La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, incorporó a nuevas Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas, en seguimiento a reportes bancarios derivados de alertas internacionales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la aplicación de medidas preventivas de inmovilización a cuentas vinculadas con Personas Políticamente Expuestas (PEP) en Sinaloa, tras recibir reportes de instituciones financieras mexicanas que dieron seguimiento a señalamientos públicos realizados por autoridades de Estados Unidos.
La UIF explicó que las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) se realizaron con carácter estrictamente preventivo, derivadas de los llamados reportes “LPB 24 Horas” emitidos por bancos nacionales. Estas instituciones, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, activaron mecanismos de alerta respecto de clientes considerados como PEP, lo que llevó a la inmovilización precautoria.
El organismo subrayó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican acreditación de responsabilidad alguna. Se trata de acciones administrativas cuyo objetivo es proteger la integridad del sistema financiero mexicano frente a riesgos de lavado de dinero y financiamiento ilícito. Las personas incluidas en la LPB cuentan con medios de defensa previstos en la legislación, como el ejercicio de la Garantía de Audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales.
La UIF precisó que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la lista, aplicando los mismos criterios técnicos y analíticos que en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero. El procedimiento busca garantizar imparcialidad y transparencia, reforzando la confianza en los mecanismos de prevención y cumplimiento.
Este tipo de medidas se inscriben en un contexto de cooperación internacional, donde las alertas emitidas por autoridades extranjeras tienen impacto directo en el sistema financiero nacional. La relación de corresponsalía entre bancos mexicanos y estadounidenses obliga a mantener protocolos de cumplimiento que permitan reaccionar de manera inmediata ante posibles riesgos.
La UIF destacó que la inmovilización preventiva es una herramienta que permite ganar tiempo para analizar la información y evitar que recursos financieros puedan ser utilizados en actividades ilícitas. Al mismo tiempo, garantiza que las personas afectadas cuenten con mecanismos legales para defenderse y demostrar la licitud de sus operaciones.
Con estas acciones, la Secretaría de Hacienda busca enviar un mensaje claro: la protección del sistema financiero es una prioridad y las medidas preventivas son indispensables para blindar al país frente a riesgos internacionales. La inclusión de PEP de Sinaloa en la LPB refleja la capacidad de respuesta de las instituciones mexicanas ante alertas externas y la disposición de aplicar criterios de cumplimiento que fortalezcan la credibilidad del sistema financiero.
