Siguiendo el ideario de su mentor, Andrés Manuel López Obrador, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó una prohibición amplia de los vapeadores y cigarros electrónicos.
Carentes de imaginación, los legisladores cayeron ante la tentación fácil del prohibicionismo como solución rápida a un problema complejo. La narrativa gubernamental se enfoca en la protección de la salud de los jóvenes adolescentes frente a los riesgos asociados a este tipo de artefactos.
Pero no todo se reduce al problema de salud. La forma y el alcance de la veda abren un debate más amplio sobre libertades, eficacia y consecuencias no previstas. Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, uno de los paladines del dictamen, intentó infructuosamente matizar señalando que los consumidores no serán sancionados, dejando las medidas disciplinarias para quienes produzcan, distribuyan o vendan estos dispositivos.
La idea central —dijo— busca desmantelar el mercado que obtiene ganancias millonarias en detrimento de la salud de los jóvenes, no criminalizar a quienes vapean. Una manera simplista de ver un problema que encierra una gran complejidad. La experiencia internacional ha demostrado que prohibir un mercado no lo extingue, por el contrario, lo empuja al terreno del crimen organizado, donde los productores se vuelven más peligrosos porque dejan de estar sujetos a controles sanitarios.
Paralelamente, la proscripción choca de frente con un debate de fondo: las libertades individuales. En un país en donde el tabaquismo tradicional –legal, disponible y fiscalizado– sigue siendo uno de los principales factores de muerte –hablamos de cerca de 60 mil muertes al año–, resulta ridículo penalizar a quienes producen o distribuyen una alternativa que ha sido regulada en otras latitudes.
Naciones como Gran Bretaña y Nueva Zelanda no optaron por la prohibición total, sino por el control estricto, el etiquetado, la restricción de sabores orientados a menores y la supervisión sanitaria rigurosa. Regular funciona mejor que prohibir.
Monreal insiste en que la medida no vulnera libertades porque el consumo no será sancionado; sin embargo, los límites entre el uso permitido y la actividad prohibida son tan reducidos que convierten a nuestro país en un lugar en donde puedes consumir algo legalmente, pero adquirirlo es ilícito. Un sinsentido jurídico. Así que la consecuencia inmediata no será una mejora en la salud pública, sino la apertura de un mercado clandestino, ya no resguardado por la ley sino por la violencia criminal.
La intención de proteger a la juventud es indudablemente buena; sin embargo, una política pública debe equilibrar salud, libertades y eficacia real. Prohibir por decreto suena bien para los encabezados de los medios sensacionalistas, pero regularmente resulta socialmente inútil y lamentablemente no se ve que esta vaya a ser la excepción.
Intervención de EU en México: ¿una amenaza real?
El amago del presidente estadounidense Donald Trump sobre un posible ataque militar para combatir a los cárteles de la droga en México, más allá de que en verdad pueda concretarse, podría tratarse de una herramienta de presión política, a fin de obtener diversos beneficios para su administración.
Mucho se ha dicho sobre lo que representaría una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que de entrada, constituiría una violación al derecho internacional, particularmente al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual señala que las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa, serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, además de que, en algún momento, el ex secretario de la Defensa, Mark Esper, lo dijo claro y con todas sus letras: significaría una declaración de guerra.
Algo que sería más probable sería una acción encubierta, que implicaría el ingreso de fuerzas especiales para ubicar objetivos concretos, incluso como en su momento fue el caso de la búsqueda y localización del líder terrorista Osama Bin Laden.
Pero en caso de que la remota posibilidad de que el país de las barras y las estrellas ordenara una intervención en México, las consecuencias podrían ser potencialmente desastrosas, ya que eso podría implicar una cruenta escalada de violencia y desde luego conllevaría repercusiones económicas y políticas.
En innumerables ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha descartado una intervención extranjera y se ha pronunciado por defender la soberanía nacional, no obstante, el mandatario norteamericano también ha insistido en denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y luego de que hace unos días se registrara la explosión de un auto en Michoacán, que no nos extrañe que hechos como ese sean usados como pretexto para justificar los dichos del republicano.
