Hay momentos en la historia de una nación que definen su futuro a largo plazo. Lo que está ocurriendo en Minneapolis –y, por extensión, en otras partes de Estados Unidos– es uno de esos momentos. No es solo una crisis migratoria. Es la crisis de la autonomía civil frente a un aparato federal que se expande sin freno, que redefine su rol, que actúa, como si las barreras entre la ley y la fuerza desproporcionada no existieran.
Con la llegada de Donald Trump al poder, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ya no es simplemente la agencia que busca indocumentados: al paso de las semanas se ha ido transformando en un ejército del interior, una fuerza de ocupación con miles de agentes desplegados, que se comporta de manera casi militar en ciudades como Minneapolis. La llamada “Operación Metro Surge” llevó a la movilización de 3,000 agentes federales en las Twin Cities, en un número que supera por mucho al de la policía local y altera la vida social cotidiana.
El asesinato de Alex Pretti, un enfermero estadounidense que grababa protestas y fue abatido en medio de una operación, ha encendido la chispa de un estallido cívico de gran calado. Las imágenes contradicen las versiones oficiales, y muestran acciones de los agentes que parecen más propias de un estado de guerra que de un país cuyas instituciones garantizan (o debieran) garantizar un estado de derecho.
No se trata ya de defender a los migrantes indocumentados per se, sino de un grito de alarma desde una comunidad que siente que su soberanía municipal está siendo pisoteada por un poder federal que actúa sin límites claros.
Oficialmente, ICE debe cumplir leyes migratorias federales. En la práctica, sus tácticas han incluido detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses según reportes de prensa, casos documentados de incursiones en barrios, escuelas, iglesias y lugares sensibles, y un uso de la fuerza que ha escalado hasta derivar en muertes y heridas graves.
Con su popularidad en picada, Donald Trump ha defendido estas acciones no solo como cumplimiento de la ley migratoria, sino como una coreografía política calculada para reforzar su imagen de “mano dura”; incluso cuando muchos legisladores conservadores empiezan a distanciarse de sus políticas por considerar que ya cruzaron la línea. El presidente ha duplicado su retórica y ha llegado incluso a discutir medidas extremas –como la invocación de la Ley de Insurrección, usada históricamente para desplegar fuerzas armadas internas– para acallar la disidencia.
El peligro es real: la expansión de la autoridad del ICE –y de otras fuerzas federales– sobre la vida civil estadounidense, bajo la excusa de la inmigración, abre la puerta a una erosión gradual de la confianza en las instituciones.
Cuando agentes armados, con respaldo federal, disparan y matan dentro de las calles urbanas a ciudadanos, ¿qué límite queda entre la aplicación de la ley y la coacción política? No se trata de una alegoría apocalíptica decir que, cruzados estos umbrales con tensiones económicas -como la inflación persistente– y crecientes confrontaciones diplomáticas, el tejido social puede desgarrarse de formas impredecibles.
Esto va más allá de Minneapolis. Los datos muestran que, donde ICE realiza operativos masivos, el riesgo de confrontaciones violentas aumenta notablemente y la percepción ciudadana de justicia se agrava. Tendríamos que empezar a preguntarnos si esta escalada de poder no es el preludio de una fractura mucho más profunda de la sociedad estadounidense, una fractura en que la autonomía civil ya no será negociable, y donde los ciudadanos –más allá de defender migrantes– estarán forzados a defender sus derechos frente a su propio gobierno.
El IEPS, el “turbo” de la recaudación aduanera
Si la recaudación aduanera fuera un motor, el IVA sería el combustible estándar, pero el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) ha funcionado este último año como un turbocompresor de alta potencia. Mientras que el IVA creció a un ritmo constante, el IEPS en aduanas registró un repunte cercano al 32% (con picos de hasta el 50% en algunos meses de 2025), convirtiéndose en la pieza clave para entender cómo México logró romper la barrera del billón de pesos.
¿Cómo un impuesto que suele ser impopular se volvió el motor del erario? La respuesta está en una estrategia de pinza: fiscalización agresiva y una política de “cero estímulos”.
Durante gran parte del sexenio pasado, el gobierno federal utilizó estímulos fiscales para suavizar el precio de la gasolina frente a la inflación mundial. Al reducir la cuota de IEPS que pagábamos en la bomba, la recaudación en las aduanas, por donde entra más del 70% de la gasolina que consumimos, bajaba drásticamente.
