De pronto todo se vino abajo. La frágil tregua entre Teherán y Tel Aviv se quebró y, con el apoyo de Washington, el gobierno de Israel lanzó una serie de ataques que le costaron la vida al máximo líder, el ayatolá Ali Khamenei, y a buena parte de su plantilla más cercana, lo que ya empieza a tener severas implicaciones globales.
No se trata únicamente de un intercambio de misiles o bombardeos estratégicos como los ocurridos en junio del año pasado; nos encontramos frente a una redefinición del equilibrio regional, en donde la disuasión clásica fue sustituida por la acción directa y el cálculo político de alto riesgo.
El argumento del ataque preventivo ha sido la justificación para los ataques. Desde la óptica de Estados Unidos e Israel, la contención de la capacidad militar y nuclear iraní es una cuestión existencial. Desde la perspectiva iraní, en cambio, la agresión representa una violación de su soberanía y una confirmación de que la presión externa busca doblar al régimen. El gran problema es que cuando ambas partes se perciben como víctimas, el margen para la diplomacia se reduce dramáticamente.
La posibilidad de una escalada regional ya no solo es real, sino estructural. Teherán no opera de forma aislada; su red de aliados y milicias –entre ellas Hezbollah en Líbano– amplía el escenario de operaciones más allá de sus fronteras. Israel enfrenta amenazas simultáneas en varios frentes. Aunque ambos países no son vecinos directos, la distancia geográfica es irrelevante en una zona donde los misiles de largo alcance sustituyen la frontera física. Siria, Líbano, Irak y el Golfo Pérsico podrían convertirse en pequeños fuegos que, ante el menor soplido, podrían incendiar toda la región.
El impacto inmediato ya se está empezando a medir en barriles de petróleo. El epicentro energético del planeta atraviesa el estrecho de Ormuz, corredor estratégico por el que fluye una quinta parte del crudo mundial. No es necesario que se cierre para generar caos: basta la amenaza para disparar las primas de riesgo, encarecer los seguros marítimos y tensionar los mercados.
Ahí es donde la guerra en Medio Oriente deja de ser lejana para México. Aunque el país exporta crudo, también importa una proporción significativa de gasolinas y combustibles refinados. Un alza sostenida en los precios internacionales puede traducirse en mayores ingresos por exportación, pero simultáneamente en combustibles más caros o en mayores subsidios fiscales para contener el impacto interno.
El encarecimiento energético no se limita a la gasolina. El gas natural, fundamental para la generación de electricidad y la industria, también está vinculado a dinámicas globales de oferta y demanda. Una escalada prolongada podría elevar los costos de producción, presionar la inflación y obligar al Banco de México a mantener posturas restrictivas por más tiempo.
En un contexto de alta interdependencia con la economía estadounidense, cualquier desaceleración derivada de choques energéticos impactaría también en las exportaciones mexicanas.
Para nuestro país, la lección es clara: en un mundo energéticamente interdependiente, la estabilidad económica interna depende tanto de decisiones nacionales como de acontecimientos en puntos estratégicos del Golfo Pérsico. Las ondas expansivas no distinguen fronteras. Se sienten en los mercados, en la inflación y, finalmente, en el bolsillo de los ciudadanos.
“No nos falta agua” en la CDMX
La declaración suena a burla para quienes vivimos en la Ciudad de México y su zona conurbada, y que apenas en 2024 vivimos una sequía en la que muchos expertos hablaron del Día Cero, insertándose el tema entre los principales de la agenda electoral. Si nos dicen que quien afirma esto es quien a su cargo una estrategia integral para el problema del agua en el Valle de México, sería motivo de indignación.
Pues justamente eso fue a decir Roberto Capuano Tripp, Encargado del Proyecto de Agua del Valle de México, al Colegio de Ingenieros Civiles de México. Para demostrar que no es un disparate su afirmación se fue precisamente al caso de la sequía que hubo entre 2020 y 2024, la cual se acentuó ese último año, cuando la Ciudad de México recibió 6 m³/s de agua, lo que para muchos era el escenario de colapso de la capital del país… y no fue así.
Lo que sucedió es que en ese lustro de estiaje, Capuano y otros expertos encontraron que el problema no era falta de agua, sino operativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX): comenzaron a monitoreas diariamente las quejas ciudadanas junto con la presión y caudal del agua, identificando algunos “vicios operativos”, como que alguien cerraba el paso del líquido a algunas zonas para beneficiar a negocios de pipas. La solución: monitoreo diario de los indicadores señalados y cambiar la estructura de la dirección de Agua Potable, lo cual incluyó despedir gente. Así de simple e indignante.