Ya veremos si las amenazas de Donald Trump se quedan en simples amagos o si en realidad tienen un sesgo de verdad, lo que representaría que enfrente muchas implicaciones internacionales. Quizá en el fondo tenga presente que no sería la mejor decisión, al menos no en el caso de México.
¿Cuántos celulares tiene usted?
En México hay más líneas de telefonía móvil activas que habitantes, estimándose en 151.8 millones de líneas, de acuerdo a la consultoría de telecomunicaciones The Competitive Inteligence Unit (CIU). Por lo menos en 20 años han habido algunos intentos de contar con una base de datos de telefonía móvil y ninguno ha logrado consolidarse, sin control del negocio que permite puntos de venta en cualquier lado.
Este desorden podría terminar pronto, o eso se esperaría.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó en su edición vespertina del pasado martes el Acuerdo mediante el cual el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, el cual establece a partir del 9 de enero de 2026, la vinculación de cada línea telefónica a una persona física o moral.
La finalidad de la medida es eliminar el anonimato en llamadas para cometer delitos, particularmente extorsiones y fraudes, aunque también ayuda a la investigación de otros, dado el uso común de los teléfonos celulares en la vida diaria. El registro ya lo realizan los operadores telefónicos para el servicio de pospago, y serán ellos los que resguarden la información, cumpliendo con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Las identificaciones con las que se podrán asociar las líneas telefónicas a personas físicas son credencial de elector o pasaporte y CURP; en el caso de las personas morales, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Obviamente que con estas medidas no van a desaparecer las extorsiones y fraudes, ni robos de celulares, pero sí facilita su rastreo y obstaculiza su ejecución, pues aun con la suplantación de identidad, se pueden identificar patrones y datos que ayuden a identificar a los responsables, no solo entre los compradores sino entre quienes venden los equipos. En otros países, Corea del Sur por ejemplo, el número telefónico queda asignado a la persona; si ésta pierde el aparato, compra otro y vuelve a tener su mismo número. Aquí, como en otros países también, un delincuente puede cambiar de celular en cada llamada, o una persona tener varios celulares y ni su familia se entera. Urge poner un orden en ello.
IA y búsqueda de empleo
Por años, la búsqueda de empleo se mantuvo prácticamente intacta: vacantes, filtros, entrevistas y, para bien o para mal, muchas dudas. Hoy, la Inteligencia Artificial ha irrumpido en ese proceso con una velocidad que pocos anticiparon y con un impacto que ya no admite discusión ya que, de acuerdo con el estudio “Inteligencia Artificial en el empleo: uso, retos y principios para una selección ética” de Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, 66% de los candidatos afirma que la IA ha mejorado su experiencia al buscar trabajo, lo que nos deja ver que la tecnología dejó de ser accesorio y se convirtió en un actor central del mercado laboral.
Los candidatos identifican tres beneficios claros: mejores coincidencias entre perfiles y vacantes (33%), procesos de selección más rápidos (23%) y retroalimentación más clara y oportuna (21%). En un ecosistema laboral donde la competencia es feroz, estas ventajas no son menores. La IA está resolviendo fricciones históricas, desde la saturación de vacantes irrelevantes hasta semanas de silencio entre una entrevista y otra.
Sin embargo, todo avance acelerado también trae inquietudes que conviene no minimizar, ya que persisten riesgos que empiezan a incomodar a los profesionales: algoritmos con sesgos, procesos impersonales y descartes automáticos sin revisión humana. El 65% quiere que las decisiones finales sigan en manos de reclutadores; 48% pide retroalimentación clara y 47% demanda protección y uso transparente de sus datos. No se trata de frenar la tecnología, sino de utilizarla con responsabilidad y acompañamiento humano.
El mercado laboral de 2025 envía un mensaje claro: la IA no sustituirá al criterio humano, pero sí obligará a elevarlo. Las organizaciones que logren equilibrar precisión algorítmica con sensibilidad humana no solo atraerán mejor talento, sino que construirán procesos más justos, transparentes y confiables. La tecnología puede darte velocidad; la ética, en cambio, te da reputación y en un ecosistema laboral donde la confianza es un activo escaso, ese es el verdadero diferenciador.
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