Han pasado más de 10 días desde que Alejandro Gertz Manero dejó la titularidad de la Fiscalía General de la República y la tormenta que dejó su intempestiva salida de la institución de procuración de justicia no ha cesado.
Las críticas hacia la gestión de quien fuera hace años ex titular de seguridad pública federal y capitalino han sido nota prácticamente todos los días. Son varios los temas que se le achacan a Gertz Manero, desde el posible uso faccioso de la institución para asuntos personales, así como resultados escasos en asuntos de alto impacto, hasta opacidad durante su administración.
Varios casos le han valido fuertes críticas, pero hay uno que particularmente ha llamado la atención desde hace varios años y que luego de su renuncia salió de nueva cuenta a la luz pública, que es el caso de Alejandra Cuevas, quien fue acusada de la muerte del hermano del ex titular de la FGR.
Investigaciones como Ayotzinapa, Odebrecht, el “huachicol fiscal”, entre muchos otros, han sido severamente cuestionados por posibles carpetazos, sin que se obtuvieran resultados concretos en cada uno de ellos, pero un punto que también ha sido objeto de dudas es el de la transparencia, particularmente en lo que se refiere a su patrimonio, ya que sus bienes se mantienen reservados, al igual que de otros funcionarios de alto nivel, supuestamente por cuestiones de seguridad.
Gran parte de la controversia hace alusión al uso de un avión privado, así como a la existencia de un helicóptero que durante los casi siete años de gestión de Gertz Manero ocupó el hangar de la FGR, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin que dicha aeronave haya devengado el pago de cantidad alguna por el uso del mismo, que por lo que se sabe públicamente, el costo por el uso de un hangar de este tipo representa una fuerte inversión.
Por otro lado, también se le ha cuestionado que durante su administración hizo uso de la dependencia para la gestión de asuntos personales, además de que posiblemente llevó a cabo investigaciones sesgadas, irregulares e ilegales.
Aun no se sabe cuál será la Embajada que ocupará Alejandro Gertz Manero, sin embargo, no le caería nada mal que se tratara de algún país con el que México no tenga tratado de extradición, ya que, en una de esas, le siguen saliendo “trapitos al sol” que pudieran dar paso a una investigación en su contra.
FGR: el pesado fardo de las palabras
Fueron apenas unos momentos. El estallido de un vehículo en Coahuayana, Michoacán, que dejó cinco muertos fue calificado como un acto terrorista por la propia Fiscalía General de la República. Después vino la corrección: no era terrorismo sino delincuencia organizada. Una aclaración que sembró más dudas que certezas. Un matiz técnico sí, pero uno que revela más de lo que la FGR hubiera querido: un país que transita sobre una línea narrativa peligrosamente delgada, especialmente en un momento en que el gobierno federal ha rechazado la presión de la Casa Blanca para clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
La precisión de la Fiscalía no solo fue necesaria desde un punto de vista jurídico –la tipificación del terrorismo exige motivación política, ideológica o un intento de coaccionar al Estado–, sino también diplomático. En un país en donde la violencia criminal adopta tácticas propias de la insurgencia, cada palabra cuenta. Y en este caso la palabra terrorismo encendió más de una alerta.
De haber prevalecido el primer comunicado, México habría abierto la puerta a un argumento que en Washington lleva años tomando fuerza: que los cárteles mexicanos deben ser considerados como organizaciones terroristas extranjeras. Este cambio dejaría a un lado el simbolismo para justificar facultades más amplias para Estados Unidos, desde sanciones financieras reforzadas, hasta operaciones extraterritoriales, lo que implicaría una intromisión directa a la soberanía nacional.
La narrativa oficial ha querido transmitir, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que México enfrenta una violencia criminal grave, pero que no se trata de un conflicto armado ni terrorismo. La primera idea justifica una política de seguridad basada en la contención, coordinación y prevención; la segunda pretende evitar cuestionamientos internacionales sobre las capacidades del Estado.
Ciertamente razones para “arreglar”, lo que en un principio fue una información precipitada, había muchas. Jurídicamente la tipificación no se sostenía como lo demuestran los estándares de la ONU y marcos legales como los europeos. No toda violencia extrema encubre un acto terrorista.
No es la primera vez que Michoacán exhibe episodios de violencia extrema sin motivación política, actos que “parecen terrorismo”. Aún duelen las cicatrices del “granadazo” de Morelia ocurrido en 2008, uno de los ataques más impactantes contra civiles en la historia reciente.
Al final un llamado de alerta, la comunicación puede ser un arma peligrosa en manos inexpertas, casi como poner un revólver en las manos de un niño.
Reciclando asfalto
Se estima que hay más de 10 millones de metros cúbicos de asfalto retirado en la Ciudad de México y desde aproximadamente 7 años se estudia y trabaja en su reutilización por parte de la Productora de Mezclas Asfálticas del gobierno capitalino, que dirige Reyes Martínez Cordero, quien estuvo en el Colegio de Ingenieros Civiles de México para hablar de lo que se está haciendo en la conocida como Planta de Asfalto, la cual cumple 80 años de existencia.
El uso de materiales recuperados de pavimentos ya utilizados -conocido como RAP, por sus siglas en inglés de Reclaimed Asphalt Pavement-, es una de las tecnologías en las que más se ha avanzado, no solo por reducción de contaminantes sino por el problema del espacio para almacenar el material en calidad de deshecho.
En el caso de la Planta de Asfalto -que no es una, sino dos-, desde 2018 han estado ocupando el RAP, produciendo 1 millón 240 mil toneladas de mezcla, que es poco todavía, pues tienen que estudiar y hacer pruebas en su uso, por tener la desventaja de que las mezclas asfálticas se vuelven más rígidas con el RAP. Hasta el momento los experimentos han contemplado entre un 10 y 20% de la mezcla, y se tienen programas de bacheo de emergencias y carpeta de mantenimiento de la red primaria utilizando hasta 100% RAP.
Ya la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que habrá una nueva planta de asfalto en el Bordo de Xochiaca, donde se tiene todo el asfalto retirado. De acuerdo a Reyes Martínez, estiman que la nueva planta pueda procesar 350 toneladas por hora y con capacidad de reciclar entre el 40 y 50 por ciento del asfalto reutilizado para vialidades secundarias y 20 por ciento en vialidades primarias.
Otros proyectos en los que trabajan en la Planta de Asfalto es en contar con una trituradora de llantas para utilizar el hule en la mezcla asfáltica, aunque ya se está utilizando en pruebas de 10 y 20% de la mezcla con buenos resultados.