Este martes, el gobierno mexicano realizó la tercera entrega de delincuentes a Estados Unidos, basándose en la Ley de Seguridad Nacional, bajo mecanismos de cooperación bilateral y con el compromiso de no solicitar la pena de muerte. Esta es la entrega más numerosa, con 37 criminales, entre ellos una mujer. La primera fue el 27 de febrero de 2025, con 29 presos; la segunda el 12 de agosto de ese año, con 26, dando un total de 92 enviados.
El número compensa el nivel de los entregados. Si en los primeros envíos hubo varios capos, en esta ocasión se trata de individuos de nivel más de operadores dentro de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, del Noreste, y de las desaparecidas organizaciones de los Beltrán Leyva y de los Zetas.
El escenario de la entrega es más complicado. Pasamos del primer envío para evitar la aplicación de aranceles de hace casi un año, a tratar de evitar ataques militares estadounidenses contra el narco en territorio nacional y versiones extraoficiales de que lo ahora pide Donald Trump son cabezas de narcopolíticos.
Esto último se ve incierto, dado que, a estas alturas y como anda desatado, Trump no tendría empacho alguno en hacer públicos nombres, acusaciones y exigencias de que le entreguen a algún gobernador, senador, diputado o funcionario, con el consecuente escándalo y presión interna. Lo que sí se ven cada vez más próximas son las operaciones para eliminar o detener a capos y destruir laboratorios, planes que difícilmente parara la última ofrenda de delincuentes la cual, por cierto, evidencia también que ya no está quedando mucho criminal de primer nivel para apaciguar al vecino.
Davos, el entierro de la ingenuidad
Hubo un tiempo en que Davos era el templo de la armonía global, un lugar donde los líderes mundiales y empresarios acudían a predicar las bondades del libre comercio sin fisuras. Pero este 2026, el aire gélido de Groenlandia parece haber contagiado el discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney. Su intervención ante el Foro Económico Mundial no ha sido un brindis por la globalización, sino el acta de defunción de un orden mundial que ya no existe.
La advertencia de Carney ha sido clara: el “orden basado en normas” es hoy un cadáver al que todos siguen rindiendo culto por inercia. Mientras Washington, Pekín y Moscú se reparten el tablero con una agresividad que recuerda a los peores días del siglo XX, Canadá ha decidido dejar de ser el “buen alumno” de un sistema que ya nadie respeta.
Durante décadas, la política exterior del mundo se balanceó sobre la nostalgia del multilateralismo. Sin embargo, el discurso de esta semana marca un giro hacia lo que los analistas llaman realismo defensivo. Carney no habló de valores abstractos, sino de supervivencia. Al citar la brutalidad de la geopolítica actual “donde el comercio es un arma y la dependencia energética una soga”, el mandatario envió un mensaje a las potencias medias del mundo: o nos unimos, o seremos el plato principal en la mesa de los gigantes.
Lo que Ottawa propone es una “autonomía estratégica colectiva”. Ya no basta con ser amigos de todos; ahora se trata de ser lo suficientemente fuertes para no ser vasallos de nadie. La mención a la soberanía del Ártico y a la seguridad de los recursos naturales no fue casualidad. Fue una respuesta directa a las presiones externas que ven en el territorio canadiense y de muchos más países, no a un socio, sino un inventario de recursos a saquear.
El momento más contundente de la columna vertebral de su discurso fue la alusión a “vivir en la verdad”. Canadá ha reconocido que el sistema multilateral está roto. Admitirlo no es un acto de pesimismo, sino de honestidad brutal. Si las instituciones internacionales son incapaces de frenar la ley del más fuerte, la única salida para países como Canadá es la creación de bloques de “plurilateralismo”: alianzas tácticas con naciones que compartan la misma urgencia de no desaparecer bajo la sombra de las superpotencias.
¿Quién lo habría pensado, precisamente en Suiza, el premier canadiense sublevándose contra el status quo de la diplomacia fingida y del canibalismo económico?
Guatemala en crisis, Chiapas en la mira
Guatemala vive una tranquilidad ficticia desde que el domingo pasado el presidente Bernardo Arévalo decretara el estado de sitio por treinta días. La medida siguió a una crisis desatada por tres motines sincronizados en diferentes centros penitenciarios y una ola de ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil en donde perdieron la vida 10 agentes del orden.
Bajo estas circunstancias resulta ineludible hablar de un problema estructural que trasciende a la nación centroamericana: la fragilidad de la frontera sur de México. En una región marcada por rutas clandestinas, selva, pasos informales y comunidades binacionales, la violencia tiende a desplazarse, adaptarse y encontrar nuevos espacios de operación.
