Ocurrió como en las grandes tragedias, justo cuando nadie lo esperaba. El 4 de julio, mientras los estadounidenses se preparaban para celebrar el 249 aniversario de su independencia, en Hill Country, Texas, se gestaba una tormenta de grandes proporciones que detectó con toda pertinencia el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos (NWS) al norte de Kerrville. Ante la inminencia del desastre se emitieron alertas por inundaciones repentinas, pero en la región nadie escuchó las sirenas que desde hace semanas habían sido apagadas para ahorrar unos céntimos.
A casi una semana de la tragedia, no hay responsables, pero eso sí, los políticos se fustigan los unos a los otros, se lanzan acusaciones y se refugian en tecnicismos mientras las familias entierran a sus muertos, al momento 109 contabilizados -más los que se sumen de entre los 180 que se registran como desaparecidos-, muchos de ellos niños que no alcanzaron a refugiarse en las zonas altas.
Es inevitable hablar de los recortes presupuestales que, si bien no podrían haber detenido la catástrofe, por lo menos sí habrían ayudado a reducir el número de víctimas mortales. Es ahí en donde entra la figura fantasmagórica de Elon Musk, quien en su paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), se dio a la tarea indiscriminada de reducir el gasto público sin hacer un examen riguroso de los distintos entes que mantenían viva a la administración.
Entre sus “revolucionarias” ideas, reemplazó parcialmente a expertos humanos con Inteligencia Artificial en organismos como el Servicio Meteorológico Nacional; privilegió sistemas privados para tareas públicas como por ejemplo las alertas meteorológicas basadas en redes de sensores privados o satélites de SpaceX.
Bajo estas políticas, el NWS perdió no solo personal sino estaciones de monitoreo y presupuesto para mantenimiento. El diario Houston Chronicle reportó que Texas tenía una cobertura deficiente de sensores fluviales y estaciones de monitoreo, muchas de ellas inoperantes. Paralelamente, Musk promovió el uso de IA y datos de SpaceX en lugar de una red pública terrestre algo que en eventos locales que se desarrollan a altas velocidades es insuficiente.
DOGE antepuso concesionar los sistemas de alerta temprana a proveedores privados complicando la coordinación entre agencias estatales y federales. En Texas se vio reflejado en la falta de sirenas comunitarias y la falta de una responsabilidad clara entre condados, estado y federación.
Ya habrá tiempo para entregar cuentas. Sería bueno escuchar al empresario argumentar sobre su idea de “eficiencia”, porque aún de manera indirecta sus políticas sí abonaron a que Texas estuviera menos preparado para enfrentar una emergencia de este calado, limitando los recursos, datos y coordinación federal en una emergencia en la que cada segundo resultaba trascendental. Funestamente al final los ahorros terminaron contabilizándose en vidas truncadas.
El pacto entre EPN y AMLO… ¿realmente existe?
Mucho se ha comentado sobre el supuesto pacto de no agresión entre los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Desde el cambio de administración en 2018, el radio pasillo ha hablado en reiteradas ocasiones sobre la existencia de este acuerdo, aunque es algo que solamente ambos podrían confirmar. Lo que es un hecho es que las alusiones entre ambos nunca tuvieron un tono beligerante.
El respeto entre los dos, en sus declaraciones públicas, siempre fue evidente. Si López Obrador se refería a la corrupción en la pasada administración, no hacía alusión directa de Peña Nieto, sino genéricamente o por terceras personas. Es el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, proyecto al cual se opuso desde un principio el ex jefe de gobierno, al calificarlo de suntuoso y ejemplo de la corrupción. Por el lado de Peña Nieto, el silencio siempre había sido el sello de la casa, hasta hace unos días.
Fue precisamente en un documental denominado “NAIM un aeropuerto para el siglo XXI. Texcoco, la decisión del presidente”, producido por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y difundido a través de la plataforma YouTube, donde el priista levantó la voz. Sin mencionar al morenista, al referirse al nuevo aeropuerto, el ex gobernador del Estado de México aseguró que no ha quedado acreditado un manejo que no sea acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y de combate a la corrupción.
Y coincidentemente, aunque se dice que en la política no existen las casualidades, el pasado domingo se dio a conocer en primera plana de uno de los más importantes medios a nivel nacional, una investigación periodística que tiene su origen en un diario israelí sobre un supuesto soborno al ex mandatario mexiquense, cercano a los 25 millones de dólares, por parte de dos empresarios israelíes que vendieron el llamado software espía Pegasus al gobierno de México.
Dos días después, en la llamada Mañanera del Pueblo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que ratificará una solicitud que hizo al gobierno de Israel para que proporcione información sobre los dichos de ambos empresarios, para estar en condiciones de reabrir esa línea de la investigación y así poder presentar ante la autoridad judicial el caso.
¿Qué significa eso? Que por primera ocasión estaríamos hablando de una investigación que involucre directamente a Enrique Peña Nieto, lo cual no ocurrió ni lejanamente en la administración de López Obrador, en la que ninguna indagatoria tocó siquiera con el pétalo de una rosa al predecesor de AMLO. Luego entonces, ¿existe o no el pacto entre AMLO y EPN? Y de existir, ¿será que se rompió el acuerdo o simplemente el trato no aplica con la presidenta Claudia Sheinbaum? Vamos a ver hasta dónde llega la investigación o si solamente se trata de mediatizar el tema.
