Cinco exservidores públicos de la pasada administración estatal fueron citados por la Fiscalía General de la República en calidad de imputados, dentro de la investigación sobre el controvertido proyecto energético.
El caso Next Energy volvió a colocarse en el centro de la agenda judicial y política de Aguascalientes. Este martes, cinco exfuncionarios del gobierno estatal acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de imputados, para rendir declaración dentro de la carpeta de investigación que se sigue por presuntas irregularidades administrativas y financieras relacionadas con el proyecto.
Los citados fueron: Rodolfo Téllez Moreno, exsecretario de Servicios Públicos; Luis Alberto Rivera Vargas, exsíndico procurador; Jaime Gerardo Beltrán Martínez, exsecretario del Ayuntamiento; Mónica Marcela Díaz Aranda, exsecretaria de Administración; y Alfredo Martín Cervantes García, exsecretario de Finanzas. Todos ellos formaron parte de la estructura de la pasada administración y estuvieron vinculados a decisiones clave en torno al contrato y la operación de Next Energy.
El proyecto, concebido como una apuesta por energías limpias y alternativas, se convirtió en uno de los temas más polémicos de la gestión estatal debido a cuestionamientos sobre su viabilidad financiera, la autorización de pagos y la reestructuración de recursos públicos. Las diligencias actuales buscan esclarecer quiénes participaron en la toma de decisiones y si existieron responsabilidades administrativas o penales en el manejo de fondos.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que, aunque los exfuncionarios tenían la posibilidad de comparecer por escrito en determinados supuestos legales, la FGR determinó citarlos de manera presencial para rendir declaración. Versiones difundidas apuntan a que la Fiscalía podría explorar mecanismos de colaboración previstos en la legislación penal, con el objetivo de obtener información que permita identificar a los responsables directos de las autorizaciones financieras.
Asimismo, trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría intervenir en etapas posteriores para revisar el manejo de recursos públicos vinculados al caso y analizar posibles medidas relacionadas con las finanzas personales de los involucrados. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas acciones ha sido confirmada oficialmente.
El caso Next Energy ha generado un amplio debate en Aguascalientes. Por un lado, se le presentó como un proyecto innovador para diversificar la matriz energética del estado; por otro, se convirtió en símbolo de presuntas irregularidades administrativas y de la falta de transparencia en la gestión pública. La investigación federal busca determinar si hubo daño al erario y si se configuraron responsabilidades penales.
Hasta el cierre de esta edición, ni la FGR ni el Gobierno de Aguascalientes habían emitido un posicionamiento oficial sobre el avance de las investigaciones o las comparecencias realizadas. La expectativa es que en las próximas semanas se definan nuevas diligencias y posibles medidas cautelares, lo que podría marcar un giro en el proceso.
A cuatro años de iniciado el proyecto, Next Energy sigue siendo un tema que divide opiniones y que pone a prueba la capacidad institucional para sancionar irregularidades y garantizar la rendición de cuentas. La comparecencia de los exfuncionarios representa un paso relevante en la búsqueda de claridad sobre uno de los casos más controvertidos de la administración estatal reciente.
