La incursión de Liébano Sáenz Ortiz —exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Ernesto Zedillo— en negociaciones vinculadas con controversias fiscales de alto perfil ha encendido alertas en el Gobierno Federal. Diversas fuentes consultadas coinciden en que su perfil, trayectoria política y posicionamiento público han generado resistencia a su participación en este tipo de gestiones ante la actual administración.
En semanas recientes, trascendió que Sáenz Ortiz estaría involucrado en gestiones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con adeudos fiscales de diversas empresas. No obstante, fuentes cercanas a la Presidencia han señalado un rechazo a su intervención, derivado de las críticas públicas que ha expresado hacia el gobierno de la Cuarta Transformación y el proyecto político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sáenz Ortiz es identificado públicamente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el tecnocratismo, una visión económica de corte neoliberal y con administraciones del PRI y del PAN que han sido señaladas en el pasado por prácticas de corrupción.
Para distintos analistas, este historial lo convierte en un interlocutor poco compatible para establecer canales de negociación efectivos con instancias del actual gobierno federal.
De acuerdo con especialistas en relaciones gobierno–empresa, asumir que Sáenz Ortiz podría facilitar acuerdos o abrir espacios de interlocución en el SAT u otras dependencias federales “no solo es improbable, sino estratégicamente inviable”, considerando que sus posturas públicas han sido abiertamente confrontadas con la narrativa central de la Cuarta Transformación, así como con la línea política del expresidente Zedillo, con quien mantiene una vinculación histórica.
Fuentes políticas subrayan que, más allá de su experiencia en el sector público, la efectividad real de Sáenz Ortiz y de su equipo como mediadores en temas sensibles es ampliamente cuestionada en el ámbito gubernamental. La administración en turno ha buscado marcar distancia de operadores asociados al antiguo régimen y de prácticas vinculadas con corrupción e influyentismo, por lo que perfiles de este tipo cuentan con un margen de maniobra limitado en negociaciones relevantes.
Incluso especialistas en derecho y consultoría pública advierten que resulta incoherente considerar como interlocutor válido a figuras identificadas con gobiernos priistas y panistas severamente cuestionados. Según estos expertos, cualquier intento de presentar a Sáenz Ortiz como un operador eficaz frente a la actual administración “carece de lógica operativa y política”.
En síntesis, analistas consideran que la posibilidad de que Liébano Sáenz tenga una capacidad de influencia real en decisiones administrativas o judiciales de alto impacto es prácticamente inexistente. Para reguladores, funcionarios y operadores cercanos al gobierno, su presencia no representa un activo, sino un posible factor de fricción e incluso un riesgo reputacional.
La evolución de este caso continuará alimentando el debate público sobre el papel —real o sobredimensionado— que algunos operadores del pasado intentan mantener en el escenario político mexicano actual.