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Se suele decir que en política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias. Ese efecto dominó lo está viviendo Donald Trump cuando tomó la decisión de sumarse con Israel a aquella operación aérea conjunta contra Irán el último día de febrero pasado.
No se logró derrocar al régimen ni derrotar al ejército iraní, y hoy la economía de Estados Unidos enfrenta una combinación de circunstancias adversas resultado de aquella equivocación: inflación que vuelve a acelerarse, petróleo por encima de los 100 dólares y una guerra con Irán que amenaza con prolongar el shock energético justo cuando se aproximan las elecciones de medio término.
El denominador común de todo ello es el petróleo. Los anuncios de derrotas inminentes, acuerdos, despliegues, ataques y cambios de nombre del Estrecho solo mantienen la volatilidad del precio del petróleo. La escalada militar de la semana pasada entre Estados Unidos e Irán llevó al Brent hasta 107.63 dólares por barril y al WTI a 102.48 dólares, y no disminuyen, por el contrario, aumentan los riesgos para los petroleros de transitar por el estrecho de Ormuz y el Mar Rojo.
En el ámbito doméstico estadounidense, la señal más preocupante no es el precio del barril, sino el incremento a los combustibles. El diésel superó por primera vez los 6 dólares por galón, cuando hace un año estaba a 3.7 dólares, mientras las reservas se mantienen bajas y el sistema internacional de refinación enfrenta restricciones. El precio del diésel es un factor multiplicador de la inflación, pues impacta en camiones, maquinaria, agricultura, construcción y la mayor parte de las cadenas logísticas.
Estados Unidos cerró agosto con una inflación de 3.4%. Los mercados prácticamente dan como un hecho el aumento de tasas por parte de la Reserva Federal, el problema es que la medida no va a producir más petróleo ni resuelve la causa raíz que es el conflicto con Irán por el Estrecho de Ormuz.
Con los resultados de las encuestas en contra, Trump ha hecho dos declaraciones reveladoras: ha ofrecido 5 mil dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano conserva la mayoría en el Congreso y ha asegurado que los precios del petróleo terminarán por desplomarse… aunque que probablemente eso ocurrirá después de las elecciones de noviembre. Con sus dichos, Trump evidencia que el conflicto no se resolverá en el corto plazo; los precios del petróleo y sus consecuencias los ve como un obstáculo electoral temporal más que como una crisis económica; y pretende vincular directamente el plazo para finalizar la guerra con el día de las elecciones, algo incierto. La compra de votos postfechada denota la desesperación por la incapacidad de resolver en lo inmediato el encarecimiento del costo de la vida.
Estados Unidos enfrenta una prueba difícil: debe demostrar que puede administrar una guerra, una crisis energética, una inflación resistente y una elección altamente polarizada, todo al mismo tiempo. Sea cual sea el resultado, es claro que en un mundo donde el petróleo sigue impulsando la economía global y el estrecho de Ormuz continúa bajo asedio, la inflación no desaparecerá después de las elecciones, ni se solucionará pagando 5 mil dólares por adulto estadounidense.
La realidad de la impunidad selectiva
Hablar de un “ambiente de persecución” contra los políticos corruptos de Morena en el México actual es, cuando menos, un ejercicio de ficción política. La narrativa oficial ha intentado posicionar la idea de que la clase gobernante y sus cuadros enfrentan un asedio sistemático por parte de los poderes fácticos, los restos de la oposición o inercias conservadoras.
Sin embargo, la realidad cotidiana de los tribunales, las calles y los informes de fiscalización apunta a una dinámica diametralmente opuesta: más que una persecución, lo que impera es un manto de protección institucional, simulación y una justicia selectiva donde la lealtad política sigue siendo el mejor blindaje anticorrupción.
Un verdadero ambiente de persecución implicaría investigaciones rigurosas, autónomas y sistemáticas contra cualquier funcionario o legislador bajo sospecha razonable de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos o nexos inconfesables. No obstante, los escándalos que salpican periódicamente a operadores, exgobernadores, alcaldes y legisladores oficialistas suelen diluirse en los laberintos de fiscalías locales y federales sumamente dóciles.
Cuando la presión pública o internacional, como las recientes alertas financieras y los señalamientos de agencias extranjeras sobre redes de lavado y complicidad criminal, exponen los excesos de figuras del movimiento, la respuesta desde el poder pocas veces es la indagatoria a fondo; con frecuencia se reduce al control de daños, al discurso de la “guerra sucia” o al sacrificio táctico de piezas menores.
La paradoja del régimen radica en que, tras haber llegado al poder con la promesa de erradicar la corrupción estructural del pasado, la absorción de pragmatismos y viejas prácticas políticas ha normalizado el corporativismo de partido. Las investigaciones ministeriales reales se activan, por regla general, cuando hay fracturas internas, disputas por candidaturas o caídas en desgracia dentro de las propias tribus del partido oficial, y no como parte de una política de Estado apartidista e implacable contra la malversación de fondos públicos.
La impunidad no ha desaparecido; simplemente ha cambiado de rostro y de afiliación partidista. Mientras la narrativa del “acoso” se agita desde los púlpitos para victimizar a los señalados y desviar la atención ciudadana, los casos de corrupción de la autodenominada “Cuarta Transformación” continúan encontrando en la parálisis institucional su mejor aliado. En México no se persigue la corrupción con eficacia; se administra políticamente.
