Ruffo y Cabeza de Vaca: los jefes detrás del Huachicol Azul - Mundo Ejecutivo

Ruffo y Cabeza de Vaca: los jefes detrás del Huachicol Azul

El decomiso de más de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el huachicol.

Por: Investigación especial

El golpe fue histórico. El decomiso de más de 15 millones de litros  de combustible ilegal en Coahuila marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha contra  el huachicol. Pero no solo por el volumen incautado -el más grande en lo que va del  sexenio de Claudia Sheinbaum-, sino por lo que representa: la desarticulación parcial  de una red transnacional de robo y contrabando de hidrocarburos con conexiones  políticas en México y Estados Unidos. 

Las primeras declaraciones del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch,  fueron contundentes: 

“Es un robo al Estado mexicano, una estructura criminal que involucra empresas  fachada, cárteles y complicidades institucionales”. 

Detrás de los 129 carrotanques asegurados, etiquetados con nombres de empresas  como Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes, se esconde un modus  operandi que combina permisionarios legales, socios políticos, y una estructura de  protección institucional tejida durante años. 

Y en el centro de esa telaraña aparece un hilo revelador: la relación entre el  exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y el exgobernador de  Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. 

El decomiso que lo destapó todo 

Los operativos, realizados por la SEDENA, Guardia Nacional, FGR, Marina y Seguridad  Física de Pemex, se llevaron a cabo el pasado fin de semana en dos puntos del estado  de Coahuila: Ramos Arizpe y Saltillo. Ahí se localizaron 129 carrotanques ferroviarios  cargados con combustibles que no contaban con documentación válida de origen ni  traslado. 

Lo incautado equivale a 15.48 millones de litros de hidrocarburos -gasolina, diésel y  destilados de petróleo-. Los contenedores portaban sellos de Lambrucar, una empresa  registrada en Houston, Texas, con sucursales en Monterrey, San Luis Potosí y  Querétaro.

El pedimento aduanal presentado correspondía a Ingemar S.A. de C.V., una firma  creada en 2018 que en diciembre de 2023 obtuvo cuatro permisos federales para  importar casi 500 millones de litros de combustibles desde Estados Unidos. La FGR  investiga ahora si la empresa falsificó documentos y excedió por millones de litros lo  permitido legalmente. 

¿Quién está detrás? 

Los socios de Ingemar incluyen a José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson  Ramírez, Ricardo Thompson Navarro, y al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel. 

Además, el principal proveedor de Ingemar es la empresa Belar Fuels, con sede en  Corpus Christi, Texas, señalada como facilitadora del ingreso de hidrocarburos vía la  aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Las autoridades también han identificado a Industriales Fundentes, una empresa de  Saltillo sin registros públicos visibles, como parte de la red logística. 

Los investigadores sostienen que estas empresas formaron una estructura binacional  para simular legalidad en la importación, camuflando el contrabando de huachicol fiscal  a gran escala. 

El hilo que une a Ruffo con Cabeza de Vaca 

Aunque Ernesto Ruffo ha negado irregularidades y se ha mostrado dispuesto a  colaborar con las autoridades, el caso se complica por un vínculo político de vieja data  con Francisco García Cabeza de Vaca. Su relación se remonta al menos a 2012,  cuando coincidieron como senadores de la República en la LXII Legislatura, ambos  dentro del Grupo Parlamentario del PAN. 

Tan estrecha fue su colaboración legislativa que compartieron tareas en la Comisión de  Marina -donde Cabeza de Vaca fungió como secretario e integrante clave- y  participaron en otras comisiones estratégicas como Energía, Defensa y Pesca. Entre  los documentos oficiales consta que suscribieron juntos diversos puntos de acuerdo,  como aquel en el que exhortaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto a incluir a  la industria naval en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, promoviendo un marco  jurídico y recursos para detonar el sector marítimo nacional. 

La relación iba más allá del Senado. Ruffo Appel visitó en varias ocasiones Tamaulipas,  siendo recibido por Ismael García Cabeza de Vaca -entonces secretario general del  PAN estatal-, en eventos organizados con atención especial por parte del Comité  Directivo Estatal, bajo instrucciones directas del entonces gobernador Cabeza de Vaca. 

