La relación entre México y Estados Unidos se ha tensado cada vez más desde que el último día de abril, el Departamento de Justicia dio a conocer la imputación contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve políticos y funcionarios sinaloenses.
Contrario a las entregas expeditas de 92 delincuentes en menos de un año, argumentando la Ley de Seguridad Nacional, el gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República, optó por una ruta legal que le permita ganar tiempo y administrar políticamente lo que pueda, con miras a procesarlos en nuestro país.
El martes pasado será referencia no solo de las presiones actuales, sino de las acciones futuras de la administración Trump contra el narcoterrorismo en México y la narrativa del gobierno controlado por los cárteles, para lo cual ya tienen armado todo el entramado jurídico y político que justifique el uso de herramientas contraterroristas, financieras, militares y de inteligencia, incluidas operaciones extraterritoriales.
Ese día, en comparecencia ante la Cámara de Representantes, el secretario de Guerra, Peter Hegseth, reconoció que hay una colaboración sin precedentes, pero que esperan que el gobierno de México dé un paso más, “para que nosotros no tengamos que hacerlo”.
Mientras tanto, compareciendo en el Senado, el director de la DEA, Terry Cole, dijo que el caso de Rocha Moya es apenas “el principio de lo que está por venir”, al tiempo que señalaba que políticos mexicanos y narcotraficantes “han compartido cama por años”.
Las palabras han dejado de ser simple retórica con el pendiente de Rocha y la expectativa de cuándo se darán a conocer las siguientes acusaciones formales y contra quiénes.
Y por si había dudas de la molestia por la politización del caso de los agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua a mediados de abril, por la tarde del mismo día, la cadena CNN dio a conocer que agentes de la misma agencia “facilitaron” la explosión de una camioneta ocurrida el 28 de marzo pasado en el municipio de Tecámac, en la que fallecieron Francisco Beltrán, el “Payín”, operador del Cártel de Sinaloa, y el conductor del vehículo, quien habría recogido al presunto narco al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Posteriormente, el New York Times precisaría que la CIA ubicó al “Payín” y participó en la planeación del asesinato, el cual habría sido ejecutado por “fuerzas mexicanas”.
El secretario Omar García Harfuch y la vocera de la CIA hicieron lo único que podían hacer: negar la información. Noticia hubiera sido que lo reconocieran. La agencia de inteligencia jamás se ha adjudicado una acción encubierta y extraterritorial. En el caso del gobierno de México sería admitir la comisión de delitos graves, empezando por homicidio, ya ni hablar de las violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, donde lo sucedido en Chihuahua y las acusaciones de traición a la patria contra la gobernadora Maru Campos quedan en nivel de reporte escolar. Cabe señalar que CNN y NYT no se retractaron.
En su conjunto, este martes 12 de mayo fuimos testigos de una advertencia de Hegseth, una amenaza de la DEA, y un mensaje delicado que suena a recordatorio de complicidad; señales de que las presiones de Washington son para que México ceda por las malas o por las peores y a la brevedad.
Gran Bretaña y el desgaste de Occidente
Ícono de solidez democrática a nivel global por sus instituciones, su alternancia ordenada, su pragmatismo político y una economía capaz de reinventarse, Gran Bretaña vive su peor momento desde el triunfo del Brexit.
El país parece atrapado en el mismo ciclo de desgaste, polarización y desencanto que atraviesa buena parte de Occidente. El gobierno laborista de Keir Starmer enfrenta una caída acelerada de popularidad apenas dos años después de haber llegado al poder, mientras Nigel Farage y Reform UK capitalizan el enojo social con un discurso nacionalista y antiinmigración que hasta hace unos años parecía marginal. Lentamente el bipartidismo empieza a fracturarse frente a una ciudadanía que ya no vota por convicción sino por frustración.
Buena parte del deterioro se explica por una economía incapaz de recuperar dinamismo. Desde la crisis financiera de 2008, el crecimiento británico se ha mantenido débil y el Brexit terminó agravando los problemas estructurales que nunca desaparecieron. La deuda pública ya ronda el 95% del PIB. El sistema de salud enfrenta listas de espera históricas con más de siete millones de pacientes pendientes de atención y el costo de la vida golpea de frente a las clases medias pese a que la inflación se ha desacelerado.
