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El futbol mexicano vive atrapado en una burbuja hermética donde el mérito deportivo es una pieza de museo y el negocio de unos cuantos se erige como ley suprema. La investigación que apunta al corazón de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), y que involucra la revisión de estructuras financieras por parte de instancias de fiscalización y competencia económica, pone al desnudo lo que por años ha sido un secreto a voces: la Liga MX opera bajo lógicas corporativas de cártel, blindada contra el riesgo y diseñada exclusivamente para proteger el patrimonio de un reducido grupo de dueños.
La imposibilidad perpetua de ascenso y descenso en el balompié nacional no es una medida improvisada ni una estrategia de “estabilización económica” como suelen justificar los jerarcas de la FMF. Es, en esencia, un candado financiero que salvaguarda el activo más valioso de los 18 propietarios de la Primera División: la exclusividad de su nicho de mercado.
Permitir que un equipo de segunda división ascienda por méritos deportivos implica sacudir el tablero y abrir la puerta a la incertidumbre. Para los dueños que concentran múltiples franquicias, la famosa y tolerada multipropiedad, la pérdida de valor de una plaza o la devaluación de sus activos corporativos representa un riesgo inaceptable.
¿Cómo explicarle a un inversor que inyecta capital en dos o tres equipos de la misma liga que uno de ellos podría perder la categoría y, con ello, desplomar su valor comercial y publicitario? La multipropiedad es incompatible con la competencia leal; es un conflicto de interés permanente donde los partidos se juegan en las canchas, pero los destinos económicos se deciden en mesas de inversionistas donde la pelota es lo de menos.
En este engranaje de opacidad, la falta de movilidad entre categorías no solo beneficia a los dueños de los clubes, sino también a una red de representantes e intermediarios de jugadores que operan como poderes fácticos en el futbol mexicano. Al cerrarse el mercado de fichajes y restringir las oportunidades orgánicas de crecimiento para los futbolistas de divisiones inferiores, el ecosistema se vuelve cautivo.
Los promotores con palancas e influencias directas en la cúpula de los clubes de la Liga MX controlan las pocas ventanas de transferencia, inflando precios, moviendo carteras de jugadores entre equipos hermanos, beneficios directos de la multipropiedad, y limitando la libre competencia laboral de los deportistas.
Cuando el ascenso se anula, el talento joven de la división de plata queda confinado a un limbo salarial y deportivo, obligándolos a depender de las agencias de representación que tienen “acceso” y “buenas relaciones” con los dueños del balón. Se destruye así el mercado natural de talento para crear un monopolio de piernas cotizadas al mejor postor.
La intervención de las autoridades federales para investigar estas prácticas anticompetitivas marca un punto de inflexión necesario. El futbol no puede seguir autodeclarándose un territorio sin ley donde las reglas del libre mercado, la transparencia fiscal y el derecho a la libre empresa se ignoran bajo el argumento de la autonomía deportiva.
Competitividad logística en ferrocarriles de carga
La propuesta de elevar sustancialmente los derechos por el uso de la infraestructura ferroviaria de carga, llevando la tasa de contraprestación del 1.25% al 3% de los ingresos brutos para aquellas concesiones con más de 15 años de operación, representaría un golpe peligroso para la columna vertebral del comercio nacional.
Bajo la narrativa de incrementar la recaudación y reordenar el sistema de transporte, se dibuja una medida de corte meramente recaudatorio que ignora las leyes básicas de la economía de mercado: todo incremento en los costos de traslado se traduce, tarde o temprano, en un impuesto implícito al consumidor final.
El ferrocarril no mueve ocurrencias; mueve acero, granos, autopartes, combustibles, minerales y contenedores intermodales que abastecen a la industria y a los hogares mexicanos. Un salto abrupto en los derechos de concesión que en la práctica representa un incremento del 140% en dicha tasa asfixia los márgenes operativos de las empresas ferroviarias en un momento en que ya enfrentan presiones inflacionarias globales, volatilidad en los costos de los energéticos y mayores gastos salariales.
