El ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido históricamente el máximo símbolo de movilidad social, mérito académico y equidad en nuestro país. Presentar el examen de admisión representaba un ritual de esfuerzo riguroso, donde miles de jóvenes competían en igualdad de condiciones bajo la atenta mirada de las aulas y los pupitres institucionales.
Sin embargo, la reciente decisión de implementar un modelo de evaluación completamente a distancia para el concurso de selección ha abierto una caja de Pandora que pone en entredicho la viabilidad de los exámenes virtuales frente al vertiginoso avance tecnológico.
La irrupción masiva de la inteligencia artificial y de herramientas digitales sofisticadas en el examen en línea de la UNAM demostró una dolorosa realidad: los mecanismos de supervisión a distancia fueron superados con creces por ingeniosos métodos de fraude.
Con la intención de democratizar el acceso y facilitar la participación de aspirantes de diversas regiones del país, la institución apostó por la modernidad digital. No obstante, el resultado derivó en una crisis sin precedentes marcada por anomalías estadísticas, un incremento atípico en puntajes perfectos, particularmente en carreras de alta demanda, como Medicina y la detección de miles de exámenes anulados o bloqueados por conductas irregulares.
Los aspirantes más audaces —o mejor dicho, atrevidos y cínicos— encontraron puntos ciegos en las cámaras web, utilizaron audífonos imperceptibles, compartieron pantallas en tiempo real y emplearon algoritmos de IA para resolver cuestionarios complejos en segundos. Lo que debía ser una muestra de talento académico se convirtió en un desafío de ciberseguridad que rebasó los protocolos de vigilancia automatizada.
Esta situación no solo obligó a la universidad a suspender temporalmente procesos clave como la entrega de documentos e inscripciones, sino que generó una profunda herida en el principio de justicia meritocrática que rige a la institución.
El problema al que se enfrenta la UNAM no es exclusivo de sus oficinas administrativas; refleja un dilema global sobre cómo educar y evaluar en la era de los modelos de lenguaje y la automatización cognitiva. Cuando la trampa se tecnifica, la honestidad académica se convierte en una especie en extinción si no se cuenta con los cortafuegos adecuados.
Permitir que el fraude digital vulnere el ingreso universitario es abrirle la puerta a una simulación profesional peligrosa. Un médico, un ingeniero o un abogado cuyo primer gran logro profesional se obtuvo mediante un engaño algorítmico representa un riesgo latente para la sociedad y un retroceso para el país.
La obra que nunca fue
Durante más de veinte años “La Parota” dividió a Guerrero entre quienes la consideraban indispensable y quienes la veían como una amenaza para sus comunidades. El conflicto terminó por sepultar el proyecto. Lo que no quedó claro fue que ocuparía su lugar.
La oposición a “La Parota” no fue producto de un capricho; miles de habitantes rechazaron un proyecto que implicaba inundar comunidades, transformar el curso del río Papagayo y alterar profundamente su forma de vida. En cualquier democracia, esas preocupaciones merecen ser escuchadas y atendidas. Pero cancelar una gran obra también obliga a responder una pregunta igual de importante: ¿cómo se resolverá el problema que esa obra pretendía atender?
“La Parota” no fue concebida únicamente como una central hidroeléctrica. Su embalse también habría permitido regular el caudal del río Papagayo, fortalecer la disponibilidad de agua durante la temporada de secas y aportar una mayor seguridad al abastecimiento de Acapulco. Ninguna de esas necesidades desapareció con la cancelación del proyecto.
Acapulco no enfrenta una escasez absoluta de agua. Cada temporada de lluvia recibe precipitaciones abundantes. Su problema consiste en almacenar menos agua de la que necesita, perder una parte importante por fugas y depender de una infraestructura que muestra décadas de rezago. Los huracanes Otis y John hicieron evidente hasta qué punto el sistema es vulnerable. Una ciudad cuya economía depende del turismo difícilmente puede construir su futuro sobre redes que con frecuencia operan al límite.
Sin embargo, el mayor vacío quizá no esté en el agua, sino en la electricidad. “La Parota” habría incorporado cerca de 900 megawatts de capacidad instalada al sistema eléctrico nacional. No habría resuelto por sí sola las necesidades energéticas del país, pero sí habría fortalecido la capacidad de generación del sistema eléctrico en el sur del país, una región cuya demanda crece año con año.
