A pesar del alza en sus acciones, las grandes petroleras estadounidenses esperan esta semana reunirse con funcionarios del gobierno del Trump para conocer detalles de lo que el presidente estadounidense ha esbozado como un plan para reactivar la industria petrolera venezolana en el mediano plazo. El magnate habría asegurado el domingo pasado haber hablado con todas las petroleras de su país antes y después de la operación de captura de Nicolás Maduro, lo cual han negado las empresas.
Concediendo sin la seguridad de ello, que esté resuelto frágilmente el tema de la gobernabilidad al mantener al chavismo al frente del país, Estados Unidos estaría en control de las mayores reservas petroleras del mundo, con lo que se estima que dispondría del 30 por ciento de las reservas del hidrocarburo a nivel mundial. El escenario para la inversión no es sencillo ni inmediato. Primero, todavía hay incertidumbre respecto a la situación dentro de Venezuela; segundo, con todo y subsidios ofrecidos por Trump, se requieren fuertes inversiones en la deteriorada infraestructura petrolera y logística del país sudamericano.
Tercero, Chevron es la única compañía estadounidense que opera en Venezuela -por ende la más beneficada en el alza de sus acciones-, puesto que las instalaciones de Exxon y ConocoPhillips fueron nacionalizadas por Hugo Chávez hace 20 años; y cuarto, actualmente no hay una demanda de petróleo mundial que amerite una mayor producción, manteniéndose consumos estables o a la baja en el mediano plazo.
Es decir, aún con la ventaja estratégica del control de las reservas que reconfigura todo el escenario energético, puede no traducirse necesariamente en una avidez por invertir en el sector petrolero de Venezuela. Habrá que esperar a lo que digan las empresas luego de reunirse con el gobierno trumpista para ver si tienen mayor claridad sobre lo que viene.
Donald Trump y el espejismo de la fuerza
Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, el reacomodo forzado del poder y la reacción fragmentada de la región, no es solo un capítulo más de la visión distorsionada de la llamada doctrina Monroe. Es también un recordatorio de una forma de ejercer el poder que Donald Trump convirtió en una marca registrada: la acción espectacular, unilateral, vendida como fortaleza, cuyos costos reales aparecen después y rara vez se contabilizan en el discurso triunfal.
Trump siempre ha entendido la política exterior como una demostración de fuerza inmediata; no como una arquitectura de estabilidad. Su lógica es simple: actuar rápido, mostrar autoridad, declarar victoria. Venezuela encaja perfectamente en ese esquema. Presentar una operación de alto impacto como un acto de “justicia internacional”, sin mandato ni representatividad, algo que al interior puede generarle rédito político entre los conservadores, pero que deja abiertas interrogantes mucho más costosas. ¿Quién gobierna después?, ¿quién garantiza la estabilidad?, ¿quién paga la factura económica y de seguridad?, ¿quién asume la responsabilidad regional?
Esta misma lógica estuvo presente en la guerra comercial con China, uno de los “logros” que Donald Trump sigue reivindicando. Entre 2018 y 2020 impuso aranceles a más de 360 mil millones de dólares en importaciones chinas con la promesa de recuperar empleos y reducir el déficit. El resultado fue otro: el déficit regresó a más de 400 mil millones de dólares y los costos se trasladaron directamente a empresas y consumidores. Estudios del Congreso estiman que los contribuyentes pagaron entre 800 y 1 300 dólares adicionales ese año.
Venezuela ilustra un riesgo más de ese enfoque: la vulnerabilidad estratégica. Las acciones unilaterales no se presentan en el vacío. Cada intervención sin consenso debilita marcos multilaterales y normaliza la excepcionalidad. Estados Unidos puede permitírselo una vez; convertirlo en patrón erosiona su propia legitimidad.
Algo parecido ocurrió cuando Trump retiró a su país del Acuerdo de París, de la OMS o del TPP. Cada salida fue voceada como independencia. En conjunto, significaron ceder espacios de influencia a otros actores, particularmente China, que ocupó el espacio con paciencia y estrategia.
Lamentablemente para la Unión Americana, Trump ha sido consistente: mide el éxito por el impacto inmediato al anuncio, no por la sostenibilidad del resultado. En seguridad esa lógica también genera fragilidad. La presión transaccional sobre aliados de la OTAN elevó algunos presupuestos militares, pero debilitó la confianza estratégica, uno de los activos centrales del poder estadounidense.
