En el Congreso capitalino está enlistada una reforma al artículo 59 de la Ley de Movilidad que, con la etiqueta de “regular”, cerraría la puerta al transporte de pasajeros en moto por aplicación.
Nos cuentan que en las organizaciones de motociclistas ya hicieron cuentas: al menos 60 mil personas en la capital y su zona metropolitana generan ingresos por esta vía, y se quedarían sin ellos de un día para otro.
En tiempos de retos económicos como los que vive el país, ¿conviene borrar de un plumazo 60 mil fuentes de trabajo?
Para muchos no es un ingreso extra. Hay quienes trabajan jornadas de 10 a 12 horas para sacar entre 500 y 700 pesos al día, de los que todavía hay que descontar gasolina, llantas y mantenimiento; algunos siguen pagando la moto a crédito. Si el servicio se prohíbe, la deuda se queda; el ingreso, no.
Del otro lado están quienes lo usan. Cerca de la mitad son mujeres, muchas en colonias donde el transporte público no llega o deja de pasar a ciertas horas. Para ellas, la moto es una forma de llegar a tiempo al trabajo o a la escuela pagando hasta 70% menos que en un auto por aplicación.
La experiencia en los estados donde ya se prohibió es clara: el servicio no desapareció, se fue a la informalidad. Sin registro de conductores, sin seguro y sin rastreo del viaje, el riesgo para quien maneja y para quien viaja es mayor, no menor. Y las multas, de más de 20 mil pesos más el corralón, las termina pagando el conductor.
Los motociclistas piden ser escuchados antes del dictamen y proponen reglas en lugar de prohibiciones: registro, seguro, equipo de protección y capacitación. ¿Los escucharán?
Síguenos en Google Noticias para mantenerte informado