Londres se mantiene como uno de los mercados inmobiliarios más inaccesibles de Europa y amplios sectores sienten que la movilidad económica dejó de existir. Paralelamente, la inmigración continúa dominando el debate político, aunque los distintos gobiernos –conservadores y laboristas– han endurecido sus discursos sin lograr reducir realmente el malestar social.
La paradoja británica es que ni siquiera la oposición tradicional parece beneficiarse plenamente de la crisis del gobierno. Los conservadores todavía arrastran el desgaste de Boris Johnson, Liz Truss y los años turbulentos posteriores al Brexit. Buena parte de ese electorado migró hacia Farage, cuya narrativa mezcla soberanismo, rechazo migratorio y un discurso antisistema muy cercano al trumpismo y al crecimiento de la derecha populista en Europa continental. Lo que ocurre en el Reino Unido preocupa en Bruselas porque refleja tendencias cada vez más visibles en Francia, Alemania, Italia o Países Bajos: partidos tradicionales debilitados, clases medias frustradas y ciudadanos que perciben que el crecimiento económico ya no mejora su vida cotidiana.
La relación con Estados Unidos refleja también parte de esa transformación. Históricamente, el Reino Unido actuó como puente natural entre Washington y Europa. El regreso de Trump a la Casa Blanca complica ese equilibrio. Londres necesita mantener esa alianza estratégica en materia militar y de inteligencia, especialmente frente a Rusia y la guerra en Ucrania, pero al mismo tiempo empieza a buscar un reacercamiento económico y regulatorio con la Unión Europea, porque el costo del Brexit se ha vuelto cada vez más pesado. Hoy el país que durante siglos exportó estabilidad institucional, parlamentarismo y moderación política empieza a exhibir el mismo desgaste político y social que atraviesa buena parte de Occidente.
Tal vez no se trate ya de quién gobierna sino del desencanto de millones de ciudadanos en distintas democracias desarrolladas que empiezan a sentir que el sistema completo dejó de ofrecerles la prosperidad, estabilidad y expectativas claras de futuro que la clase política les sigue prometiendo.
Utilidades, crédito y el reto de prestar con responsabilidad
Cada año, el reparto de utilidades se convierte en uno de los momentos de mayor dinamismo para el consumo y la colocación de crédito en México. Entre abril y mayo, millones de trabajadores reciben un ingreso extraordinario que impulsa decisiones financieras inmediatas como adelantar compras, cubrir deudas o acceder a nuevos financiamientos.
Sin embargo, detrás de este incremento en la demanda también aparece un desafío relevante para las instituciones financieras, evitar que un ingreso temporal sea interpretado como una mejora permanente en la capacidad de pago. En un entorno donde la cartera de crédito del país ronda los 7.9 billones de pesos, el otorgamiento responsable deja de ser una recomendación y se convierte en una necesidad para preservar la estabilidad financiera de los usuarios y del sistema.
En este escenario, Círculo de Crédito, la Sociedad de Información Crediticia, ha tomado un papel estratégico al promover una evaluación más precisa del riesgo y una lectura más inteligente del comportamiento financiero. Dicho buró ha insistido en la importancia de distinguir entre flujos recurrentes y temporales para evitar decisiones que terminen deteriorando la calidad de la cartera.
El verdadero riesgo no está en prestar más durante esta temporada, sino en otorgar montos que no correspondan con la realidad financiera de las personas una vez que el ingreso extraordinario desaparezca. La capacidad de análisis y el uso de información actualizada son hoy factores determinantes para construir relaciones crediticias sostenibles.
La discusión sobre inclusión financiera ya no puede centrarse únicamente en ampliar el acceso al crédito; también debe enfocarse en mejorar la calidad de las decisiones detrás de cada préstamo. Herramientas de análisis más sofisticadas, seguimiento constante y modelos de originación más precisos permiten que el crédito funcione como un instrumento de crecimiento y no como un detonante de sobreendeudamiento. De ahí la importancia de impulsar un ecosistema financiero donde el acceso al financiamiento vaya acompañado de mayor información, responsabilidad y sostenibilidad para millones de mexicanos.
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