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Hoy se abre el registro de aspirantes para encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con miras a tener una terna el 11 de marzo, de la cual la Cámara de Diputados elegirá a la persona que encabece dicho órgano.
David Colmenares Páramo, actual auditor Superior de la Federación presentó el martes el tercer informe de auditorías y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024 ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, lo que podría ser su última comparecencia ante esa comisión. Podría, porque desde hace meses el oaxaqueño de 74 años ha dicho que busca reelegirse por otros ocho años.
Pareciera que Colmenares tiene cuesta arriba repetir dado que hay una docena de personas que probablemente se inscriban en el proceso de selección, y estar al frente de la ASF 16 años es, por decir lo menos, excesivo. Sin embargo, el Auditor apuesta a su rápida adaptación a la 4T y a las relaciones establecidas en estos ocho años con gobernadores, legisladores y funcionarios de gabinete, además de jugar entre los aspirantes con subalternos.
Por ejemplo, entre los nombres que se mencionan para inscribirse en el proceso están cinco funcionarios de la ASF: Alfonso Damián Peralta, director general de Seguimiento -hermano de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián-; Arely Gómez González, auditora Especial de Desempeño, ex procuradora General de la República, ex secretaria de la Función Pública y ex contralora del Poder Judicial de la Federación; Aureliano Hernández Palacios, auditor especial de gasto federalizado; Ivonne Henestrosa Matus, directora de Auditoria Forense de Cumplimiento Financiero; y Jaime Bolaños Cacho Guzmán, titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo. Es decir, contando a Colmenares, la actual administración de la ASF tiene más de la mitad de los posibles candidatos.
En algún momento se habló de que el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, apoyaba la reelección de Colmenares, lo cual no ha hecho abiertamente, pero de entrada descartó a tres de sus colaboradores como aspirantes, entre ellos Julieta del Río, excomisionada del INAI y ex contralora del Gobierno de Zacatecas, y a José Manuel del Río Virgen, director de Control Interno en la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara -quien en 2021 fue detenido y vinculado a proceso por el homicidio de un candidato a alcalde de Veracruz-; lo cual suena a moneda de cambio.
Otros nombres que se mencionan son Muna Dora Buchahin, ex auditora forense de la ASF; Natalia Téllez Torres, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Juan José Serrano, ex secretario de la Contraloría General de la CDMX y quien ya lleva días promoviéndose; Emilio Barriga Delgado, exauditor del Gasto Federalizado de la ASF; y Edwin Meraz Ángeles, titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
Aparentemente, con el respaldo de Presidencia, suena María de la Luz Mijangos Borja, fiscal anticorrupción de la FGR desde 2019, y quien fue titular de la Contaduría Mayor de Hacienda de la entonces Asamblea Legislativa del DF, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno. Ese apoyo presidencial se interpretaría como la línea que traería Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de diputados guindas. La duda es si les alcanzará a lograr los votos necesarios a favor de la aparente favorita, si se les cuela en la terna el grupo de la ASF, o si el escenario se complica, transita hasta la reelección de Colmenares.
El laberinto de Epstein: ¿Depravación privada o arquitectura de control?
La reciente desclasificación masiva de archivos ha transformado el “caso Epstein” de un escándalo criminal a una crisis de legitimidad del sistema global. En el centro del huracán, la figura de Donald Trump emerge no solo como un antiguo aliado social, sino como un actor atrapado en una paradoja: el mismo presidente que firmó la ley para abrir los archivos es ahora el blanco de documentos que sugieren una proximidad mucho mayor de la que sus abogados admiten.
La relación entre Trump y Epstein ha pasado por tres etapas: la del “buen tipo” en los años 90, la del distanciamiento tras un supuesto conflicto en Mar a Lago, y la actual, donde los archivos del Departamento de Justicia revelan que Trump voló en el el avión de Epstein muchas más veces de las confesadas.
Las acusaciones de que Trump pudo haber presenciado actos de violencia o participado en fiestas con menores son, hasta ahora, testimonios en documentos que el propio Trump califica de “ataque político”. Sin embargo, el volumen de datos, incluyendo menciones sobre su conocimiento de fiestas sexuales, sugiere que la red de Epstein no era un club exclusivo, sino un ecosistema donde la élite transaccionaba impunidad.
La gran interrogante que divide a la opinión pública es la verdadera naturaleza de la operación. Para muchos, Epstein fue “simplemente” un depredador con recursos ilimitados que utilizaba a Ghislaine Maxwell para captar menores vulnerables, satisfaciendo los instintos más oscuros de la élite a cambio de prestigio social.
Sin embargo, existe una hipótesis que por más fantasiosa que suene, comienza a parecer verdad. Se trata de la tesis de la inteligencia del Mossad/CIA. Los documentos de 2025 y 2026 han dado peso a una teoría antes marginal: el uso de la extorsión como infraestructura de control.
Informantes del FBI han sugerido que Epstein pudo haber sido un activo del Mossad (servicio secreto israelí). Bajo esta óptica, la red de tráfico de menores no era el fin, sino el medio: una “trampa de miel” (honey trap) diseñada para grabar a políticos y empresarios en situaciones comprometedoras, asegurando así que las decisiones de política exterior (especialmente en Oriente Medio) fueran favorables a quienes poseían los videos.
El verdadero escándalo no es solo lo que Epstein hizo, sino lo que el sistema permitió. La revelación de que las autoridades conocían sus actividades desde 1996 y no actuaron sugiere una protección que solo se explica mediante el chantaje de alto nivel.
