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A principios de los 90s el mundo se encontraba en ebullición. Europa comenzaba una integración formal, Alemania se reunificaba, Norteamérica se transformaba en un bloque a través del TLCAN y el sureste asiático iniciaba una explosión financiera que sacudía a todo el planeta.
México se encontraba en una carrera acelerada hacia la modernización neoliberal y la apertura internacional. La estabilidad política, hasta entonces, parecía estar preparada para cualquier cosa; sin embargo, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, trastocaba toda la escena de bonanza.
En ese panorama surgió una nueva voz, con un nuevo estilo, neoliberal, fresco, joven y diferente, Oscar Mario Beteta Vallejo, o Mario Oscar, como en realidad decía su acta de nacimiento. Su apellido distintivo, más conocido por su tío Mario Ramón, que por su padre, Ignacio, se enmarcaba entre las familias poderosas y de renombre en la sociedad mexicana.
Mario venía de haber estudiado Economía en México y una maestría en Inglaterra, había hecho sus pininos en los medios y emprendido en diversos negocios, con algún éxito; sin embargo, estaba obsesionado con tener un programa de radio y con figurar en la escena mediática, particularmente en “hablarle a los empresarios”.
No era el primero, pero sí fue el mejor. Tal y como se lo planteó. Rodeado de un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, entusiastas y leales compañeros, logró colocarse como el programa matutino más influyente entre los dueños y directivos de las principales organizaciones de negocios y, poco a poco, entre la clase política.
Su historia es mucho más larga, y probablemente no tan emotiva como para mí mismo. Trabajé con él muchos años, se convirtió en mi modelo a seguir, aunque no lo hice, fuimos compañeros de vida durante ese tiempo, viajamos por todo el mundo y compartimos miles de historias, comidas y bebidas.
Oscar Mario fue más que un buen comunicador, un provocador, de todo, del cambio, de la ruptura, del progreso. Conocido por su generosidad, tocó la vida y el corazón de muchas personas, entre los que me incluyo, lo voy a extrañar.
11-S: la factura que seguimos pagando todos
Se cumple un cuarto de siglo de los atentados que destruyeron las Torres Gemelas, dañaron el Pentágono y dejaron 2 mil 997 muertos. Ese largo periodo permite medir algo que aquel día era imposible: no solo cuánto costó la destrucción inmediata, sino cuánto cambió desde entonces la economía. El golpe inicial se contó en decenas de miles de millones de dólares; la respuesta posterior, en billones; y una buena parte de la factura se repartió por todo el mundo.
Una de las primeras cuentas la pagó el sector privado. Las pérdidas aseguradas por los atentados rondaron los 40 mil millones de dólares entonces y convirtieron al 11-S en el mayor siniestro asegurado de origen humano registrado hasta ese momento. Las aseguradoras comenzaron a excluir o encarecer el riesgo terrorista y el gobierno estadounidense tuvo que crear mecanismos para sostener la cobertura. El terrorismo había dejado de ser una contingencia remota para convertirse en un riesgo financiero.
Para las empresas el costo no terminó en las primas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó mayores gastos de seguridad, seguros, transporte e inventarios, además de interrupciones en las cadenas de suministro. En una de las estimaciones que revisó, un aumento de 20% en las primas de seguros comerciales podía representar unos 30 mil millones de dólares anuales, mientras que mantener inventarios 10% mayores agregaría otros 7.5 mil millones. La seguridad pasó a formar parte del costo de hacer negocios.
El impacto fue también global. El FMI documentó en su momento que las nuevas medidas de seguridad podían representar alrededor de 75 mil millones de dólares anuales para la economía mundial y advirtió que, en un escenario de largo plazo, el efecto podía alcanzar 0.75% del PIB mundial. La Organización Mundial del Comercio (OMC), años después, calculó que las interrupciones de negocios y los cambios de comportamiento provocados por el ataque generaron pérdidas superiores a 100 mil millones de dólares, casi 1% del PIB estadounidense. A eso se sumaron mayores seguros y fletes, pérdidas en turismo y viajes, caída del valor bursátil y mayor gasto en seguridad y defensa.
El Estado asumió una cuenta todavía mayor. La creación del Department of Homeland Security y el reforzamiento de la seguridad interior hicieron permanente un gasto que antes tenía otra dimensión. Después llegaron Afganistán e Irak y una guerra contra el terrorismo que se extendió a otros países. El Costs of War Project de Brown University estima en 8 billones de dólares el costo de las guerras posteriores al 11-S, incluyendo operaciones militares, seguridad interior, intereses de la deuda y compromisos con veteranos. No es el costo del atentado, sino el precio de sus consecuencias.
Veinticinco años después, resulta difícil ponerle una sola cifra a esa factura. Hay pérdidas que se pueden contabilizar –los daños, los seguros, el gasto militar– y otras que quedaron repartidas en millones de operaciones: un seguro más caro, una inspección adicional, una mercancía que ahora tarda más en cruzar una frontera o una empresa que mantiene inventarios mayores para cubrir una interrupción. El 11-S hizo que la seguridad dejara de ser un asunto excepcional para convertirse en un costo permanente para la economía.
