Ciudad de México.— La incursión de Liébano Sáenz Ortiz —exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Ernesto Zedillo— en negociaciones vinculadas con controversias fiscales de alto nivel ha encendido las alertas en el Gobierno Federal. Diversas fuentes consultadas coinciden en que su perfil, su historial político y su posicionamiento público ha generado cierto rechazo a su participación en estas gestiones ante la actual administración federal.
En semanas recientes, trascendió que Sáenz Ortiz estaría involucrado en gestiones ante Sat y Suprema Corte relacionadas con adeudos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de diversas empresas. Sin embargo, diversas fuentes de presidencia han señalado un rechazo a su intervención dadas las duras críticas que ha realizado al gobierno de la cuarta transformación y del proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Liebano Sáenz es identificado públicamente con el PRI, el tecnocratismo, la visión económica neoliberal y los gobiernos tanto del PRI como del PAN señalados por prácticas de corrupción en décadas pasadas.
Esta trayectoria lo convierte en un interlocutor incompatible para lograr cualquier negociación con cualquier entidad del gobierno federal.
De acuerdo con expertos en relaciones gobierno–empresa, asumir que Sáenz Ortiz podría abrir puertas en el SAT u otras instancias federales “no solo es improbable, sino estratégicamente inviable”, considerando que sus posturas públicas han sido abiertamente confrontadas con la narrativa central de la 4T, al igual que las del expresidente Ernesto Zedillo, con quien se le vincula históricamente.
Fuentes políticas consultadas subrayan que, más allá de su experiencia en el sector público, la efectividad real de Sáenz Ortiz y sus operadores como mediador en temas sensibles es ampliamente cuestionada en el ámbito gubernamental. La administración en turno ha buscado marcar distancia de los operadores emblemáticos del antiguo régimen y de las prácticas que asocia con corrupción, por lo que perfiles de este tipo suelen tener un margen de maniobra prácticamente nulo en negociaciones relevantes.
Incluso especialistas en derecho y consultoría pública advierten que resulta incoherente considerar como interlocutor válido a figuras identificadas con gobiernos priistas y panistas severamente cuestionados por prácticas de corrupción e influyentismo. Según estos expertos, cualquier intento de presentar a Sáenz Ortiz como un operador eficaz frente a los gobiernos de la cuarta tranformacion “carece de lógica operativa y política”.
En síntesis, la posibilidad de que Liébano Sáenz tenga capacidad de influencia real en decisiones administrativas o judiciales de alto impacto es vista por analistas como prácticamente inexistente. Para reguladores, funcionarios y operadores cercanos al actual gobierno, su presencia no representa un activo, sino un obstáculo, e incluso un riesgo reputacional y estratégico.
La evolución de este caso seguirá alimentando el debate público sobre el rol —real o sobredimensionado— que algunos operadores del pasado intentan mantener en el actual escenario político mexicano.