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La figura del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha convertido en el epicentro de una de las crisis políticas y diplomáticas más opacas del presente sexenio.
Mientras el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, insiste en la narrativa de que el exmandatario permanece en su domicilio sin protección alguna, la realidad que percibe gran parte de la opinión pública es diametralmente opuesta: la de un “blindaje” institucional que parece trascender la legalidad para proteger un capital político invaluable.
La relación entre Rocha Moya y Andrés Manuel López Obrador no fue una simple alianza política convencional; fue una fraternidad política forjada en la lealtad al proyecto de la “Cuarta Transformación”. El propio Rocha ha reconocido abiertamente que su nominación a la gubernatura fue una decisión personal del entonces presidente, quien, según sus palabras, “detuvo el anuncio” de otros aspirantes para finalmente elegirlo a él.
Esta cercanía es precisamente el eslabón que alimenta las sospechas actuales. En el imaginario político mexicano, proteger a un aliado de tal calibre no es solo un acto de solidaridad, sino una medida de control de daños. ¿Hasta dónde llega el compromiso de la actual administración con el legado de su antecesor cuando este involucra a figuras bajo sospecha internacional?
La insistencia gubernamental en desestimar las acusaciones provenientes de Estados Unidos, calificándolas de “ataques de la ultraderecha” y exigiendo pruebas que el gobierno mexicano parece dispuesto a filtrar o cuestionar selectivamente, sugiere que el caso Rocha Moya es, ante todo, un tema de sobrevivencia del régimen frente a injerencias externas.
La postura oficial de que el gobierno no protege a nadie choca con el escepticismo ante un vacío de información de más de dos meses. El argumento de “cero impunidad” se vuelve difícil de sostener cuando las instituciones, desde la Cancillería hasta el gabinete de seguridad, parecen más enfocadas en desmentir reportes periodísticos sobre el paradero del gobernador que en esclarecer la veracidad de los señalamientos sobre vínculos con el narcotráfico.
Al final, la “inusual campaña de protección” revela una vulnerabilidad estructural: el miedo a que el hilo se rompa por la parte más débil. Si Rocha Moya cayera, no solo caería un gobernador con licencia; se pondría en entredicho la integridad de un sistema de lealtades que definió la política mexicana en los últimos seis años. El gobierno no solo protege a un individuo; intenta, con éxito decreciente, proteger la narrativa de una transformación que prometió ser radicalmente distinta a la corrupción del pasado.
Los incómodos embajadores
La controversia que en los últimos días ha rodeado a Ken Salazar por las versiones encontradas sobre el caso de Ismael el “Mayo” Zambada coincide con otros episodios que tensan aún más la relación entre México y Estados Unidos: las declaraciones del actual embajador del vecino país, Ronald Johnson, en asuntos relacionados con la cooperación en seguridad.
Aunque pudiéramos estar tentados a pensar en una coincidencia, la realidad es que no lo es. Basta recorrer la historia para descubrir que prácticamente cada generación de mexicanos ha tenido “su” embajador estadounidense incómodo.
No ocurre con otra nación y la razón es sencilla: ningún otro país tiene sobre México el peso económico, político, comercial y migratorio que posee Estados Unidos. La embajada estadounidense en la Ciudad de México no es una representación diplomática cualquiera; es una de las posiciones más relevantes del servicio exterior de Washington. Quien la ocupa inevitablemente termina involucrado –por acción, por omisión o simplemente por el tamaño de la relación bilateral– en debates que trascienden la diplomacia.
El primer gran ejemplo fue Joel Roberts Poinsett. Llegó apenas consumada la independencia y muy pronto comenzó a intervenir en la política mexicana: apoyó a los federalistas, impuso la lógica yorkina y presionó para que México vendiera Texas.
Décadas después apareció Henry Lane Wilson, probablemente el embajador más controvertido de toda la historia bilateral. Durante la Decena Trágica no se limitó a observar la crisis política: abrió las puertas de la embajada para facilitar las negociaciones entre Victoriano Huerta y Félix Díaz, cuyo acuerdo terminó por consumar el golpe de Estado contra Francisco I. Madero.
Con el paso del tiempo las formas cambiaron, pero no desaparecieron las tensiones. Durante la Guerra Fría, la cooperación en inteligencia y la contención del comunismo dominaron buena parte de la agenda bilateral. Más tarde llegaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, la apertura económica y, posteriormente, la guerra contra el narcotráfico. Cada etapa produjo nuevas diferencias entre ambos gobiernos y colocó nuevamente al embajador en el centro del debate.
Así ocurrió con John Gavin, quien criticó abiertamente la corrupción y la situación económica de nuestro país durante los años ochenta. También con Carlos Pascual, cuya salida fue prácticamente exigida por Felipe Calderón después de que WikiLeaks revelara cables diplomáticos donde cuestionaba la estrategia mexicana de seguridad y describía profundas diferencias institucionales.
Christopher Landeau representó una transición interesante. Utilizó las redes sociales para acercarse a los mexicanos, responder preguntas y construir una imagen mucho más cercana a la de sus antecesores. Sin embargo, incluso él terminó protagonizando debates públicos sobre asuntos internos, demostrando que el peso político de la embajada supera con frecuencia la personalidad de quien la encabeza.
