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Las acusaciones que la justicia estadounidense ha dirigido contra gobernadores y autoridades mexicanas por presuntos vínculos con el narcotráfico no ocurren en el vacío. Se insertan en un contexto político en el que el propio gobierno de Donald Trump enfrenta un desgaste profundo: bajos niveles de popularidad de cara a las elecciones intermedias de noviembre, campañas militares con resultados cuestionables en distintos frentes, y un debilitamiento palpable de la economía doméstica.
La narrativa de Trump, centrada en el lema “Make America Great Again”, nunca se tradujo en hechos concretos. Por el contrario, la promesa de recuperar la grandeza estadounidense se ha visto erosionada por una combinación de fracasos estratégicos y crisis internas. Las intervenciones militares, lejos de consolidar liderazgo global, han expuesto las limitaciones de su política exterior. La economía, golpeada por inflación y pérdida de dinamismo, ha minado la confianza de los votantes.
En este escenario, las acusaciones contra autoridades mexicanas se convierten en un recurso político: un intento de desviar la atención hacia el sur de la frontera y reforzar la narrativa de que el enemigo externo es responsable de los males internos. Sin embargo, el efecto puede ser contraproducente. La ciudadanía estadounidense percibe cada vez más que los problemas de fondo (empleo, seguridad social, estabilidad económica) no se resuelven con discursos, ni con culpables externos, pero el electorado actúa más impulsivamente.
La estrategia de Trump se enfrenta así a un dilema: insistir en un relato de fuerza que ya no convence, o reconocer que su gobierno no ha cumplido con la promesa central de su campaña. La realidad es contundente: lejos de hacer más grande a Estados Unidos, lo está hundiendo en una crisis de credibilidad y eficacia, que jamás va a admitir.
El desenlace de las elecciones intermedias será un termómetro de esta contradicción. Si las acusaciones contra autoridades mexicanas se convierten en un eje de campaña, será necesario observar si logran distraer al electorado o si, por el contrario, refuerzan la percepción de que el gobierno recurre a cortinas de humo para ocultar sus propios fracasos.
No obstante, que México sea un efecto colateral de la campaña republicana, tiene un beneficio intrínseco, para desgracia de los políticos mexicanos. Será Trump, finalmente, el salvador de México. Podríamos estar dándole las gracias muy pronto.
Minería: la veta gris
La minería en México ya no enfrenta solo riesgos de mercado o regulatorios. En ciertas regiones se han ido normalizando operaciones en una zona gris donde la legalidad convive con la coerción, y no precisamente como una anomalía, sino como parte del costo de seguir produciendo.
El caso de la mina Camino Rojo, en Mazapil, Zacatecas, documentado por un panel del T-MEC, rompió una barrera de silencio que durante años se mantuvo intacta. Las conclusiones son apabullantes: hubo interferencia sindical, intimidación a trabajadores y uso de terceros para alterar decisiones laborales. En pocas palabras, la violencia entró al proceso productivo trascendiendo el ámbito de la seguridad para convertirse en un problema económico y comercial.
Empresas como Pan American Silver, Torex Gold Resources o Americas Gold and Silver operan en corredores marcados por altos niveles de violencia y presencia del crimen organizado, una realidad que coloca a muchas compañías ante una encrucijada: detener operaciones o adaptarse a las circunstancias.
El problema es que adaptarse es como hacer un pacto con el diablo. Cuando una empresa tolera –aunque sea de forma indirecta– la intervención de actores armados en la vida laboral, está modificando las reglas del mercado. El trabajo deja de ser un intercambio económico entre patrón y trabajador para convertirse en un impuesto. Los salarios, la representación sindical y las condiciones laborales dejan de responder a la productividad o competencia, y pasan a depender de quién controla el territorio. Esto no solo distorsiona la operación; distorsiona todo el sector.
La minería metálica en México no es marginal: representa una parte relevante de las exportaciones y está profundamente integrada a las cadenas globales. Cerca del 70% del sector tiene participación extranjera, particularmente canadiense. Esto significa que cualquier irregularidad escala rápidamente a mecanismos internacionales.
El propio T-MEC lo permite. A través de su mecanismo laboral, Estados Unidos puede sancionar directamente a una mina: bloquear exportaciones, imponer aranceles o retirar beneficios comerciales. Y eso es solo el primer nivel. Si el vínculo con el crimen organizado se considera sustantivo, entran en acción otras herramientas más agresivas, como las del Departamento del Tesoro, que puede excluir a una empresa del sistema financiero internacional.
Poniéndolo en perspectiva, no es una multa, es una desconexión. Sin acceso a financiamiento en dólares, sin bancos corresponsales, sin inversiones institucionales. En un sector intensivo en capital, eso equivale a la quiebra.