En 2025, la administración de la presidenta Sheinbaum cambió el rumbo. Con un precio del petróleo más estable pero una necesidad urgente de ingresos públicos, se optó por reducir los estímulos fiscales. El resultado fue inmediato: cada litro de combustible importado empezó a dejar en la aduana la cuota completa del impuesto. No es que hayamos importado más gasolina (de hecho, el volumen se estabilizó), es que dejamos de perdonar el impuesto en la frontera.
El segundo factor, y quizá el más relevante para el Estado de derecho, es el combate al contrabando técnico. Bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas, se detectó que grandes volúmenes de combustible ingresaban al país declarados falsamente como “lubricantes” o “aceites industriales” para evitar pagar las cuotas de IEPS (que son mucho más altas para la gasolina y el diésel).
La implementación de laboratorios móviles en puertos como Manzanillo y Tuxpan permitió verificar la composición química de los cargamentos en tiempo real. Al cerrar la llave de este “huachicol fiscal”, mercancías que antes no pagaban un solo peso de IEPS ahora contribuyen con miles de millones.
Aunque los combustibles representan la mayor parte, no podemos ignorar el ajuste a los llamados “impuestos saludables”. Los incrementos en las cuotas a bebidas saborizadas y tabacos labrados (que subieron un 20% para este ciclo) también se cobran en el punto de entrada. Con el auge de productos de importación en el sector de alimentos procesados, la aduana se convirtió en el primer filtro para aplicar estas políticas extrafiscales.
Pasos de fauna y movilidad sostenible
Desde noviembre de 2023, es obligación en cualquier proyecto de infraestructura de vía de comunicación contemplar los pasos de fauna, sin embargo, en los hechos ha sucedido que se omiten total o parcialmente por falta de presupuesto.
Expertos como Juan José Orozco y Orozco, presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (Amivtac) y Juan Carlos Tejeda, coordinador de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), reconocen que toda obra de infraestructura genera impactos ambientales, por lo que se deben gestionar desde una planeación temprana, y no al final, por lo que es necesario incorporar desde la planeación variables ambientales claves –como el flujo hídrico, la conservación de ecosistemas y la conectividad de la fauna– y adoptar enfoques como la ecología de carreteras, basados en la evidencia científica.
Precisamente en el Colegio de Ingenieros Civiles de México estuvo Carlos Manterola, presidente de la asociación civil Grupo Anima Efferus, dedicada a la ecología de carreteras, la cual consiste en el estudio de interacciones entre carreteras y medio ambiente, en escalas de espacio y tiempo; y la cual requiere un trabajo interdisciplinario, con ciencias y disciplinas como biología de la conservación, ciencias sociales, arquitectura del paisaje, sistemas de información geográfica, ingeniería civil y ciencias económicas.
Manterola comentó que el reto es demostrar que no hay contradicción entre carreteras y biodiversidad, porque la conectividad es fundamental para garantizar el movimiento libre de personas, el abasto de bienes y servicios, el crecimiento económico, así como la paz y la gobernanza del país. Así también, dijo, garantizar la conectividad ambiental, para mantener el flujo hídrico, el movimiento libre de especies, el flujo genético, la conservación de los recursos naturales del quinto país más rico de diversidad en el planeta, pero también entre el quinto y sexto con más especies en peligro de extinción.
Manterola ejemplificó con el trabajo realizado en el llamado “hot spot mesoamericano”, la segunda región ambiental más importante del planeta, particularmente en la zona que corresponde al sur del país y la península de Yucatán, que alberga una gran diversidad de vida silvestre y al mismo tiempo se encuentra muy amenazada. Para ello, explicó, colocaron cámaras en la zona y collares de telemetría en jaguares para analizar su comportamiento y ver qué se tenía que hacer para conservar una especie catalogada como en peligro de extinción. Estos estudios les permite definir trazos de vías de comunicación, así como lugares adecuados para diferentes tipos y diseños de pasos de fauna, considerando que la presencia de jaguares es garantía de una diversidad de fauna muy completa.
Se trata solo de una parte del trabajo multidisciplinario que se tiene que realizar para evitar o mitigar la fragmentación de hábitats, la alteración de corredores biológicos, la presión sobre áreas naturales y la afectación a especies en peligro de extinción, tanto en México como en otras regiones del mundo.