El caso de Ken Salazar ilustra esta misma dinámica. Durante los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue considerado un interlocutor privilegiado e incluso un aliado. Con el tiempo la relación cambió. Sus críticas a la reforma judicial, la política energética y a diversos temas de seguridad fueron interpretados como actos de intervención.
Ahora, ya fuera del cargo, vuelve a ocupar los titulares por las dudas en torno al conocimiento que tuvieron las autoridades estadounidenses sobre el traslado de “El Mayo” Zambada, un episodio que ha reavivado el debate sobre soberanía y la transparencia en la cooperación bilateral.
Y cuando todavía no terminaban esas discusiones: Ronald Johnson empezó a escribir su propio capítulo. Desde antes de asumir el cargo, generó preocupación al no descartar acciones militares en territorio mexicano contra los cárteles de las drogas bajo determinadas circunstancias.
Posteriormente han surgido nuevos desencuentros con el gobierno de Claudia Sheinbaum por declaraciones sobre investigaciones criminales, cooperación en materia de seguridad y operaciones de inteligencia.
Lo verdaderamente interesante es cómo han ido evolucionando las controversias. En el siglo XIX el conflicto era territorial y consistía en definir el futuro del Estado mexicano. A principios del siglo XX giró alrededor de los golpes del Estado y el reconocimiento de gobierno.
Durante la Guerra Fría, el eje fue el anticomunismo. Hoy las disputas se llaman narcotráfico, migración, energía, T-MEC, Estado de derecho y cooperación judicial. Cambian los temas porque cambian los desafíos de cada época, pero el patrón permanece.
Está claro que la “diplomacia” estadounidense seguirá generando polémica, la pregunta sería cuándo. Desde Poinsett hasta Ronald Johnson, pasando por Henry Lane Wilson, John Gavin, Carlos Pascual, Christopher Landeau y Ken Salazar, la historia demuestra que los nombres cambian, los gobiernos se suceden y las agendas evolucionan, pero la controversia siempre se encuentra como telón de fondo. No es un problema de personas. Es un reflejo de una relación bilateral tan intensa que, invariablemente, convierte a sus embajadores en actores del debate político mexicano.
29 años de Afores
A 29 años de haber sido creado, herencia del neoliberalismo dirían, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administra alrededor de 9 billones de pesos en ahorros de 70 millones de mexicanos cuyas pensiones dependen de ello, equivalentes al 25 % del PIB, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).
Estos recursos son gestionados en su mayoría por Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y, en menor medida, por Infonavit y el Fovissste, entre otros. Se estima que para 2031 y 2032 se tendrán el doble de los recursos de los que hay actualmente.
Hoy en día, las cuentas individuales de las Afores son el principal patrimonio financiero de las familias mexicanas, solo detrás del valor de la vivienda, además de que cumplen una función estratégica para el país: son una de las principales fuentes de ahorro interno de largo plazo; fomentan la estabilidad macroeconómica; reducen la presión sobre los programas asistenciales; dinamizan los mercados financieros y, poco a poco y cada vez más, contribuyen al financiamiento de proyectos de infraestructura y energía.
Por todo ello, y porque los profesores de la CNTE se especializan en exigir imposibles, es que el gobierno prefiere darles prevendas, pero jamás acceder a la desaparición de las Afores, máxime que se prevé que, para después del 2050, los pensionados por Afores serán mayoría en el ISSSTE, pues todavía en la actualidad son mayoría los que se encuentran en el régimen del décimo transitorio, es decir, el que era una opción antes de la reforma, aunque se estima que disminuyan gradualmente a apartir de 2037.
Equifax adquiere Círculo de Crédito
Equifax, una de las tres agencias más grandes de informes crediticios al consumidor, adquirió a Círculo de Crédito, empresa líder en servicios de información crediticia y el buró de crédito de más rápido crecimiento en México, por un valor capital de 750 millones de dólares (USD).
Con ello, Equifax, con sede en Atlanta, expande su operación al mercado mexicano, ofreciendo a los clientes de Círculo de Crédito acceso a recursos de vanguardia en la industria, como las capacidades nativas en la nube, la tecnología patentada EFX.AI y productos galardonados para la protección de identidad y prevención de fraude, todas enfocadas en desarrollar herramientas que impulsen el crecimiento de los clientes fomenten la inclusión financiera.
Por su parte, Círculo de Crédito ha tenido ingresos estimados en 134 millones de dólares durante los últimos 12 meses reportados al 30 de junio de 2026, un aumento del 31%, y un EBITDA ajustado de 62 millones de dólares, y proyecta mantener un crecimiento sostenible de doble dígito durante el 2026.
Círculo cuenta con más de 80 millones de historiales crediticios, resguarda más de 2,000 millones de referencias crediticias y cuenta con más de 1,700 clientes, entre bancos, fintech de consumo/PYMEs, sofomes, sofipos, retail, y del sector telecomunicaciones, entre otros.
Tras el cierre de la adquisición, Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, y el equipo directivo continuarán al frente de la compañía, que se integrará a la unidad de negocios de Equifax International.
La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre y aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, y se prevé que concluyan durante el cuarto trimestre de 2026.
Para Equinox, México es uno de los mercados de crédito de más rápido crecimiento a nivel mundial, con las características de que más del 25 % de la población mexicana no tiene acceso a productos financieros formales, y casi el 44 % de la población no tiene una cuenta bancaria.
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