjetas, aplicaciones bancarias, códigos QR y otras herramientas, pero el efectivo sigue siendo dominante en las operaciones cotidianas.
La nueva ley pretende que comercios, proveedores y los tres órdenes de gobierno habiliten medios digitales de pago y faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar las actividades o sectores en los que el pago digital pueda convertirse en obligatorio.
Gasolineras y casetas de peaje han sido señaladas como los primeros casos, pero la ley no establece un catálogo cerrado de productos o servicios que dejarán de poder pagarse en efectivo. Ahí está uno de los puntos que generaron críticas durante la discusión legislativa.
El objetivo económico de fondo es la bancarización. Cuando una persona recibe, paga y cobra exclusivamente con efectivo, buena parte de su actividad económica permanece fuera del sistema financiero.
Cuando esas mismas operaciones pasan por una cuenta bancaria o una plataforma digital, empiezan a generar información: ingresos, gastos, frecuencia de operaciones y capacidad de pago. Esa información puede convertirse en historial financiero y, eventualmente, en acceso a crédito, ahorro, seguros y otros servicios. La digitalización no equivale por sí misma a bancarización, pero puede convertirse en una de sus principales puertas de entrada.
Para los pequeños negocios, el cambio puede ser todavía más relevante: un comerciante que hasta ahora cobra únicamente en efectivo puede comenzar a aceptar transferencias, tarjetas o códigos QR y con ello ampliar sus posibilidades de venta, formalizar parte de sus operaciones y construir un historial que antes no existía.
La iniciativa plantea precisamente facilitar la apertura de cuentas, fortalecer las plataformas de pago y ampliar la inclusión financiera. El gobierno sostiene que la reducción de costos de transacción y la incorporación de más personas y empresas a la actividad financiera pueden elevar la eficiencia económica.
Hay que tener muy claro que digitalizar la economía no significa automáticamente formalizarla. Una microempresa necesita teléfono, conectividad, una cuenta, infraestructura para cobrar y, en algunos casos, absorber comisiones. México tiene además regiones y actividades donde el acceso a internet y a servicios financieros todavía es limitado. Por eso surgieron también cuestionamientos sobre los costos de adaptación para las pequeñas empresas. Una reforma que pretende cerrar la brecha financiera puede terminar ampliándola si obliga a digitalizarse a quienes todavía no tienen las condiciones para hacerlo.
Hay además un cambio menos visible, pero quizá más profundo: el dinero deja de ser anónimo. Una economía con menos efectivo permite conocer mejor cómo circulan los recursos, facilita la trazabilidad de las operaciones y puede ayudar a combatir evasión, fraude y otras actividades ilícitas. Pero esa misma trazabilidad implica que las instituciones financieras y el Estado tendrán acceso a una cantidad mucho mayor de información sobre la actividad económica de las personas. Por eso la protección de datos personales, la seguridad digital y los mecanismos contra el fraude tendrán que avanzar al mismo ritmo que los pagos electrónicos.
La Ley de Economía Digital puede terminar convirtiéndose, por tanto, en una pieza importante de la transformación financiera de México. No porque vaya a desaparecer el efectivo de un día para otro, sino porque empieza a cambiar el incentivo: pagar digitalmente dejará de ser solamente una opción tecnológica para convertirse progresivamente en una forma cada vez más habitual de relacionarse con comercios, gobierno y sistema financiero.
El verdadero resultado se verá cuando una persona que hoy tiene poca relación con el sistema financiero pueda utilizar sus operaciones digitales para obtener crédito, ahorrar, asegurarse o hacer crecer un negocio. El reto será que la transición no deje atrás a quienes menos acceso tienen a la tecnología. México está intentando pasar del efectivo a lo digital. Y una de las preguntas centrales será quién decidirá dónde termina el efectivo.