El precio de vivir con miedo
Tres de cada cuatro mexicanos viven con miedo. No necesariamente porque hayan sido víctimas de algún delito, sino porque consideran inseguro vivir en su entidad. La cifra más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que el 74% de los mayores de 18 años comparte esa percepción. Es apenas 1.6 puntos porcentuales menos que la medición anterior, una reducción muy marginal frente al tamaño del problema.
Habrá quien argumente que la percepción no es sinónimo de realidad, pero en este caso tampoco puede hablarse de una exageración. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) estima 33.8 millones de delitos y 23 millones de víctimas durante 2025, con una cifra negra superior al 90%. Además, el mapa delictivo está cambiando: fraude y extorsión se encuentran entre los delitos más frecuentes.
El ciudadano puede no haber sufrido un intento de homicidio ni haber presentado una denuncia, pero una llamada de extorsión, el cobro de piso al negocio de la esquina o el temor a transitar por determinada zona forman parte de una realidad que las estadísticas basadas en carpetas de investigación no alcanzan a registrar.
Hay una diferencia entre vivir en un lugar en donde son frecuentes los delitos y vivir con el temor de convertirse en víctima. La ENVIPE revela que 62.8% de los hogares dejó de permitir que los menores salieran solos y 44.7% dejó de salir de noche por temor a la delincuencia. El delito puede afectar a una persona; el miedo modifica el comportamiento de millones que nunca llegaron a convertirse en víctimas.
Esto tiene un costo económico. Los hogares destinaron o perdieron 267 mil millones de pesos en 2025 como consecuencia de la inseguridad y el delito, alrededor del 1% del PIB. Una parte corresponde a pérdidas directas y otra a medidas de protección. Es dinero que se gasta en cámaras, alarmas, cerraduras, vigilancia o seguros, pero también en decisiones menos visibles: menos salidas por carretera, dejar de salir de noche, cambiar de ruta, modificar horarios o evitar determinadas zonas. La seguridad termina funcionando como un impuesto que no cobra el gobierno.
Para las empresas, el problema puede ser todavía mayor. La extorsión y el derecho de piso convierten al crimen en un costo de operación: reducen márgenes, encarecen productos, obligan a modificar horarios y rutas y, en algunos casos, hacen inviable mantener un negocio. Aquí la distancia entre percepción y realidad prácticamente desaparece. El comerciante que paga para poder trabajar no está reaccionando a una percepción; está incorporando el delito a sus gastos.
La inseguridad también puede modificar decisiones que ocurren antes de que se presente una víctima. Una empresa que evalúa instalarse en cualquier región del país no solo calcula salarios, energía, transporte, impuestos o disponibilidad de trabajadores. También evalúa cuánto cuesta proteger una planta, trasladar mercancías o enfrentar una eventual extorsión. Eso no significa que la inseguridad explique por sí sola una menor inversión, pero sí que forma parte del entorno de riesgo en el que se toman esas determinaciones.
Hablando en plata, el problema no es que el 74% de los ciudadanos tenga una percepción distinta de la realidad; es que una proporción tan grande de la población esté tomando decisiones cotidianas a partir de ella. Cuando una sociedad deja de salir, limita la movilidad de sus hijos, gasta para protegerse o un comerciante incorpora el derecho de piso como un costo posible, el miedo deja de ser una percepción para convertirse en una parte de la economía… y de la vida diaria.
Los mitos que pueden estar cerrándote la puerta al crédito
Hablar de crédito todavía implica enfrentarse a ideas preconcebidas que pueden influir en la manera en que las personas toman decisiones financieras. Pensar que aparecer en un buró es algo negativo, que consultar el propio historial afecta el Credit Score o que un atraso condena para siempre la trayectoria financiera son creencias que nos pueden limitar.
El punto de partida es entender que las Sociedades de Información Crediticia (SIC) concentran datos sobre el comportamiento financiero para que los otorgantes cuenten con mayores elementos al evaluar una solicitud crediticia. Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, SIC con más de 20 años, destaca que nueve de cada 10 perfiles registrados en la institución muestran un historial saludable, una señal que ayuda a dimensionar que el historial crediticio no debe entenderse como una lista negra, sino como una herramienta para conocer y gestionar mejor las finanzas.
También es importante distinguir entre información y decisión. Las SIC o burós no aprueban ni rechazan créditos; son las instituciones financieras y los distintos otorgantes quienes establecen sus propios criterios de evaluación. De la misma manera, consultar el propio historial no es una práctica negativa, sino una forma de supervisar que la información sea correcta e identificar oportunamente movimientos que requieran atención. Incluso después de un atraso, la trayectoria financiera no queda definida de manera permanente. En cambio, regularizar los compromisos y mantener pagos puntuales permite construir nuevamente un comportamiento sólido. Liquidar una deuda tampoco significa que el registro desaparezca de inmediato, pues existen reglas específicas sobre la permanencia de la información. Entender estos procesos permite sustituir la preocupación por información útil para tomar mejores decisiones.
La ausencia de historial tampoco es positiva para las finanzas personales ni contar con varias tarjetas significa automáticamente que se está sobreendeudado. En ambos casos, lo determinante es la capacidad de pago, el nivel de endeudamiento, pero sobre todo la disciplina con la que se administran los compromisos impacta de manera positiva.
En este contexto, revisar periódicamente el Reporte de Crédito Especial debería formar parte de los hábitos de prevención financiera; conocer qué información está registrada, detectar posibles anomalías y tener claridad sobre las obligaciones vigentes permite utilizar el crédito de manera más consciente.
Más que temer al historial crediticio, comprenderlo puede convertirse en una ventaja para acceder a financiamiento, planear metas y construir una trayectoria financiera acorde con las posibilidades de cada persona.
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