En medio de una gran expectativa, dado el entorno geopolítico más complejo de las últimas décadas, se realiza una edición más del Foro Económico Mundial de Davos. En el encuentro participan alrededor de 60 jefes de Estado y gobierno, así como representantes de 130 países, destacando la delegación de Estados Unidos encabezada por Donald Trump, a quien acompañan cinco de sus secretarios de gabinete: el del Tesoro, Scott Bessent; el de Comercio, Howard Lutnick; el de Energía, Chris Wright, y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros.
No es casualidad que Donald Trump haya decidido otorgar a Davos una visibilidad que no concede a foros de derechos humanos, cambio climático o cooperación multilateral. Su presencia –física y discursiva– confirma que para Washington el verdadero campo de batalla es económico: aranceles, cadenas de suministro, control tecnológico y atracción de capitales. El contraste con México es elocuente. Mientras la Casa Blanca convierte el encuentro en una plataforma para fijar condiciones al mundo empresarial, el gobierno mexicano lo trata como un compromiso casi protocolario.
Alicia Bárcena, quien encabeza la delegación de nuestro país, es una diplomática de enorme prestigio internacional, con sólidas redes en la ONU y una trayectoria impecable en temas de desarrollo sostenible; pero Davos es, sobre todo, un mercado de capitales, inversión y estrategia comercial. México llega con un discurso afinado para la agenda climática, aunque desalineado frente al nearshoring, la inteligencia artificial o la reconfiguración de cadenas productivas. El problema no es Bárcena, sino un diseño político que privilegia la narrativa social sobre la económica justo en el momento en que el país necesita vender certezas a los inversionistas.
Todos los indicadores colocan a México como ganador potencial de la relocalización industrial, pero el discurso oficial desconfía de los espacios donde esa relocalización se decide. La 4T –continuando con la línea de López Obrador– mira a Davos como un club de élites globalistas, ajeno a la agenda social interna. En contraste, los países que están captando las inversiones no comparten necesariamente los valores del Foro; simplemente entienden que, les guste o no, ahí se construye la arquitectura del dinero.
A ello se suma un tema satélite que pesa cada vez más: la revolución tecnológica. En Davos se discute cómo la inteligencia artificial redefinirá empleos, cadenas productivas y hasta la soberanía de datos. México tiene talento y universidades, pero carece de una estrategia que conecte innovación con industria. Sin presencia activa en estos debates, nuestro país corre el riesgo de convertirse en la maquiladora del siglo XXI: mano de obra barata para algoritmos diseñados en otra parte. En esa misma lógica se inscribe la industria energética, otro punto medular. Europa busca proveedores confiables para su transición verde; Estados Unidos necesita reconfigurar su matriz tras las tensiones con Rusia y Medio Oriente. México podría ser pieza clave, pero envía señales contradictorias entre apertura a renovables y el fortalecimiento de monopolios estatales.
El dilema es simple: o México compite por el futuro o se refugia en la comodidad del pasado. Por su naturaleza, los capitales suelen ser nerviosos y vuelan rápido a los destinos más seguros; el nearshoring parece ser un fantasma que lentamente se va difuminando. No nos podemos dar el lujo de dejar que se nos escape entre las manos.
Cosas juzgadas fraudulentas… cuando se presenten, vemos
Finalmente, después de darle varios amagos de lo contrario, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad que no revisará las sentencias dictadas en las desaparecidas Primera y Segunda Sala, luego de que la Fiscalía General de la República, todavía entonces bajo el mando de Alejandro Gertz, solicitara la revisión al amparo otorgado por la Primera Sala a Juana Hilda González, quien quedó en libertad por el secuestro y plagio de Hugo Alberto Wallace.
Al tema se le estuvo dando vueltas desde el año pasado, incluso a principios de noviembre, después de que se turnó el expediente a la ministra Lenia Batres, el presidente ministro Hugo Aguilar presentó un proyecto donde daba por procedente un recurso presentado por la Presidencia de la República en contra del voto de calidad por el cual la Segunda Sala otorgó el amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en enero del 2024, aclarando que la Ley se abrogó y las ejecutorias cumplidas, por lo que no habría impacto alguno, solo lo presentaba para discutir la legalidad o no del voto de calidad emitido entonces en lugar de llamar a un ministro de la Primera Sala para desempatar la votación, como si el tema fuera si se hizo bien o no en ello. Nadie apoyó la propuesta de Aguilar, ni siquiera Batres.
Este antecedente de la opinión de Batres fue clave para prever que el sentido del proyecto presentado por la ministra, aprobándose y cerrándose la posibilidad de reabrir votaciones de las salas y del pleno, un escenario que no conviene a nadie, porque se estarían tratando revertir sentencias irrevocables o cuestionando su legitimidad. Sin embargo, Batres defendió en su proyecto el criterio que en su caso se adopte ante la figura de cosa juzgada fraudulenta, algo que, si bien es cierto, no tenía que ver con el caso analizado al no haber elementos de fraude.