Uno de cada cuatro cigarros es pirata
El pasado viernes se dio a conocer algo inédito en nuestro país: el gabinete de Seguridad realizó un cateo en una bodega en Huixquilucan, Estado de México, en el que se aseguraron 60 toneladas de cigarrillos apócrifos -alrededor de 2 millones de cigarros-, además de cuatro máquinas utilizadas para la elaboración y empaquetado, 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel, dos vehículos y fueron detenidos dos canadienses. La FGR estimó en hasta 230 millones de pesos la afectación económica.
Apenas una semana antes, las mismas autoridades aseguraron 13 toneladas de cigarrillos apócrifos en seis inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza de la Ciudad de México, probablemente ligado con el golpe en Huixquilucan, aunque no está confirmado. Previamente, a mediados de agosto, se decomisaron en la Aduana del AICM 2 millones 208 mil cigarrillos ilícitos procedentes de Bangkok, Tailandia.
Hasta antes del aseguramiento de Huixquilucan, se pensaba que el mercado de los cigarros piratas en México se abastecía del contrabando, sobre todo de Asia, como se evidenció en el caso del aseguramiento del AICM, pero ahora resulta que también en nuestro país se produce esta mercancía ilegal. Estamos hablando de producto que no cumple con obligaciones regulatorias, sanitarias y, por supuesto, fiscales.
Según estimaciones del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), actualmente el mercado ilícito de cigarrillos equivale a 26% del consumo nacional, es decir 1 de cada 4 cigarros es apócrifo, lo cual implica una evasión fiscal estimada en más de 23 mil millones de pesos anuales. Cabe recordar que el tabaco es de los productos con mayor carga impositiva, pues equivale a 70% del precio final de una cajetilla.
Ante este panorama, es necesario fortalecer la coordinación entre la FGR, el SAT, la COFEPRIS y autoridades aduaneras, mediante una estrategia integral que combine inteligencia financiera, verificación de insumos regulados (filtros, papel, maquinaria), acciones ejemplares y constantes contra las redes de producción, distribución y contrabando, así como campañas de concientización sobre el daño sanitario y la ilegalidad del producto apócrifo.
Contratar talento exige mirar más allá de la apariencia
Una contratación es una decisión de inversión: la empresa incorpora capacidades con las que espera resolver problemas, mejorar resultados y crecer. Por eso, merece preguntarse cuánto pesa la primera impresión frente a la evidencia de lo que una persona sabe hacer.
El Termómetro Laboral de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, señala que 67% de los encuestados considera importante la vestimenta en una entrevista. El dato refleja una percepción de los candidatos, pero abre una discusión de fondo para los empleadores: confundir una apariencia familiar con profesionalismo puede llevarlos a descartar capacidades valiosas; vestir conforme a las expectativas del entrevistador no acredita conocimiento, criterio ni aptitud para el puesto.
En la discusión sobre productividad y competitividad, los criterios de contratación deben ocupar un lugar central, pues es contradictorio exigir mejores resultados sin revisar cómo se elige al talento.
Cuando la afinidad personal o ciertos códigos de apariencia pesan más que las competencias, la selección puede favorecer a quien domina las convenciones del entorno por encima de quien tiene mayor capacidad, lo que limita oportunidades y puede tener un costo para la empresa al dejar fuera experiencia, perspectivas y habilidades que necesita.
De ahí la importancia de distinguir entre los requisitos de presentación que responden a las funciones del puesto y las preferencias del reclutador, que no deberían determinar el acceso al empleo.
La responsabilidad de las empresas es tener prácticas concretas: definir las competencias del puesto, formular preguntas comparables y evaluar con ejercicios que permitan demostrar conocimientos; también implica revisar qué se entiende por “encajar con la cultura”, para evitar que esa expresión justifique contratar siempre a perfiles semejantes.
Una entrevista debe ofrecer evidencia para decidir, y la apariencia aporta muy poca sobre el desempeño futuro. La calidad de una contratación se mide por la contribución de la persona al trabajo; hacer de ese principio el centro de la selección es una decisión de equidad y de rigor empresarial.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte informado