Trump siempre ha ofertado la ruptura como fortaleza, pero la coyuntura venezolana recuerda, una vez más, que las decisiones espectaculares rara vez terminan en donde empieza la narrativa. La factura se presenta más tarde y casi nunca la paga quien se adjudica el logro, sino el sistema que queda más vulnerable.
Adrián Corona: un crimen marcado por el éxito
El secuestro y asesinato de Adrián Corona Radillo no es solo la muerte violenta de un empresario; se trata de un episodio que pone de manifiesto la fragilidad de los equilibrios que sostienen ciertas economías regionales en nuestro país.
Corona, originario de Tonaya, Jalisco, fue durante años la figura central del grupo que lleva su mismo apellido, empresa familiar dedicada a la producción y distribución de destilados populares entre los que destaca Tonayán, una marca que trascendió su origen local para convertirse en un fenómeno de consumo nacional. Su trayectoria empresarial estuvo marcada por la expansión, pero también por las tensiones propias de un sector donde conviven la formalidad, la informalidad y, en muchos casos, la tolerancia institucional.
El 27 de diciembre Corona viajaba junto con su familia a Puerto Vallarta cuando fue interceptado por un grupo armado en el municipio de Atenguillo, una zona conocida por la presencia de grupos criminales. Se llevaron únicamente al empresario: no hubo llamadas, no hubo exigencia de rescate, no hubo negociación. DoS días después, su cuerpo sin vida fue localizado a un costado de la carretera con huellas de violencia.
Evidentemente no se trató de un secuestro tradicional. En regiones en donde el crimen organizado no solo delinque, sino que administra territorios y mercados, la violencia suele funcionar como un mensaje. Matar sin pedir nada a cambio suele ser una forma de disciplinar, de ajustar cuentas o de cerrar ciclos de poder, lo que abre la interrogante de ¿qué estaba ocurriendo alrededor de la figura de Corona y la empresa que encabezaba?
El llamado “imperio Tonayán” atravesaba desde hace tiempo una etapa de desgaste. La presión fiscal, los conflictos internos, la competencia desleal y el endurecimiento del entorno criminal habían erosionado un modelo de negocios que durante años operó en una zona gris, sostenido por el consumo masivo y por una supervisión estatal laxa. En ese ámbito Corona concentraba decisiones, información y relaciones. Su muerte no solo deja un vacío humano, sino también un reacomodo inevitable de intereses.
Su muerte beneficia en primer término, a quienes buscan disputar el control del mercado y de las rutas de distribución. Beneficia también a los grupos criminales que refuerzan su control territorial enviando un mensaje de impunidad, pero también beneficia a un sistema institucional que puede presentar el crimen como un hecho aislado, atribuible a la violencia generalizada, sin profundizar en las responsabilidades acumuladas por años de omisión y permisividad.
El asesinato de Corona es un reflejo más de la triste realidad en nuestro país: cuando los negocios crecen en entornos donde la ley es flexible y la violencia es estructural, el éxito puede convertirse en una vulnerabilidad que puede conducir a la tumba.
¿Atizapán de Zaragoza se pintará de verde?
Lo que era el corredor azul en el Estado de México se ha ido desdibujando. En 2024 el PAN perdió Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla -este último a medias, por alianza con un munícipe priista-, manteniendo solo Atizapán de Zaragoza, con Pedro Rodríguez Villegas quien terminará en 2027 su último de tres periodos consecutivos, cuando se renueven el Congreso local y los 125 ayuntamientos.
El Partido Verde Ecologista de México, que dirige en el Estado de México Pepe Couttolenc, busca hacerse de ese municipio, uno de los de mayor peso electoral y territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México.
En diciembre pasado, Couttolenc y Luis Montaño, delegado del partido en Atizapán de Zaragoza, participaron en una posada vecinal de las colonias López Mateos y María Luisa, a la que asistieron 600 personas. En menos de tres meses, Montaño ha hecho un trabajo territorial entre los atizapenses como no se veía en muchos años. Una propuesta innovadora del empresario y político es el Mundialito Deportivo y Cultural 2026, en el cual paticipan primarias públicas y privadas del municipio, las cuales representan a distintos países no solo con un equipo de fútbol, sino también para investigar su cultura, tradiciones e historia, con la guía de maestros y el acompañamiento de las familias; con premios al mejor periódico mural, la mejor porra escolar y el mejor bailable. Una iniciativa que ya otros buscan replicar en sus terruños.