El nombramiento llega en un momento clave para la institución, que enfrenta un conflicto laboral y busca recuperar la estabilidad operativa de sus más de 300 sucursales en el país.
El Nacional Monte de Piedad anunció el nombramiento de José Antonio Murillo Garza como nuevo director general, cargo que asumirá a partir del 1 de junio, en medio de un proceso de reestructuración interna y tensiones laborales que han afectado la operación de diversas sucursales en el país.
Murillo Garza, quien cuenta con amplia trayectoria en el sector financiero y social, llega con la encomienda de fortalecer la gestión institucional y encauzar el diálogo con los trabajadores para restablecer la normalidad operativa. Su designación fue aprobada por el Patronato del Monte de Piedad, que destacó su experiencia en administración pública y liderazgo en procesos de transformación organizacional.
La institución, fundada en 1775 y considerada una de las más emblemáticas del sistema de asistencia social en México, atraviesa un momento complejo tras semanas de paro laboral en algunas de sus oficinas. El conflicto con el sindicato ha derivado en cierres temporales y retrasos en la atención al público, afectando la prestación de servicios de empeño y apoyo financiero a miles de usuarios.
En su primera declaración, Murillo Garza subrayó que su prioridad será restablecer la confianza y garantizar la continuidad de los servicios, además de fortalecer la transparencia y la eficiencia operativa. “El Nacional Monte de Piedad es una institución con una misión social invaluable; nuestro compromiso es asegurar su sostenibilidad y cercanía con las familias mexicanas”, afirmó.
El nuevo director general sustituye a José María Zas, quien encabezó la institución durante los últimos años y condujo parte del proceso de modernización tecnológica y financiera.
Con más de 300 sucursales en todo el país, el Nacional Monte de Piedad atiende a más de dos millones de personas al año y canaliza recursos a programas sociales y educativos. La llegada de Murillo Garza busca consolidar una etapa de reconciliación interna y renovación institucional, en un contexto donde la confianza pública y la estabilidad laboral son esenciales para preservar su legado histórico.