Este sábado comenzará en México la suspensión de las primeras líneas de telefonía móvil que no hayan sido vinculadas con una CURP. El calendario arrancará con los números terminados en cero y continuará durante los siguientes meses con el resto.
No se trata de apagar celulares, sino de suspender líneas que no hayan cumplido con el nuevo requisito. La medida, sin embargo, tiene una lectura económica que va más allá del trámite.
El teléfono celular dejó de ser hace tiempo un aparato solo para conversar. Es la llave de acceso a una cuenta bancaria, un mecanismo de autenticación, una herramienta de trabajo y un canal para vender, comprar, cobrar y comunicarse con clientes. Para millones de mexicanos, particularmente quienes trabajan por cuenta propia o tienen un pequeño negocio, perder una línea puede representar perder temporalmente una parte de su actividad económica.
La dimensión del fenómeno es enorme: México tiene más de 157 millones de líneas telefónicas y la industria de telecomunicaciones genera miles de millones de pesos cada trimestre. El celular ya no es un servicio periférico: es parte de la infraestructura sobre la que funciona la economía cotidiana.
El impacto puede ser aún mayor entre quienes viven en la economía informal. Para un pequeño comerciante que anuncia sus productos en WhatsApp, recibe pedidos por teléfono o cobra por transferencia cuyo código de seguridad llega al celular, la línea es parte de su negocio. No aparece en el balance de una empresa ni tiene un valor contable, pero puede ser indispensable para generar ingresos. En ese segmento, una suspensión no necesariamente significa dejar de hablar, puede representar dejar de vender.
Hay además otro efecto. La obligación de registrar las líneas está produciendo una depuración del mercado: obliga a distinguir entre las líneas realmente utilizadas y aquellas que permanecían sin un usuario identificable. Para las telefónicas, representa identificar con mayor precisión a sus usuarios; para el gobierno, aumentar la trazabilidad; para los usuarios, asumir una nueva condición para mantener la conexión. Y para el mercado puede significar también una reducción de líneas, que, aunque formalmente activas, ya no tenían un uso económico real.
La interrogante entonces no solo es cuántas líneas serán suspendidas. Es cuánto le cuesta a la economía mexicana desconectar a una persona. Si el número celular se ha convertido en una especie de identidad económica, el costo puede terminar siendo muy alto. La seguridad puede justificar una mayor trazabilidad, pero el beneficio tendrá que ser lo suficientemente grande para compensar el precio de convertir la conectividad ¬que alguna vez fue simplemente un servicio– en una condición formal para participar en la economía digital.
La economía digital ha hecho del número telefónico algo mucho más valioso de lo que parece. Cuando una sociedad convierte esa pequeña secuencia de diez dígitos en una llave para entrar a una buena parte de su actividad económica, suspenderla deja de ser una determinación administrativa: es una decisión que se mide en pesos y centavos.
Imputando a exgobernadores
12 años después de aquella noche de Iguala, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue aprehendido y vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada en la modalidad de ocultar información, en el caso particular, se trata de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales habrían captado el momento en que uno de los cinco autobuses en que se trasladaban los normalistas fue detenido por policías municipales, quienes se los habrían llevado sin saberse nada de ellos a la fecha.
Durante el sexenio pasado, el conocido como caso Ayotzinapa, por la normal de la que procedían los estudiantes, entró en un proceso de descomposición, en el que, con la finalidad de desmontar la “verdad histórica”, se liberó a varios delincuentes involucrados en la desaparición, se aprehendieron funcionarios, y no se avanzó ni un ápice en la localización de los normalistas ni cambió aquella versión de los hechos tan denostada. Los retazos que dejó la investigación que permiten ser judicializables es lo que estamos viendo con la aprehensión de Aguirre Rivero y otras que han habido en el sexenio.
Mientras en el caso de Aguirre la imputación se basa en testimonios de la ex presidenta y la visitadora general del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), el de Ernesto Ruffo, es más sofisticado. Imputado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, la participación del exgobernador bajacaliforniano en ello debe probarse en cuanto a que tuviera conocimiento y participación del delito como accionista de la empresa.
Queda pendiente si se encontrarán elementos contra Rubén Rocha Moya para acusarlo de algo en México, si Estados Unidos manda las pruebas o si, como dicen las versiones, se suma en Estados Unidos el expediente del homicidio de Héctor Melesio Cuén.
Se trata del mismo que en su momento la Fiscalía federal a cargo de Alejandro Gertz determinó que se fabricaron pruebas al grado de que el crimen ocurrió en lugar y circunstancias diferentes a las dichas por la Fiscalía estatal, lo que llevó a la renuncia de la fiscal, sin que se profundizara al respecto, quedando en la impunidad total tanto el asesinato como la fabricación del caso.
Se esperaría que, así como se encontró como iniciarle proceso penal a Ángel Aguirre por lo que sucedió hace más de una década en Iguala, y se pudo armar todo un esquema delincuencial que involucre a Ruffo, se pueda llegar al gobernador de Sinaloa con licencia por el caso de Cuén, donde ya se tiene -o tenía- una investigación por el desaseo total y encubrimiento evidente en el homicidio del diputado sinaloense el mismo día en que fue sustraído el “Mayo” Zambada para llevarlo a Estados Unidos, ¿o no?
Cuando buscar empleo también exige saber en quién confiar
El mercado laboral mexicano está cambiando no solo en el tipo de empleos que ofrece, sino también en la manera en que las personas los buscan. Las redes sociales se han convertido en una nueva vitrina para conocer oportunidades: una publicación en Instagram puede despertar el interés de un candidato en segundos, sin embargo, una cosa es descubrir una vacante y otra muy distinta es confiar en ella.
El 57% de los candidatos consultados por el Termómetro Laboral de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, sigue prefiriendo los canales especializados para buscar empleo, una señal de que, en medio de la abundancia de información digital, la certeza tiene tanto valor como la velocidad.
La coyuntura obliga a mirar este fenómeno con mayor atención. En los últimos meses, las autoridades han alertado sobre falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales y páginas fraudulentas.
El problema no es que las redes sociales sean un mal espacio para encontrar oportunidades; por el contrario, amplían el alcance de las empresas y acercan las vacantes a públicos que quizá no las encontrarían por otras vías. El reto está en que, cuando una persona busca empleo puede estar compartiendo información personal y tomando decisiones importantes sobre su futuro.
Por eso, quizá la evolución más interesante del mercado laboral digital no sea decidir si las redes sociales desplazarán a las bolsas de trabajo, sino entender qué función cumple cada canal. Las redes pueden ser excelentes espacios de descubrimiento, pero cuando llega el momento de postularse, verificar la empresa, conocer las condiciones y compartir información personal, los canales institucionales y especializados ofrecen una capa adicional de confianza.
De hecho, los propios datos muestran esa transición: entre quienes encuentran una vacante en redes sociales, una mayoría prefiere continuar el proceso a través de la bolsa de empleo de la empresa o su página web.
En un mercado laboral donde la tecnología hace que las oportunidades circulen más rápido que nunca, la confianza se convierte en un activo laboral. Para los candidatos, esto significa aprender a buscar con criterio y no solo con rapidez; para las empresas, implica asumir que su reputación también se construye en cada punto de contacto digital.
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