Cuando llegue el momento de analizar un caso concreto de cosa juzgada fraudulenta, jueces, magistrados o la Suprema Corte podrán pronunciarse sobre ello en sus respectivos turnos; lo que no pueden es opinar sobre suposiciones sin contexto, antecedentes y pretender crear una especie de jurisprudencias al aire, para recurrir a ellas cuando se les ofrezca en el futuro o pretendiendo recurrir al pretexto del fraude para cuestionar la legitimidad de fallos, revertirlos, aunque al final resulte que no hubo delito alguno.
El ego enfermizo de Donald Trump
La reciente conversación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, dejó al descubierto una tensión diplomática insólita: el mandatario estadounidense reclamó por no haber sido reconocido con el Premio Nobel de la Paz. Más que un intercambio protocolario o diplomático, lo que vimos fue un choque entre el ego enfermizo y la sobriedad institucional.
El Nobel de la Paz no depende de gobiernos, ni de jefes de Estado. Es otorgado por un comité independiente en Noruega, ajeno a presiones políticas. Sin embargo, Trump insistió en responsabilizar directamente al primer ministro, como si el galardón fuera una decisión de despacho. Støre, con firmeza, tuvo que recordarle que su gobierno no tiene injerencia en el proceso. La escena rozó lo absurdo.
Lo más preocupante no es el reclamo en sí, sino la amenaza implícita: Trump afirmó que, al no recibir el Nobel, ya no se siente obligado a “pensar solo en la paz”. Una declaración que revela una visión transaccional de la política exterior: si no hay premio, no hay compromiso. En un mundo marcado por conflictos y tensiones, condicionar la paz a un reconocimiento personal es un gesto irresponsable, pueril.
La respuesta noruega fue ejemplar. Con claridad y sin titubeos, Støre defendió la independencia del comité Nobel y reafirmó principios básicos de diplomacia. Mientras Trump convertía un galardón en asunto de Estado, Noruega recordaba que la paz no depende de egos, sino de instituciones.
Este episodio es un recordatorio de cómo el poder, cuando se ejerce sin humildad, se transforma en riesgo. El Nobel de la Paz no es un trofeo que se exige, sino un símbolo de acciones concretas en favor de la humanidad. La molestia de Trump, convertida en amenaza y berrinche diplomáticos, revela, una vez más, la estatura política del mandatario estadounidense.
Este es Donald Trump, un narcisista empedernido, un hombre senil que actúa conforme a una mentalidad llena de prejuicios, ignorante, cínico, ridículo y bobo. Seguramente también habrá confundido a Noruega con Dinamarca.
Sustentabilidad del Golfo de California
El Golfo de California tiene una superficie de 157 mil kilómetros cuadrados, una población de 6 millones de habitantes de cuatro estados del país – Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa-, y 30 millones de habitantes en la cuenca del Río Colorado en Estados Unidos; es Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO, tiene 5,700 especies endémicas, 24 áreas naturales protegidas y 42 áreas prioritarias para la biodiversidad terrestre. Se trata de una región clave en la economía del país: ahí se siembra el 50% del trigo y 25% del maíz, se captura el 70% de la sardina nacional y se produce 80% del camarón; tiene una derrama turístic anual de mil millones de dólares y la minería de la región genera el 11% del PIB nacional.
Sin embargo, el Golfo enfrenta cinco amenazas principales, en buena parte debido a estas actividades económicas: una reducción del 80 por ciento de los flujos de agua dulce respecto a 1930, lo que ha incrementado la salinidad del Golfo; se vierten anualmente alrededor de 460 mil toneladas de nitrógeno y otros fertilizantes; pesca desmedida de más de un millón toneladas por año de sardina; 142 presas de jales de explotaciones mineras, muchas de ellas abandonadas, y el incremento de un grado centígrado de la temperatura en la superficie del mar debido al cambio climático en el último siglo.
Actualmente, varias instituciones participan en el proyecto de Acción por la Sustentabilidad del Golfo de California, un esfuerzo encabezado por Fernando González Villarreal, coordinador Técnico Red del Agua UNAM y director General del Centro Regional de Seguridad Hídrica auspiciado por la UNESCO. Se trata de quien fuera el primer director de la Conagua, presidente fundador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana de Hidráulica, así como premio Nacional de Ingeniería Civil y Arquitectura 2013.
González Villarreal estuvo con sus colegas del Colegio de Ingenieros Civiles de México, para hablar de los procesos y soluciones que contempla el proyecto para replantear el desarrollo del Golfo de California y sus cuencas de aportación, con siete líneas de acción: formar la Red de Amigos del Golfo de California; armar el sistema de monitoreo y evaluación, para evaluar la evolución del plan y su impacto, y del cual ya se tienen algunos indicadores; caracterización y análisis de flujos de aguas dulces, saladas y de contaminantes, para precisar fuentes de contaminación; evaluación de impacto de plantas desalinizadoras; programas sectoriales de infraestructura; sistema financiero y de gobernanza; y comunicación y formación de capacidades.
Se trata de un esfuerzo en el que están la UNAM, Banobras, Conagua, y al que se han sumado, a través de la Red de Amigos del Golfo de California, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco Mundial, Fundación Alumbra, los distritos de riego, entre otros. A esta plataforma de comunicación y colaboración se puede registrar en la liga https://amigosgolfocalifornia.org/