En donde están temblando, y no precisamente por las bajas temperaturas, es el Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, pues el eco de las amenazas del norte se están dejando sentir.
Hace un par de días, The Wall Street Journal (WSJ) ha puesto sobre la mesa un tema que inevitablemente sacude el debate político en México: la petición —según reporta ese influyente medio estadounidense— del presidente Donald Trump para que el gobierno mexicano investigue y, en algunos casos, detenga a políticos vinculados con el narcotráfico, particularmente del partido gobernante Morena.
Esta solicitud ha generado inquietud en altos niveles del Ejecutivo mexicano y podría tener consecuencias profundas tanto en la política interna como en la relación bilateral con Estados Unidos.
La exigencia de Trump, que según el WSJ fue discutida en conversaciones privadas tras la captura de Nicolás Maduro, representa un punto de fricción sobre un tema que México ha considerado tradicionalmente como cuestión de soberanía nacional: el combate al crimen organizado y la transparencia de sus instituciones.
Sin embargo, el peso simbólico de pedirle a un país aliado que investigue y detenga a miembros de su propio partido político por vínculos con cárteles es humillante, especialmente para una administración que busca consolidar su base política interna y rescatar algo del desprestigio en el que ha caído. Esto podría incluso socavar la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum dentro de Morena si no se maneja con cuidado.
Sobre todo en un contexto donde Morena mantiene un fuerte apoyo popular, cualquier señal de imposición externa puede ser fácilmente capitalizada por la oposición, si es que todavía queda algo de ella. La administración de Sheinbaum ha intentado equilibrar la cooperación con Estados Unidos —en temas como el comercio, inversiones y seguridad— con una defensa firme de la soberanía mexicana. Pero la percepción de que se está cediendo ante presiones puede dar munición a opositores políticos y fortalecer a grupos que critican cualquier acercamiento con Washington.
Comienzan a sentirse las presiones y a surgir las diferencias, pues si es cierto que el presidente Trump se molestó por la forma tan “dura” en la que el gobierno de la presidenta Sheinbaum condenó la intervención en Venezuela, más pronto que tarde podríamos estar amaneciendo con la sorpresa de una incursión militar en cualquier parte del país.
Por lo pronto, las apuestas comienzan a correr entre los más morbosos, donde además de los sospechosos comúnes y tradicionales, se suman los nuevos valores de la política mexicana, nuevamente embarrada de acusaciones de corrupción y delincuencia organizada.
Gobernar por excepción: Trump contra la pared
En medio del vendaval generado por la desatinada política exterior que ha significado la presidencia de Donald Trump, la Suprema Corte de Estados Unidos deberá definir de un momento a otro si efectivamente el mandatario tenía o no la autoridad para imponer aranceles generalizados amparándose en la “emergencia nacional”.
El debate es delicado porque más allá de tratarse de una discusión técnica o una polémica comercial más, lo que se encuentra en el centro es un juicio político en el sentido más profundo del concepto: ¿Hasta dónde puede llegar un presidente cuando decide que las leyes representan un obstáculo y que la urgencia –real o fabricada– justifica gobernar por decreto?
El caso de los aranceles es significativo porque pone en evidencia un mal cada vez más recurrente en la política global: la tentación del Ejecutivo de sustituir al Congreso bajo el argumento de la seguridad nacional. La Constitución estadounidense es clara al señalar de manera inequívoca que corresponde al Legislativo la facultad de imponer impuestos y aranceles; sin embargo, Trump optó por reinterpretar las leyes pensadas para contextos excepcionales como la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), para justificar una política comercial de alcance global, permanente y profundamente estructural.
Y no se trató de una decisión aislada ni improvisada. Forma parte de una lógica de gobierno imperial, que concibe al Ejecutivo como un poder casi soberano, autorizado a estirar la ley, siempre que la narrativa de amenaza sea suficientemente alarmante. Migración, comercio, política industrial, relaciones internacionales: todo cabe en un mismo paquete de “emergencia” si se fuerza lo suficiente el discurso.
El problema no solo es jurídico; es profundamente institucional. Cuando el presidente se acostumbra a gobernar por excepción, la excepción deja de serlo. El Congreso pasa a ocupar un papel decorativo, los tribunales se ven forzados a tomar decisiones en situaciones extremas en donde el daño ya está hecho y la legalidad se transforma ya no en un marco regulatorio sino en una variable política más.
El caso de los aranceles es un ejemplo claro. Trump no buscó consenso legislativo porque sabía que no lo iba a obtener. Optó por tomar un “atajo”, sabiendo que los costos legales se pagarían después y que, mientras tanto, los efectos económicos y políticos ya estarían consumados.
De ahí que las “lágrimas de cocodrilo” de poco valen en este momento, porque las consecuencias nunca tardan en llegar. Si el Tribunal Supremo falla en contra del Ejecutivo, Estados Unidos tendrá que reintegrar (con sus respectivos intereses) miles de millones de dólares en aranceles cobrados indebidamente y eso sin incluir la cantidad que los países y las empresas exigirán como compensación por las inversiones que están realizando en la construcción de plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles.