La línea fronteriza entre México y Guatemala es, desde hace décadas, una de las más porosas del continente. No se trata únicamente de la migración irregular, sino de un corredor estratégico para el tráfico de drogas, armas, dinero y personas. Es en ese caldo de cultivo donde pandillas como Barrio 18 y la Mara Salvatrucha conviven con estructuras del crimen organizado de nuestro país. Cárteles como el CJNG y el de Sinaloa han encontrado en el sur de Chiapas y en departamentos fronterizos, más allá del Suchiate, zonas clave para asegurar rutas, refugio logístico y control territorial, aprovechando la limitada presencia del Estado y la complejidad de la geografía.
La crisis guatemalteca no es un fenómeno nuevo. Los motines en las cárceles y los ataques directos contra la policía muestran el grado de organización y capacidad de respuesta de estos grupos criminales. Pero también dejan al descubierto un riesgo regional: cuando un Estado endurece su ofensiva, las organizaciones buscan desplazarse. Ese “efecto cucaracha” debería preocupar particularmente a México, que ya enfrenta una presión creciente en municipios chiapanecos como Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo o Amatenango de la Frontera, desde donde hace meses se reportan disputas entre grupos armados, bloqueos e intimidación a la población civil.
La respuesta del gobierno federal ha sido, hasta ahora, de contención y prudencia. México ha reforzado la vigilancia en la frontera sur, incrementando operativos de seguridad en Chiapas y manteniendo comunicación con las autoridades guatemaltecas, pero evitando cualquier acción que pueda interpretarse como intervención directa o persecución transfronteriza. Cooperación sí, intervención no. Se trata de un equilibrio delicado entre apoyar la estabilidad regional y respetar la soberanía del vecino, en un contexto en donde un error pueda escalar tensiones diplomáticas.
Sin embargo, los riesgos potenciales para nuestro país son altos. Una Guatemala desbordada por la violencia puede traducirse en mayor presión migratoria, en la reubicación de células criminales hacia territorio mexicano y en una intensificación de las disputas entre cárteles en el sur del país.
A ello se suma el impacto económico y social en comunidades fronterizas que dependen del comercio, el tránsito diario y la estabilidad mínima para sobrevivir. La frontera sur, históricamente relegada en la agenda nacional, se convierte así en un punto neurálgico de la seguridad mexicana.
La frontera sur de México no puede seguir siendo tratada como un problema secundario ni como un asunto exclusivamente migratorio. Su porosidad, la presencia de bandas transnacionales y la convivencia –abierta o soterrada– entre pandillas centroamericanas y cárteles mexicanos exigen una política de seguridad más clara y sostenida.
Reforzar Chiapas es un paso necesario, pero insuficiente si no va acompañado de inteligencia regional, cooperación real y control efectivo del territorio. Ignorar las señales sería abonar a una estabilidad más frágil, a una aparente calma, que tarde o temprano terminará por romperse.
Tuhabi mete el acelerador al mercado inmobiliario
El mercado de compraventa de vivienda usada en México atraviesa una etapa de consolidación, marcada por el encarecimiento de la vivienda nueva, tasas de interés elevadas y una oferta limitada en zonas estratégicas. En este escenario, Tuhabi, la proptech inmobiliaria, anuncia la adquisición de Pulppo, la aceleradora líder en México especializada en impulsar a inmobiliarias y asesores.
Esta operación integra tecnología, análisis de datos y capacidades comerciales con el objetivo de acelerar y modernizar el ecosistema inmobiliario del país. Para Brynne McNulty Rojas, cofundadora, y Sebastián Noguera, cofundador y CEO de Tuhabi, la adquisición se alinea con su visión estratégica hacia 2030, que contempla inversiones relevantes, expansión de producto, avances en inteligencia artificial y el desarrollo de talento, con la meta de participar en el 20% de las transacciones de vivienda usada en México.
Desde la perspectiva de Pulppo, liderada por Matías Gath y Agustín Iglesias, la integración representa el acceso a más herramientas, información y oportunidades para su red de más de 100 inmobiliarias y una comunidad de más de 800 asesores en México, Colombia y Argentina.
En conjunto, esta unión fortalece la profesionalización del sector y abre nuevas oportunidades para compradores, vendedores, brokers e inmobiliarias, en un mercado que demanda cada vez más eficiencia, transparencia y tecnología.
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