En plena era del nearshoring, la ausencia de infraestructura energética equivalente puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo regional. Hoy las empresas ya no solo preguntan por carreteras, puertos o incentivos fiscales. También quieren saber si habrá energía suficiente dentro de diez o veinte años. Sin capacidad de generación y sin redes de transmisión adecuadas, muchas inversiones simplemente buscarán otro destino.
Esto no significa que “la Parota” debiera construirse a cualquier costo. Los impactos sociales y ambientales que denunciaban sus detractores eran reales y no podían ignorarse. Pero tampoco basta con celebrar su cancelación como si con ello hubieran desaparecido los desafíos que motivaron su proyecto. Si una presa resulta inviable, corresponde al Estado desarrollar alternativas capaces de cumplir la misma función, ya sea mediante fuentes alternativas de generación, sistemas de almacenamiento, modernización de las redes hidráulicas o el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.
“La Parota” refleja una realidad que trasciende a Guerrero. México parece haber perdido la capacidad de planear infraestructura con visión de largo plazo. Cada administración redefine prioridades, cancela proyectos de sus antecesores o impulsa los propios, pero pocas veces existe una estrategia que sobreviva a los ciclos políticos. Las presas, las líneas de transmisión, los acueductos o las carreteras no se construyen para un sexenio; se construyen para varias generaciones. Cuando esa perspectiva desaparece, las decisiones dejan de medirse por su utilidad futura y comienzan a responder a la urgencia del presente.
El debate no debió quedarse solo en construir una presa o no. La verdadera discusión era –y sigue siendo– cómo garantizar el agua y la energía que demandará el sur del país durante las próximas décadas. Un proyecto puede cancelarse. Lo que una nación no puede cancelar es su obligación de planear el futuro.
Mujeres y colegios de profesionistas
Con datos del INEGI al primer trimestre de 2025, había 9 millones 480 mil 610 profesionistas ocupados en México, de los cuales 4 millones 948 mil 878 (52.2%) son hombres, y 4 millones 531 mil 732 (47.8%) son mujeres. Más aún, de 1945 a 2026, la SEP ha emitido 15 millones 813 mil 550 cédulas profesionales, de las cuales el 54% corresponden a mujeres. Estos datos indican que hay un equilibrio, por lo menos cuantitativo, entre profesionistas hombres y mujeres.
Asimismo, México registra una participación del 40.5% de mujeres en puestos directivos, ubicándose dentro el top 10 del estudio Mujeres en los Negocios 2026 de Grant Thornton; en la escena política, por primera vez hay una mujer presidenta, hay 251 diputadas federales, 64 senadoras y hay 13 gobernadoras. A pesar de ello, sigue habiendo una brecha salarial y laboral considerable: en 2025, las mujeres ganaban en promedio 20% menos que los hombres y trabajaban 7 horas menos a la semana por la carga de cuidados y tareas domésticas, según estudio de BBVA.
Otro ámbito donde se ve esto es en los colegios de profesionistas, donde solo el 26 por ciento de quienes los integran son mujeres, incluidos gremios con mayor presencia femenina. Algunos ya están trabajando en ello.
Apenas la semana pasada, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) cambió su denominación, sin caer en polémicas de género de poner “contadoras y contadores”, optó por Instituto Mexicano de la Contaduría Pública, A.C., lo cual incluye a todas las personas que ejercen la profesión contable.
Para el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), aumentar la participación de ingenieras y jóvenes ingenieros dentro de sus comités y órganos de decisión es una de sus prioridades, por lo que hay dos acciones en ese sentido que se anunciaron esta semana.
La primera, la instalación del Comité de Igualdad Sustantiva y Participación Profesional, para implementar políticas transversales en el Colegio para fortalecer la participación de mujeres y jóvenes mediante mentorías, programas de liderazgo, mayor presencia en órganos directivos y foros especializados, con el propósito de consolidar un Colegio donde el talento y el liderazgo se reconozcan sin distinción, género ni edad.
La segunda, en fecha próxima, el Colegio que preside Jesús Campos López va a dar a conocer su estudio de remuneraciones de la ingeniería civil, el cual da referencias de honorarios y salarios, según especialización, responsabilidad y experiencia, lo cual permite tener parámetros claros de remuneración para los profesionales de la ingeniería civil independientemente del género.
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