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La Copa del Mundo de 2026 terminó, y con ella, el humo de los fuegos artificiales se disipa para revelar una verdad incómoda: el fútbol dejó de ser, hace tiempo, un simple deporte para convertirse en una de las herramientas de soft power más sofisticadas de nuestra era.
Bajo el cobijo de una logística impecable, lo que realmente vimos fue un despliegue de diplomacia de Estado. Más allá del trofeo, el torneo nos dejó lecciones políticas que marcaron un antes y un después en la narrativa de las naciones involucradas.
El mensaje político más potente fue, sin duda, la vigencia del dominio estadounidense, pese a la fragilidad y la torpeza de su presidente, pues demostró que es capaz de lo impensable, incluso de doblegar la voluntad de la FIFA y cambiar la decisión de un árbitro.
Para los gobiernos anfitriones, la Copa actuó como un potente validador interno. En un clima de polarización política que define a las democracias contemporáneas, la capacidad de los Estados para movilizar recursos, garantizar la seguridad y organizar el flujo de millones de personas se tradujo en una demostración de eficacia estatal.
El torneo de 2026 obligó a las naciones anfitrionas a navegar un terreno político inédito: la exigencia global de estándares éticos. La política dejó de ocurrir solo en los pasillos de las cancillerías para trasladarse a las gradas y las redes sociales. Los gobiernos comprendieron que la reputación nacional es hoy un activo financiero y político crítico, que la gana, particularmente, la gente, y se comunica a parir de la experiencia través de redes.
¿Cuál país anfitrión habrá gando o perdido más?
Ruffo, para jalar la marca
En julio del 2025, durante dos operativos en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, fueron asegurados 125 ferrotanques con 15 millones 480 mil litros de combustibles los cuales no contaban con los documentos que acreditaran su legal traslado y procedencia lícita. Sigue siendo el aseguramiento más grande de hidrocarburo en lo que va de la administración Sheinbaum.
Resulta que la empresa responsable del contrabando es Ingemar, de la que es socio el panista Ernesto Ruffo Appel, quien fuera el primer gobernador de oposición en México en 1989. Ingemar habría falseado mentido en sus bitácoras, al reportar en aduanas que los ferrotanques transportaban desperdicios de combustible o aceite quemado de baja calidad, cuando en realidad era gasolina, diesel y destilado de petróleo proveniente de Estados Unidos. Huachuicol fiscal, en palabras simples, contrabando.
Hace un año, Ruffo dio entrevistas, obviamente negando haber cometido ilícito alguno, alegando que, probablemente una parte del combustible que importan estaba entre los ferrotanques asegurados y que la empresa solo era intermediaria en la compraventa de combustible, solo llevando el “papeleo” como agente aduanal, y se dijo dispuesto a declarar en caso de ser citado. Al parecer no fue necesario, y este jueves, el exgobernador bajacaliforniano fue aprehendido por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La agilidad oportuna que se ve para actuar penalmente contra un exgobernador panista, y que debería reconocerse positivamente, se opaca, porque no se ve la misma pronta procuración de justicia con Rubén Rocha Moya, y menos con la también bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila, a quien parecieran hacerle el favor de jalarle la marca con la detención de Ruffo, pero que sigue enredándose en explicar los audios filtrados, pero nadie dice nada de qué en específico investigan o podrían procesar a la gobernadora en Estados Unidos.
La identidad: el nuevo patrimonio
Durante mucho tiempo, proteger el patrimonio significó proteger lo que una persona tenía: su dinero, sus bienes, sus documentos. Hoy esa lógica está cambiando. En una economía cada vez más digital, el activo más valioso puede no estar en una cuenta bancaria o en una propiedad, sino en algo mucho más difícil de recuperar cuando se pierde: la identidad.
El debate que se abrirá en el próximo periodo de sesiones del Congreso sobre la suplantación de identidad digital parte precisamente de esa transformación. La propuesta para incorporar este delito al ámbito federal busca responder a una realidad que avanzó más rápido que las leyes: una persona puede ser imitada, sus datos utilizados y su identidad empleada para realizar operaciones que nunca autorizó.
El problema ya no es únicamente que alguien robe información personal. Es que esa información tiene un valor económico. Una identidad digital permite abrir cuentas, solicitar créditos, acceder a servicios, realizar contratos y construir una reputación financiera. Quien controla esos datos puede intentar apropiarse de algo más importante que una contraseña: la representación de otra persona frente al mundo digital.
México ya vive las consecuencias de esta nueva realidad. La digitalización de los servicios financieros, el comercio electrónico y los trámites gubernamentales multiplicó la cantidad de información personal que circula todos los días. De acuerdo con el INEGI más de 104.9 millones de mexicanos utilizan internet, equivalentes al 86.1% de la población de seis años y más, lo que ha convertido la identidad digital en una pieza central de la actividad económica y social del país.