Incluso, los cumpleaños del exgobernador bajacaliforniano eran celebrados  institucionalmente por el panismo tamaulipeco. 

Esa cercanía no solo fue institucional, sino también personal. Una muestra clara de esa  lealtad se manifestó años después, cuando en la sesión de la Cámara de Diputados del  30 de abril de 2021, el diputado Ernesto Ruffo Appel votó en contra del desafuero de su  amigo Francisco García Cabeza de Vaca, en un gesto que más que político, pareció  fraternal. 

Hoy, esa relación cobra un nuevo significado: Ruffo, señalado por su participación en  Ingemar; Cabeza de Vaca, como quien facilitaba condiciones desde el poder estatal; y  ambos, desde sus respectivas posiciones, como artífices de una arquitectura política  que dio forma a una estructura de poder con apariencia de legalidad, pero que hoy  salen a relucir las relaciones criminales sobre saqueo energético y corrupción. 

El rol de Tamaulipas: el verdadero laboratorio del huachicol 

Durante su gobierno (2016–2022), Cabeza de Vaca convirtió a Tamaulipas en el  epicentro del huachicol fronterizo. Bajo su administración se creó el CAIET (Centro de  Análisis, Inteligencia y Estudios Tamaulipas), un cuerpo parapolicial que -según  testimonios de exfuncionarios y denuncias documentadas- fue utilizado, además de  muchas otras cosas, para: 

• Resguardar las pipas cargadas con combustible robado 

• Coaccionara y minimizar a la competencia 

• Perseguir y callar a críticos que pudieran descubrir el contrabando • Asegurar rutas de contrabando 

Posteriormente, el CAIET fue transformado en los GOPEs, grupo acusado de múltiples  violaciones a derechos humanos y vinculado a la protección de actividades ilegales  disfrazadas de operativos de seguridad. 

Exfuncionarios federales sostienen que los GOPEs abrían paso a camiones con  pedimentos falsos, y que nadie podía inspeccionar esa carga sin enfrentar represalias. 

“La consigna era clara: nadie toca las “patonas” (como se conocen las pipas que  almacenan grandes cantidades de litros). Venían “arregladas desde arriba”, afirmó un  exagente de inteligencia bajo condición de anonimato.

¿Coincidencia o pacto? 

Los documentos y testimonios a los que tuvo acceso esta investigación apuntan a que  el “huachicol azul” no fue un accidente administrativo, ni solo el resultado de corrupción  a nivel operativo. Fue una estrategia estructurada, legislada, protegida y operada desde  las más altas esferas del poder político panista, donde Ruffo y Cabeza de Vaca  compartieron intereses, visión y -según los hallazgos- también ganancias. 

Mientras uno abría la puerta legal desde el Congreso y la fachada empresarial, el otro  garantizaba el paso físico desde el Estado y el aparato de seguridad. 

El caso está abierto 

La FGR ya abrió carpetas de investigación contra las empresas involucradas. Y aunque  hasta ahora no se han girado órdenes de aprehensión contra personajes políticos, la  presión mediática y las filtraciones dentro del gobierno federal apuntan a un  endurecimiento de las acciones penales. 

Fuentes consultadas en el entorno de la Secretaría de Seguridad sostienen que se  prepara un expediente especial sobre “corrupción estructural en el sistema energético  mexicano” y que el vínculo entre Ruffo e Ingemar, y entre Cabeza de Vaca y los  cuerpos de seguridad estatales, será el eje de una investigación más amplia. 

El negocio de la impunidad 

El “huachicol azul” no opera en la clandestinidad. Se disfraza de legalidad, se ampara  en reformas legislativas y se mueve en carrotanques rotulados y con pedimento en  mano. Lo que lo hace posible no son solo los cárteles, sino la red de políticos que  legislan, autorizan, operan y protegen el saqueo desde adentro. 

Y si las autoridades realmente buscan cortar el flujo del robo de combustibles, no basta  con detener carrotanques: hay que seguir el hilo, de aliados y ex compañeros  legisladores que hoy son exgobernadores. 

Porque detrás del robo al Estado, hay algo peor que un crimen: una estructura de  poder que hizo del contrabando de hidrocarburos un negocio quizás más rentable y  menos peligroso que el de las drogas.

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