Robo de combustible: 69 millones de litros después
Sin ponerse de acuerdo, este miércoles, dos de los principales diarios de México dieron a conocer información muy reveladora y complementaria sobre lo que sucede con el robo y contrabando de combustible en México, y que ha quedado evidenciado con los grandes aseguramientos sin precedentes realizados en lo que va del sexenio, específicamente a partir del 28 de marzo, cuando se fue la primera gran incautación con 8 millones de litros con contenedores, tractocamiones, remolques y motobombas en Ensenada, Baja California.
Ayer, el Universal destacó que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo ya decomisó 50.4 por ciento más litros de hidrocarburos en sus primeros nueve meses que lo asegurado durante todo el sexenio de López Obrador. Son más de 69 millones 376 mil litros de combustible asegurados en lo que va de este gobierno, respecto a 46 millones 102 mil litros de hidrocarburos de los seis años de lopezobradorismo. Por su parte, Reforma refirió que las dos empresas importadoras y distribuidoras de combustible relacionadas con los megaaseguramientos del puerto de Altamira y de Coahuila -que suman 25 millones de litros-, tuvieron permisos de importación gasolina y diésel otorgados por la Secretaría de Energía, pero pasaban éstos como aditivos para evadir el pago del IEPS.
Esto evidencia que, hasta el pasado sexenio, la atención estuvo puesta en las tomas clandestinas y las cantidades de hidrocarburos derivadas de éstas, casi siempre bidones, excepcionalmente pipas, ya ni hablar de ferrotanques o buques. Nadie estaba volteando a ver el contrabando con Estados Unidos ni el robo de combustible que, por sus millones de litros no se explica con piquetes improvisados, sino con un nivel de corrupción que necesariamente involucra a autoridades de los tres niveles de gobierno, además de personal de Petróleos Mexicanos. Esto último es clave, pues no es lógico que estas cantidades de combustible en pipas, ferrotanques y contenedores provengan de perforaciones a ductos sino, más probable, directamente, de instalaciones de Pemex.
Curiosamente, esto último alguna vez lo señaló López Obrador en el inicio de sexenio, refiriéndose al huachicoleo realmente relevante y no el de las tomas clandestinas. Sin embargo, todo quedó en palabras de una mañanera, porque nadie tomó nota de ese modus operandi, siguieron combatiendo el robo de combustible como siempre y hasta el presidente decretó que se había acabado con el ilícito.
69 millones de litros después, más los que seguramente faltan, dejan claro que muchos se hicieron de la vista gorda.
La oferta inmobiliaria de la Zona Metropolitana de Monterrey
La Zona Metropolitana de Monterrey está constituida por 16 municipios incluida la capital de Nuevo León. Se trata de la segunda zona metropolitana más poblada del país, con más de 5 millones de habitantes, con un crecimiento económico que conlleva un movimiento constante del mercado inmobiliario, cada vez más digitalizado.
Esta digitalización permite una mejor apreciación de la evolución del mercado. Con su propia data, Propiedades.com, la plataforma inmobiliaria digital, elaboró un análisis del comportamiento del mercado habitacional en Monterrey y su zona metropolitana en el primer semestre de 2025, específicamente sobre la evolución mensual de nuevas publicaciones de venta y renta, así como en la composición del inventario activo por tipo de vivienda, rangos de precio y distribución geográfica, con resultados interesantes.
El municipio de Monterrey concentra la mayor proporción de propiedades activas dentro de su zona metropolitana, acumulando más del 45% de los departamentos en venta y más de un tercio en renta. En cuanto a colonias, Monterrey Centro tiene una demanda que supera en más de 4 veces la cantidad de propiedades disponibles, convirtiéndose en la colonia con mayor presión inmobiliaria de toda la ciudad. Por otra parte, la colonia Tecnológico tiene una de las ofertas más reducidas, pero concentra más del 5% de la demanda, un dato que sugiere oportunidades para desarrollos departamentales o de renta.
En el resto de la Zona Metropolitana, en el segmento de casas en venta, Santiago concentra uno de cada cinco anuncios de la región, superando a municipios como Apodaca o García. San Pedro Garza García cuenta con más de un tercio de los departamentos en renta del sector premium disponibles y más del 72% de la oferta digital del segmento residencial plus en toda el área metropolitana, manteniéndose como un actor importante de la vivienda vertical de alto nivel en el norte del país.
Asimismo, la distribución de la oferta inmobiliaria por niveles socioeconómicos revela una polarización marcada entre municipios. Mientras que en Monterrey cerca del 73 % del inventario digital en venta corresponde a los segmentos residencial y residencial plus; en Apodaca más del 60% de su inventario digitalizado se concentra entre los rangos medio, tradicional, popular y económico. En el municipio de García, más del 50 % de la oferta se ubica en el rango residencial. San Nicolás de los Garza mantiene una de las ofertas más equilibradas de toda la zona metropolitana, con una presencia importante de vivienda en todos los rangos, aunque con mayor énfasis en los niveles popular, medio y residencial.
La segmentación del mercado por nivel de precios no sólo evidencia brechas socioeconómicas del área metropolitana, sino que dibuja un mapa de oportunidades altamente diferenciado para cada tipo de inversionista, desarrollador inmobiliario, arrendador y arrendatario.