El 2027 ya empezó
Este 10 de septiembre arrancó formalmente el proceso electoral que finalizará el 6 de junio de 2027, con las elecciones intermedias más grandes en la historia del país: 17 gubernaturas, 500 diputados federales, 1,098 diputaciones locales, 18,057 cargos en ayuntamientos y 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.
Aunque algunos ya andan en eso desde hace meses, las precampañas inician el 4 de enero y concluyen el 12 de febrero de 2027, se registran candidaturas del 22 de marzo al 3 de abril, y el periodo de campañas va del 4 de abril al 2 de junio.
Este proceso también es inédito por desarrollarse bajo nuevas reglas electorales, como el filtro del INE para evitar candidaturas relacionadas con organizaciones criminales y la posibilidad de anular una elección por injerencia extranjera, los cuales son los dos principales riesgos que tiene el proceso electoral.
En cuanto a la primer amenaza, las organizaciones criminales no necesitan controlar una elección nacional, basta con condicionar elecciones locales en territorios específicos. Además de la imposición o acuerdos con candidatos, pueden recurrir a las amenazas contra precandidatos y candidatos, financiamiento clandestino de campañas, imposición de aspirantes, retiro forzado de adversarios y, como ya se ha visto en otros procesos, homicidios.
El control de una alcaldía puede significar influencia sobre policías municipales, información territorial, permisos, obra pública y decisiones administrativas, lo que convierte a los municipios en el verdadero campo de batalla electoral.
La injerencia extranjera en elecciones es algo que se ha visto reciententemente en el continente con la administración Trump, inclinando la balanza hacia candidatos de derecha, y es un riesgo real que se presente en la primera escala rumbo a la elección presidencial del 2030, principalmente por aquello de los narcopolíticos y desvisados que vaya dosificando Estados Unidos.
Sin embargo, la reforma electoral que establece la nulidad de elecciones cuando se acredite injerencia externa, financiamiento proveniente del extranjero o campañas de manipulación digital, es susceptible de utilizarse de forma discrecional para impugnar resultados adversos, lo cual también puede generar conflictos políticos severos.
Para Morena, la prioridad ahora es resolver la competencia interna, donde ya se ven tensiones significativas en sus procesos estatales, y mantiene escenarios irresueltos, como el de San Luis Potosí. Por su parte, PAN y PRI están en el dilema de competir separados o en alianza, por lo menos para romper la mayoría calificada de Morena-Verde y PT y ganar alguna gubernatura, para llegar con algo más competitivo al 2030.
Las nuevas habilidades que demanda el sector educativo
La transformación del mercado laboral también alcanza al sector educativo, y es que, aunque la formación pedagógica continúa siendo un componente esencial, las instituciones requieren perfiles capaces de responder a entornos de enseñanza cada vez más dinámicos, donde la tecnología, la diversidad de comunidades y las nuevas necesidades de los estudiantes demandan competencias que van más allá del conocimiento especializado.
De acuerdo con datos oficiales, durante el primer trimestre de 2026, 4.13 millones de personas se encontraban ocupadas en los servicios educativos en México, lo que refleja la relevancia de esta actividad tanto para la generación de empleo como para el desarrollo del país.
En este contexto, Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, identificó las habilidades que aparecieron con mayor frecuencia en las vacantes del sector educativo durante el primer semestre del año. Capacitación, compromiso, planificación, comunicación, dominio del inglés, organización, pedagogía y manejo de plataformas encabezan la lista. El dato resulta revelador porque muestra que las instituciones educativas están buscando profesionales con una combinación de conocimientos técnicos y capacidades transversales que les permitan desempeñarse de manera integral.
La presencia de habilidades como planificación, organización y comunicación evidencia que el trabajo educativo también implica gestionar procesos, coordinar actividades y establecer vínculos efectivos con estudiantes, colegas y comunidades y al mismo tiempo, el dominio del inglés y de plataformas digitales confirma que la transformación tecnológica está modificando las herramientas con las que se enseña, se administra y se interactúa dentro de las instituciones.
Para los profesionales del sector, esta evolución representa una oportunidad para fortalecer su perfil y ampliar sus posibilidades laborales, porque no se trata únicamente de acumular conocimientos, sino de identificar aquellas competencias que el mercado está valorando y desarrollarlas de manera continua.
Finalmente, el reto para las instituciones será encontrar un equilibrio entre experiencia, preparación pedagógica y nuevas competencias, mientras que para los candidatos estará en demostrar que pueden adaptarse a las necesidades de una educación en transformación.
El futuro del sector no dependerá únicamente de quienes sepan enseñar, sino también de profesionales capaces de aprender continuamente, incorporar nuevas herramientas y responder con flexibilidad a los desafíos de las comunidades educativas.
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