Ante este escenario, las empresas concesionarias no absorberán íntegramente el peso de la medida fiscal. La consecuencia directa será una presión alcista en las tarifas de carga, lo que repercutirá en una cadena de aumentos en cascada.
Desde el precio de la tortilla y los alimentos básicos dependientes de granos importados, hasta los materiales de construcción y los bienes manufacturados, el ciudadano de a pie terminará pagando el costo de esta voracidad fiscal a través de una inflación más persistente.
Los reflectores de esta medida apuntan directamente a los gigantes que sostienen la operación ferroviaria del país tras la privatización: Ferromex (Grupo México Transportes): Al ser el operador con mayor red y volumen de carga en el territorio nacional, concentrará el impacto financiero más severo.
Para dimensionarlo, un ajuste de esta magnitud podría mermar de forma sensible sus utilidades netas anuales, restándole liquidez vital para invertir en la modernización de vías, seguridad y adquisición de locomotoras.
Canadian Pacific Kansas City (CPKC de México): La otra gran concesionaria histórica del sistema también se encuentra en el rango de afectación por la antigüedad de sus títulos. Su papel es estratégico para el corredor T-MEC, conectando el norte, el centro y los puertos del Golfo con Estados Unidos.
Finalmente, la industria usuario-consumidora: Indirectamente, las empresas automotrices, acereras, minoristas y del sector agrícola dependientes del tren sufrirán una pérdida de competitividad frente a alternativas logísticas (como el autotransporte), saturando aún más las carreteras mexicanas y encareciendo sus cadenas de suministro.
A nivel internacional, la medida adquiere un matiz aún más preocupante al voltear a ver a nuestros socios comerciales del T-MEC. Históricamente, diversos estudios sectoriales y de organismos reguladores han demostrado que el servicio de transporte ferroviario de carga en México ya arrastra costos y tarifas por tonelada-kilómetro comparativamente más elevados que en Estados Unidos y Canadá.
Mientras que en las naciones del norte la infraestructura se beneficia de economías de escala monumentales, redes continentales menos fragmentadas y esquemas fiscales orientadas a incentivar la eficiencia logística, en México se opta por sobrecargar fiscalmente al sector.
Incrementar los costos operativos por decreto gubernamental ensancha la brecha de competitividad norteamericana, restando atractivo al país precisamente cuando el fenómeno del nearshoring exige una infraestructura de transporte más ágil, barata y eficiente, y no trabas burocráticas que encarezcan el tránsito de mercancías.
Apurar la recaudación a costa del sistema ferroviario es una jugada de corto plazo que pone en riesgo la estabilidad logística de México. El Estado no puede tratar a las vías férreas como una mina de oro inagotable sin asumir que cada obstáculo puesto sobre los rieles desacelera a toda la economía nacional.
Soberanía y justicia
Un 16 de septiembre de recriminaciones, una escena que empieza a volverse recurrente. Hay una palabra que aparece cada vez que Estados Unidos eleva la presión sobre México: soberanía. Claudia Sheinbaum la ha utilizado para responder a Donald Trump y volvió a hacerlo el miércoles, tras la exigencia del mandatario para que se investigue y detenga a funcionarios que, según Washington, protegen a los cárteles de las drogas. Ciertamente, en el reclamo hay un componente electoral, pero eso no convierte automáticamente en injerencia cualquier investigación o solicitud de extradición.
El caso de Sinaloa se ha colocado en el centro de las divergencias. Estados Unidos acusa al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y a otros funcionarios y exfuncionarios del estado.
El Departamento de Justicia los acusa de conspirar con integrantes de Los Chapitos para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia la Unión Americana, además de delitos relacionados con armas. Son acusaciones, no condenas, y todos conservan la presunción de inocencia.
Las denuncias no solo se hicieron a través de los canales formales, sino que se hicieron públicas el 29 de abril cuando Washington presentó una acusación de 34 páginas en la que describe los cargos y conductas que atribuye a cada uno.