Parafraseando a Trump, la Unión Americana estaría “jodida”. Un costo probablemente impagable, como dijo el mandatario, pero con un mensaje contundente: la seguridad nacional no puede ser un comodín para burlar la separación de poderes. Un golpe a una presidencia acostumbrada a confundir autoridad con voluntad.
México sigue con interés el resultado. La relación bilateral depende de reglas claras, previsibilidad y mecanismos institucionales. Cuando Estados Unidos actúa unilateralmente y fuera de sus propios márgenes legales, introduce una volatilidad que ningún tratado puede compensar. Paradójicamente, un fallo que limite al Ejecutivo estadounidense fortalecería el T-MEC y el sistema de comercio regional. Obligaría a canalizar los conflictos por las vías pactadas, no por impulsos políticos. Reforzaría la idea de que incluso la potencia más grande del mundo está sujeta a reglas y que violarlas tiene sus costos.
Gobernar al margen de la ley puede ser una tentación muy grande e incluso eficaz en el corto plazo, pero tarde o temprano el diablo siempre cobra su parte.
El sinsentido de una reforma electoral sin consenso
Salvo instrucción de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, se espera que este miércoles se presente la versión final de la iniciativa de reforma electoral que se enviará al Legislativo, elaborada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez. Se trata de la reforma electoral de mayor calado desde 1977, considerando que se esperan cambios que redefinirán el sistema político mexicano en dos aspectos principales: la reducción de costo del sistema político-electoral y modificar la representación proporcional y de plurimoninales.
Apenas este lunes, más por respeto a las formas que por un verdadero interés de escuchar y recoger ideas, Pablo Gómez se reunió con los consejeros electorales, quienes le presentaron sus propuestas, como respetar la autonomía del INE, contar con un presupuesto vinculado al PIB, cambiar las fechas de la elección judicial, solo para obtener un no como respuesta por parte de Gómez, famoso polemista que no cede nada y quien ha sido claro en que “no llegamos al poder para que todo quede como está”.
Si esto fue con los consejeros electorales, ni la cortesía de un café pueden esperar los partidos de oposición o los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Con el argumento de que se trata de una reforma que beneficie a la ciudadanía y no a los intereses de unos cuantos, y con mayoría absoluta de Morena y aliados en el Congreso, se trata de una iniciativa que muy probablemente se aprobará con pocos cambios, incluso ninguno, con todas las ventajas para el partido en el poder, con la farsa de foros públicos y marginando aún más a los opositores.
Resulta un sinsentido hablar de una reforma electoral supuestamente más democrática cuando carece de consensos, ni existe la mínima voluntad de lograrlos, y que se parte de la convicción de que se tiene la razón absoluta, cuando precisamente lo que busca la democracia es el equilibrio de poderes. Y no es que lo que se ha avanzado sea lo mejor, pero tampoco parece que lo que se propone lo vaya a ser.
2026: el talento se mueve y la capacitación decide quién se queda
Enero suele leerse como “mes de propósitos”, pero en realidad es algo más serio: intención de cambio. La más reciente encuesta del “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en el país, revela que 37% de los trabajadores en México planea emprender en 2026.
En un país donde el empleo formal compite con la informalidad y el autoempleo, esta cifra sugiere que para muchos “crear algo propio” ya no es una fantasía: es un plan viable o, al menos, una salida. A la par, 23% quiere cambiar de rubro y 17% busca un posgrado o especialización, mientras 23% admite no tener metas definidas.
Leído en clave de mercado: 2026 no será un año de quietud. Será un año de reconversión, aprendizaje y decisiones pragmáticas. Esto no significa que todos renunciarán, sino que más personas están evaluando opciones: moverse internamente, cambiar de industria, estudiar o emprender. Y cuando una parte relevante de la fuerza laboral entra en “modo evaluación”, las empresas no pueden responder solo con discursos de pertenencia; necesitan propuestas concretas.
La segunda señal es todavía más accionable: 47% considera prioritario fortalecer habilidades tecnológicas para crecer este año. Eso coloca a la capacitación en tecnología como la nueva línea base de empleabilidad. Ya no es un “plus”; es supervivencia profesional. Y a su alrededor aparecen capacidades que sostienen el trabajo real: liderazgo (25%), resolución de conflictos (19%) y trabajo en equipo (9%).
Aquí conviene decirlo sin dramatismo: la retención en 2026 se va a ganar en el día a día, no en el PowerPoint. Si casi la mitad pide habilidades tecnológicas, la pregunta para las organizaciones no es si darán cursos, sino si ese aprendizaje se traduce en proyectos, movilidad y crecimiento visible. Quien aprende y no ve oportunidades, se va. Quien ve oportunidades y no aprende, se estanca.
Los expertos de OCC señalan que las metas de inicio de año funcionan como un indicador temprano de hacia dónde se moverá el mercado laboral y qué tipo de desarrollo esperan las personas. La conclusión práctica es directa: entender esas prioridades es el primer paso para ajustar estrategias de desarrollo y retención, sobre todo en tecnología y liderazgo.