¿La diferencia? Que las quejas por falta de agua en el peor momento de la sequía de 2024 -la peor de esa temporada de cinco años-, fueron mucho menores que en el 2023, aunque en este último año se abastecía más agua. Más aún, hoy en día, sin incrementar el agua que se le entrega a la Ciudad, Iztapalapa tiene más del doble de horas de servicio que tenía en 2025, destacó quien también fuera director del Metrobús y, para más señas, dirige también del proyecto Olinia, el auto eléctrico mexicano.
Lo que se descubrió con esa mala experiencia fue que la Ciudad de México necesita menos agua de la que se pensaba que se necesitaba. Tampoco quiere decir que sobre, pero lo que se buscan ahora son maneras de mitigar la sobreexplotación de los acuíferos, dejar de depender del Cutzamala como la única fuente de agua superficial y, como pasó con el SACMEX, encontrar la manera de operar el agua de forma eficiente y efectiva.
La visión integral del Proyecto de Agua del Valle de México busca atender cuatro vertientes: el abasto del agua potable; el drenaje y las inundaciones; los distritos de riego, que dependen de las descargas de agua pluvial y residual de la Zona Metropolitana; y el saneamiento de fuentes superficiales.
Lo mejor es que no se trata de grandes obras como túneles emisores. Se trata de recuperar y tratar el agua del Lago de Guadalupe y de la Laguna de Zumpango, para direccionarla a la zona oriente del Valle de México; atender las inundaciones de esa misma zona con sitios especiales para que absorban el exceso de agua, para su almacenamiento, regulación y salida de forma ordenada, e incluso sirvan como áreas recreativas. También está el saneamiento del Río Tula, uno de los más contaminados, y en la prevención de inundaciones, así como en el tratamiento de las aguas que llegan a los distritos de riego en Hidalgo.
E, importante, en todo se contempla macromedición… por aquello de los “vicios operativos”.
Impunidad, colusión y crimen
México se encuentra atrapado en un ciclo que parece no tener fin, una suerte de “estancamiento crónico” que las cifras recientes no hacen sino confirmar. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 sitúa a nuestro país con apenas 27 puntos de 100, una calificación que nos coloca en la parte más baja de la tabla de la OCDE y el G20. Sin embargo, el problema no es solo la percepción; el verdadero cáncer es la realidad estructural que la alimenta: una impunidad casi absoluta y una colusión que ha borrado las fronteras entre la autoridad y el crimen organizado.
En México, la justicia es una excepción, no la regla. Según datos de Transparencia Mexicana, solo en 7 de cada 100 casos de corrupción administrativa se llega a una sanción. Esta cifra es el motor más potente de la criminalidad. Cuando el costo de violar la ley es inexistente o se limita a “chivos expiatorios” menores, la corrupción deja de ser un riesgo para convertirse en una estrategia de negocios y de poder.
La impunidad no es un fallo del sistema; en muchos sentidos, se ha convertido en el sistema mismo. Sin sentencias que desarticulen redes completas de macrocriminalidad. como se ha visto en casos que van desde Segalmex hasta el llamado huachicol fiscal, el mensaje para quienes operan fuera de la ley es claro: el Estado es un espectador, o peor aún, un socio silencioso.
El fenómeno más alarmante de este 2026 es la profundidad de la infiltración del crimen organizado en la política. Ya no hablamos solo de sobornos aislados, sino de una simbiosis donde las estructuras criminales determinan quién gobierna, quién vigila y quién calla.
La reciente caída de figuras de alto perfil, como la del “Mencho”, pone de relieve una verdad incómoda: mientras las detenciones ocurren en la superficie, en los municipios y estados la colusión sigue garantizando el control territorial. La violencia no es solo un producto de la guerra entre cárteles, sino la consecuencia natural de instituciones cooptadas que han renunciado a su deber de protección para servir a intereses privados y delictivos.
La corrupción ligada al crimen organizado no es un concepto abstracto. Se traduce en fuga de inversiones, debilitamiento de la democracia y proliferación de organizaciones delictivades, dando como resultado a una tragedia social que sufre desapariciones, homicidios y extrorsiones de diversa índole.
El “pañuelo blanco” que se agitó años atrás resultó ser un espejismo, no son frases pegajosas o slogans publicitarios. El combate a la corrupción no se logra por decreto, ni con retórica moralista, sino con instituciones autónomas, presupuestos para fiscalías y una voluntad política que esté dispuesta a castigar a los propios antes que a los contrarios.
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