Las cifras del fraude muestran la dimensión del problema. Sólo en la Ciudad de México la CONDUSEF atendió durante 2025 más de 40 mil reclamaciones relacionadas con servicios financieros, con montos reclamados superiores a 2,500 millones de pesos. No todos estos casos corresponden a suplantación de identidad, pero reflejan un entorno donde los mecanismos tradicionales de fraude conviven cada vez más con modalidades digitales.
La amenaza tampoco se limita a usuarios individuales. Las instituciones financieras también han sido blanco de suplantación. La CONDUSEF ha advertido sobre casos en los que delincuentes utilizan nombres, logotipos y datos de entidades reconocidas para engañar a personas que buscan créditos o servicios. La identidad dejó de ser solamente un atributo personal; también se convirtió en un activo empresarial.
La delincuencia también cambió. Antes, falsificar una identidad requería documentos alterados, conocimientos especializados y una operación relativamente compleja. Hoy, la combinación de bases de datos expuestas, herramientas digitales y nuevas tecnologías redujo las barreras para cometer estos delitos.
La inteligencia artificial forma parte de este nuevo escenario, aunque no es el origen del problema. La suplantación de identidad existe desde mucho antes de la IA. Lo que cambió es la escala. Las nuevas herramientas permiten generar imágenes, voces o videos capaces de imitar a una persona con un nivel de realismo que hace pocos años parecía imposible.
El desafío para los legisladores no consiste en perseguir una tecnología, sino en adaptar las reglas a una realidad distinta. Cada avance tecnológico ha obligado al derecho a revisar sus límites: ocurrió con internet, con la banca electrónica y con el comercio digital. Ahora ocurre con la inteligencia artificial.
La pregunta ya no es solamente cómo proteger una contraseña o evitar un fraude específico. El reto es garantizar que, en un entorno donde una imagen, una voz o una interacción pueden ser simuladas, siga existiendo una forma confiable de saber quién está realmente detrás de una operación.
La identidad se convirtió en la llave que abre buena parte de la vida moderna. Protegerla será uno de los grandes desafíos de la economía digital. Es un verdadero patrimonio lo que está en juego.
La ciudad ya cambió… y el mercado inmobiliario apenas está reaccionando
En ocasiones creemos que el mercado inmobiliario dicta la forma en que vivimos. Yo diría exactamente lo contrario: primero cambian las personas y, después, la vivienda se adapta.
Esa fue la principal reflexión que me dejó el webinar organizado recientemente por University Tower, donde especialistas de Desarrolladora del Parque y Accumin Intelligence México analizaron el comportamiento del mercado inmobiliario de la CDMX durante el primer semestre del año. Más allá de las cifras de ventas, precios o inventarios, lo interesante fue entender que estamos frente a un cambio profundo en la manera en que los capitalinos queremos habitar la ciudad.
Por décadas la conversación giró alrededor del tamaño de las viviendas, del precio por metro cuadrado o de las zonas de mayor plusvalía. Hoy el eje parece ser otro: el tiempo. Las personas están dispuestas a vivir en espacios más compactos si recuperan horas de vida que antes perdían en traslados.
No es casualidad que corredores como Reforma, Roma, Condesa o la alcaldía Cuauhtémoc concentren la mayor demanda. La conectividad, los servicios, la oferta cultural y la posibilidad de caminar hacia el trabajo se han convertido en un nuevo activo inmobiliario. En una ciudad donde la movilidad sigue siendo uno de los mayores desafíos, vivir cerca ya representa una forma de mejorar la calidad de vida.
Otro dato merece una lectura distinta. La disminución del inventario disponible suele interpretarse como un indicador económico, pero también revela una realidad urbana: la capital del país enfrenta mayores dificultades para producir vivienda nueva. Los tiempos regulatorios, la escasez de suelo y los costos de construcción hacen que hoy se desarrollen proyectos más pequeños y en menor cantidad. Si esta tendencia sigue , el reto será garantizar que la ciudad siga siendo accesible para quienes desean vivir cerca de donde estudian o trabajan.
Quizá la pregunta no es cuánto aumentarán los precios, sino qué tipo de ciudad queremos construir durante la próxima década. Una ciudad más densa, conectada y caminable puede traducirse en mejor productividad, mayor sostenibilidad y mejor calidad de vida. El mercado inmobiliario ya está enviando señales de hacia dónde se mueve esa demanda, ahora corresponde a autoridades, desarrolladores y ciudadanos aprovechar esa oportunidad para construir una ciudad que sea más habitable.
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