Otra cosa es la evidencia que sustenta esas acusaciones: una investigación penal no está obligada a hacer públicos todos sus testimonios, fuentes, documentos o elementos de inteligencia. El expediente judicial puede ser público sin que toda la evidencia tenga que estarlo.
México recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición el 28 de abril a las seis de la tarde. Al día siguiente, la Cancillería informó que, después de su revisión jurídica, los documentos recibidos no anexaban elementos de prueba que permitieran determinar la responsabilidad de los señalados y que serían turnados a la Fiscalía General de la República.
El fondo del asunto es político. A mes y medio de las elecciones legislativas estadounidenses, sería ingenuo ignorar el componente electoral de la presión sobre México. Trump tiene interés en presentar a México como parte del problema del narcotráfico y a su gobierno como el que está dispuesto a enfrentarlo; Sheinbaum necesita dejar en claro que México no acepta subordinación frente a Washington.
En esa disputa, la palabra soberanía sirve a los dos: a Trump para exigir resultados dentro de México y a Sheinbaum para marcar los límites que la Casa Blanca puede exigir. El riesgo aparece cuando la defensa de la soberanía termina mezclándose con la defensa de los intereses de poder.
Porque una cosa es rechazar que Washington dicte la política mexicana y otra muy distinta asumir como una ofensa nacional cualquier acusación contra un funcionario mexicano. Si los señalados son inocentes, que la investigación mexicana lo establezca.
Si existen elementos para acusarlos, que se actúe. Lo conflictivo para cualquier gobierno no es que Estados Unidos haga acusaciones, sino tener que demostrar, con su propia arquitectura institucional, qué hay de cierto en ellas.
La soberanía no consiste en impedir que otro país acuse a nuestros funcionarios. Consiste en que México tenga instituciones capaces de determinar por sí mismas si esas acusaciones son ciertas y actuar en consecuencia.
20 años transformando procesos
En las últimas dos décadas, la transformación digital dejó de significar simplemente sustituir procesos manuales por herramientas tecnológicas. Hoy, sectores como la banca, los seguros y la industria automotriz requieren ecosistemas capaces de conectar información, personas y procesos de principio a fin, con mayor trazabilidad, automatización y capacidad para gestionar grandes volúmenes de operaciones.
La evolución del sector hipotecario es un ejemplo. En 20 años de operación en México, Cibergestión, empresa líder en externalización de servicios hipotecarios, gestora de procesos operativos y servicios digitales para el sector financiero con presencia Iberoamérica, ha participado en la gestión de más de un millón de créditos y actualmente trabaja con 12 instituciones bancarias.
Mediante tecnología y metodologías especializadas, la compañía ha contribuido a reducir procesos hipotecarios que anteriormente podían tomar alrededor de 40 días a un promedio de 15 días, mientras que su ecosistema PRESTO®️ conecta a cerca de 20,000 usuarios, entre brokers, valuadores, notarios e instituciones financieras.
Esta transformación se está extendiendo a otras industrias. En seguros, la digitalización y optimización de procesos ha permitido a Cibergestión gestionar más de 680,000 operaciones anuales y reducir hasta 80% los tiempos de determinados trámites. En el sector automotriz, la compañía opera actualmente con una red de 25 marcas y 200 agencias, al tiempo que desarrolla soluciones para integrar procesos como originación de financiamiento, validación documental, formalización y prevención de lavado de dinero.
Para José Ángel Borbolla Bolívar, CEO de Cibergestión Latam, la tecnología genera mejores resultados cuando se combina con procesos sólidos, conocimiento especializado y una comprensión profunda del negocio.
Después de 20 años en México, el siguiente paso apunta hacia una mayor automatización y uso estratégico de inteligencia artificial, no solo para acelerar operaciones, sino para fortalecer controles, anticipar inconsistencias y construir procesos cada vez más integrados, simples y transparentes.
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