A un año de la presentación del Plan México, el balance obliga a ir más allá del discurso político y preguntarse qué tanto de esta estrategia ha permeado realmente en la economía productiva del país. El plan surgió en un contexto favorable: tensiones geopolíticas, reconfiguración de las cadenas globales y una ventana histórica para que México capitalizara su cercanía con Estados Unidos. Sin embargo, doce meses después, el optimismo inicial convive con una realidad poco convincente, en la que los avances son pocos y los obstáculos estructurales permanecen intactos.
El Plan México fue concebido como una estrategia integral de desarrollo económico orientada a aprovechar el fenómeno de la relocalización o nearshoring mediante la atracción de inversión extranjera, el fortalecimiento de cadenas productivas nacionales y la creación de polos regionales de crecimiento.
La idea central implicaba atraer empresas hacia el país con la promesa de una simplificación administrativa y una coordinación entre sectores públicos y privados con énfasis en sectores estratégicos como manufactura avanzada, electromovilidad, logística, energía y tecnología. La narrativa oficial hablaba de una cartera potencial a mediano plazo superior a los 250 mil millones de dólares, así como de la generación de miles de empleos formales. Buenas intenciones que no han alcanzado a materializarse.
Las cámaras empresariales han sido consistentes en su postura. Órganos como el Consejo Coordinador Empresarial o la American Chamber México han respaldado el diagnóstico, aunque siempre con sus reservas. El sector privado reconoce que el potencial del nearshoring existe, pero requiere de condiciones mínimas para traerlo a la realidad. No es casual que el 60% de las empresas identifique la falta de energía, agua e infraestructura logística como la principal barrera para el ingreso de nuevos capitales, aun por encima de las cargas fiscales o laborales.
Los números hablan por sí mismos. Entre 2024 y 2025 México captó entre 33 y 36 mil millones de dólares anuales de Inversión Extranjera Directa, una cifra impactante, pero que pierde brillo cuando descubrimos que alrededor del 70% de esa IED corresponde a reinversión de utilidades, mientras que solo entre el 12 y el 15% puede clasificarse como nuevas inversiones productivas asociadas directamente a la relocalización. Más que un océano de nuevas plantas, lo que predomina es la expansión de empresas ya instaladas.
La aplicación de aranceles por parte de Washington reforzó el atractivo de México como plataforma productiva bajo el paraguas del T-MEC; sin embargo, la aplicación impositiva al acero, aluminio, componentes automotrices y productos energéticos ha elevado los costos generando incertidumbre. Cumplir con las reglas de origen más estrictas ha implicado ajustes que no todas las empresas pueden costear sin afectar márgenes o precios. Así, México es atractivo, pero no plenamente competitivo.
Pensar que el Plan México pueda ser una solución estructural para los problemas del país es una quimera. Si acaso puede impulsar el crecimiento manufacturero –que ya representa cerca del 20% del PIB– y fortalecer exportaciones, pero no corrige por sí solo la informalidad, que sigue rondando el 55% de la fuerza laboral, ni la baja productividad que ha crecido a tasas inferiores al 1% anual en la última década.
De cara a 2026, lo que puede esperarse es una etapa de definición. Si el Plan México logra traducirse en inversión pública efectiva, ampliación de capacidad energética, mayor certidumbre regulatoria y una integración real de proveedores nacionales, el nearshoring podría elevar su contribución al crecimiento económico. Si no ocurre, México corre el riesgo de perder una ventana de oportunidad frente a otros destinos que ya compiten agresivamente por las mismas inversiones. Y esas ventanas, en la economía global, rara vez se vuelven a abrir.
Trump y el neocolonialismo
Las recientes amenazas y declaraciones de Donald Trump en torno a Groenlandia vuelven a poner de relieve un patrón ya conocido del presidente estadounidense: el uso de la provocación como herramienta política. No se trata únicamente de una excentricidad diplomática, sino de una visión del mundo en la que el poder se ejerce como una transacción y los territorios parecen reducirse a activos estratégicos negociables.