No se trata de una advertencia abstracta. El precedente ya existe y se llama Camino Rojo. El caso ya fue validado. Y los incentivos están alineados. Estados Unidos tiene herramientas legales, presión política interna y un interés creciente en vincular comercio con seguridad. México, en cambio, encara un dilema más complejo: reconocer el problema conlleva asumir costos políticos y económicos; ignorarlo implica ceder control territorial de facto.
En ese contexto, el silencio no puede ser una táctica; es un subsidio implícito a la irregularidad porque permite que el sistema funcione, aunque lo haga con reglas paralelas.
En minería, como en cualquier otra industria estratégica, cuando las reglas se definen por debajo de la mesa, lo que está en juego no es solo la producción, sino la capacidad del país para sostener una economía que opere dentro de sus propias leyes.
Secretaría de las Mujeres: ¿Llegamos todas?
El 16 de abril pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renuncia de Citlalli Hernández Mora a la Secretaría de las Mujeres, quien ese mismo día fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Este viernes se cumplen 23 días, y sigue vacante la titularidad de la dependencia.
En ese tiempo se han concretado otros cambios en el gabinete: María Luisa Alcalde a la Consejería Jurídica en sustitución de Estela Damían; la salida de Ariadna Montiel y la llegada de Leticia Ramírez a la Secretaría del Bienestar; la renuncia de Julio Berdegué a Agricultura y Desarrollo Rural, relevado por Columba López.
Anunciada su creación cuando era presidenta electa, la Secretaría sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con la finalidad de implementar la Política Nacional de Igualdad Sustantiva y garantizar los derechos de mujeres, adolescentes y niñas, así como el Desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados. Tratándose de la primera presidenta y que ha hecho énfasis en lo que representa para las mujeres mexicanas –“No llego sola, llegamos todas”-, causa extrañeza que no haya prisa en designar a su titular.
Extraño también, porque opciones hay, comenzando por la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, quien se desempeñó como secretaria de las Mujeres en la Ciudad de México en la administración de Sheinbaum como jefa de Gobierno. No han faltado nombres de militantes de Morena, con cargos afines, y varias diputadas que buscan saltar para seguir en el presupuesto. Cómo estarán las cosas en la misma dependencia que todavía en el portal oficial sigue apareciendo Citllalli Hernández como secretaria.
En medio de tantos temas de coyuntura delicados, no está de más que la primera mandataria resuelva el nombramiento por lo menos para que inicie quincena quien encabece una prioridad presidencial, o eso se pensaría.
El reto de construir empleos compatibles con la maternidad
El Día de las Madres suele estar acompañado de flores, festivales escolares y discursos que exaltan el valor de la maternidad. Sin embargo, detrás de esa celebración hay una conversación pendiente que el entorno laboral ya no puede postergar. Los resultados de la encuesta de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, evidencian que millones de mujeres siguen sosteniendo simultáneamente el trabajo profesional y el de cuidados bajo condiciones de desigualdad estructural. Que 78% considere que el cuidado infantil recae en las madres confirma que la corresponsabilidad sigue siendo una deuda cultural, organizacional y social.
Durante años, muchas empresas interpretaron la maternidad como un tema que cada mujer debía resolver por su cuenta, pero esa visión hoy resulta insuficiente. La demanda de horarios flexibles, esquemas híbridos, apoyos para el cuidado infantil y permisos familiares no responde a una búsqueda de privilegios, sino a la necesidad de construir condiciones laborales compatibles con la realidad contemporánea. Las madres trabajadoras no están pidiendo concesiones extraordinarias; están señalando las barreras que todavía limitan su permanencia, crecimiento y bienestar profesional.
Cuando el 91% de las personas considera que la maternidad impacta las oportunidades laborales de las mujeres, el mensaje es claro: el problema no es la maternidad, sino estructuras laborales diseñadas históricamente bajo modelos que asumían que las responsabilidades de cuidado recaían en alguien más.
El dato más preocupante no es la percepción de discriminación o la dificultad de ascenso, sino el desgaste emocional que viven las madres trabajadoras. El agotamiento mental y la carga del cuidado aparecen como el principal reto, lo que obliga a replantear la conversación desde una perspectiva más humana y estratégica. Los entornos laborales más competitivos serán aquellos capaces de reconocer que el bienestar, la flexibilidad y la empatía también son factores de desempeño organizacional. La maternidad no debería representar una pausa profesional ni una desventaja, debería impulsar la construcción de culturas laborales más sostenibles.
En este contexto, el 10 de mayo también puede convertirse en una oportunidad de reflexión para el sector empresarial mexicano. Más allá de las campañas internas o los mensajes conmemorativos, las organizaciones necesitan preguntarse qué tipo de cultura están construyendo y si realmente están preparadas para responder a las nuevas expectativas del talento. Las empresas que comprendan que apoyar la maternidad también significa fortalecer liderazgo, permanencia y compromiso laboral estarán leyendo correctamente el momento que vive México.
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