Las palabras de Trump —ya sea planteando compras, presiones económicas o asuntos de seguridad nacional— no pueden analizarse de forma aislada. Encajan en una narrativa más amplia en la que la fuerza y la intimidación sustituyen al diálogo y la cooperación, en realidad erosiona la confianza, debilita alianzas y normaliza un lenguaje que roza el neocolonialismo.
Europa, y especialmente los países nórdicos, observan estas actitudes con creciente preocupación. No solo por la seguridad del Ártico, una región cada vez más estratégica debido al cambio climático y a la competencia entre potencias, sino porque este tipo de discursos cuestiona el sistema de reglas que ha sostenido décadas de relativa estabilidad.
La OTAN, por su lado, en tímidas respuestas, prácticamente ha quedado rebasada y evidenciada su ineficacia. El ataque entre países miembros de la Organización ya ha sucedido (Turquía y Chipre 1984) y la inacción de la dirigencia fue monumental, como lo está siendo ahora.
Argumentar que Estados Unidos tiene que tener control antes de que otros países lo hagan, léase China y Rusia, es volver al principio básico de la Guerra Fría. Trump y su administración están involucionando al país, y pretenden hacerlo con el mundo entero.
Las acciones, conductas y expresiones del presidente Trump recuerdan los momentos más vergonzosos del siglo pasado y parecen no terminar, ni dejar de sorprender, pues está logrando lo que ningún mandatario a hecho en la historia… que el resto del mundo esté en contra de él.
Trump actúa irresponsablemente, como un adolescente, ignorante y bravucón que no ha tenido experiencias, sino de maltrato. Y es que Donald es un ser despreciable, siempre lo ha sido y así lo han visto desde joven. No tuvo otro camino que ser un “bully” y, al parecer, ya es tarde para que comience alguna terapia; sin embargo, no necesita un doctor, necesita una lección.
La diferencia entre daño y pérdida en un desastre
Es común que se refieran ambos términos para hablar del conjunto de afectaciones o incluso que se mencionen como si fueran sinónimos cuando se habla de los resultados de una catástrofe, sin embargo, hay claras diferencias. De acuerdo a la doctora Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, el daño se define por las afectaciones en términos monetarios de todos los acervos afectados durante los siniestros, y esa cuantificación general contempla la magnitud física y el precio del valor de reposición, y con eso se plantea el nivel de daño. Los daños se pueden cuantificar de manera prácticamente inmediata después del desastre.
En el caso de la pérdida, depende de la respuesta social y política ante el desastre, y se asocia a todos los bienes y servicios que se dejan de producir durante el lapso en el cual el daño no ha sido repuesto, es decir, un gasto adicional al daño. Se trata de un proceso a más largo plazo, donde se habla no solo de la reconistrucción de la parte material, sino de la recuperación con la parte económica, negocios y medios de vida, salud, migración forzada, entre otros, explicó la experta, junto con el consultor Julio César Fuentes, ante miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Para atender daños y pérdidas de un desastre -sismos, huracanes, inundaciones-, hay diferentes herramientas financieras para prevenir y atender los desastres. Desafortunadamente, la mayoría de estas opciones representan un gasto reactivo, como ls ayuda humanitaria, el ahorro y el gasto público, la deuda y los seguros.
En ese sentido, Julio César Fuentes abundó en una quinta opción: los instrumentos fiscales y de financiamiento urbano para obtener recursos desde lo local, relacionadas con la captura de plusvalías, es decir, que todas las inversiones públicas revalorizan terrenos y propiedades, y el objetivo es obtener una parte de esa revalorización para el financiamiento de nuevas inversiones públicas. Hay ejemplos con instrumentos fiscales como las contribuciones por mejoras, las cargas de desarrollo, el reajuste de suelo, que se utilizan en México, aunque no necesariamente destinadas a prevenir o atender desastres.
Y es momento de plantearse que los recursos para prevenir y atender desastres vengan de lo local. En México hay 92 metrópolis, que aportan cerca del 83 % del PIB y concentran cerca del 82 %. Sin embargo, el principal ingreso de los municipios, el predial, representa solo el 0.11 por ciento del PIB de México, de los más bajos de los países miembros de la OCDE y de América latina. Es momento de repensar la atención a los desastres desde lo local, para atender de manera integral daños y pérdidas.