La “gran amenaza” de Epstein no era solo su riqueza, sino su capacidad para invalidar el libre albedrío de los líderes mundiales. Si un sistema de control del servicio secreto israelí o estadounidense estuvo detrás, estamos ante un golpe de Estado silencioso y permanente a través de la degradación moral. Si fue “solo” una red de trata, el fallo institucional es igualmente catastrófico.
Perú y su récord de inestabilidad
Como si se tratara de romper un récord Guinness, Perú tendrá un nuevo presidente, el octavo en los últimos diez años. La destitución de José Jerí habla de la normalización de la excepción: la crisis convertida en rutina. El despido de poco más de media docena de mandatarios difícilmente encontrará sustento en errores individuales o escándalos de coyuntura.
Nos encontramos frente a algo de mayor profundidad: un diseño institucional que facilita la constante confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha convertido la figura de “incapacidad moral permanente” en un arma política fulminante. De esta manera, mandatos diseñados para durar cinco años se han reducido a un promedio de quince meses.
Es el mismo guion –con pequeños ajustes– en el que solo cambian los nombres de los personajes. Desde el 2016 la historia se repite: Pedro Pablo Kuczynski renunció asfixiado por acusaciones y presión parlamentaria; Martín Vizcarra fue despedido por el Congreso; Pedro Castillo terminó en prisión tras su fallido intento de disolver el Parlamento; Dina Boluarte gobernó en medio de protestas y cuestionamientos constantes; y ahora Jerí cae tras acusaciones de reuniones no declaradas y presuntos conflictos de interés.
Más allá de las responsabilidades personales, el patrón es el mismo: presidentes sin mayoría estable frente a un Congreso fragmentado con la facultad de removerlos con relativa facilidad bajo una figura constitucional ambigua y políticamente maleable.
Curiosamente, el problema no es estrictamente político ni partidista. No se trata de izquierda contra derecha ni de una disputa entre élites de la capital y las distintas regiones del país. El verdadero núcleo de la crisis es sistémico. El presidencialismo peruano carece de los amortiguadores necesarios para gestionar la fragmentación política.
El sistema de partidos está atomizado; las bancadas son débiles, volátiles y en muchos casos abiertamente personalistas. Cada elección produce un mosaico legislativo sin mayorías claras, donde las alianzas están sujetas a transacciones efímeras. Bajo ese contexto, el vacío presidencial se convierte en herramienta estratégica. La política se judicializa, la legitimidad se erosiona y la gobernabilidad se vuelve frágil.
¿Se pierde gobernabilidad? Sí, aunque de una manera silenciosa. Cada destitución implica el relevo de ministros, reconfiguración de equipos técnicos, redefinición de prioridades y nuevos ciclos de aprendizaje. Los planes de mediano y largo plazo se interrumpen antes de consolidarse. Un presidente que trabaja todo el tiempo con la espada de Damocles sobre su cabeza actúa en modo defensivo, negociando su supervivencia política, antes que impulsando reformas estructurales.
La incertidumbre se traslada a la ciudadanía y los mercados, generando cautela, postergación de inversiones y decisiones de corto plazo. Perú ha mostrado resiliencia macroeconómica en medio de la tormenta política, pero la estabilidad técnica no sustituye la conducción política sostenida. La erosión es paulatina, acumulativa y, por ello, más peligrosa.
Estos movimientos constantes ejercen un fuerte efecto sobre la percepción ciudadana, donde la política deja de verse como un mecanismo de representación y pasa a percibirse como una disputa elitista desconectada de las urgencias sociales. La animadversión democrática no siempre estalla en el momento; se filtra lentamente, debilitando la confianza en las instituciones y abriendo espacio a discursos antisistema o promesas de orden autoritario frente al caos.
En una democracia, la alternancia es siempre un elemento saludable; la sustitución constante, no. Cuando un sistema convierte la remoción en un hábito, deja de administrar el conflicto y empieza a institucionalizar la fragilidad. Una transición perenne no habla de avance, sino de un Estado que se quedó estacionado en el limbo.
Inteligencia de datos: el nuevo lenguaje del crédito en 2026
De acuerdo con las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la economía mexicana crecerá un moderado 1.2% en 2026, un entorno desafiante donde el éxito financiero ya no depende de aprobar un mayor volumen de créditos, sino de hacerlo con la máxima precisión posible.
En este escenario de márgenes estrechos, la información crediticia ha dejado de ser un simple archivo de antecedentes para consolidarse como la palanca de crecimiento más sofisticada para las empresas. Hoy, la información crediticia es la herramienta más sólida para ajustar el otorgamiento del crédito en condiciones específicas basadas en datos inteligentes.
En este contexto, instituciones como Círculo de Crédito, el buró con más de 20 años liderado por Juan Manuel Ruiz, impulsan una transformación profunda para evolucionar del control operativo a la estrategia de negocio. Para lograrlo, resulta fundamental ampliar la lectura más allá del score tradicional, que permita analizar variables y nuevas oportunidades de negocio. Asimismo, la flexibilidad será clave para ajustar los montos y plazos con el uso que se le dará al crédito, pero al mismo tiempo llevar al negocio al siguiente nivel. Una acción relevante será monitorear el historial crediticio y contar con las alertas tempranas para poder actuar antes de cualquier imprevisto.
Finalmente, si se incorpora toda esa información en las estrategias comerciales, mejorarán los resultados comerciales al obtener mejores tasas de aprobación y una gestión del riesgo con mayor eficiencia. El principal objetivo de Círculo de Crédito es que cualquier organización, sin importar su tamaño o sector, convierta la información en decisiones que generen resultados medibles y sostenibles en el tiempo.
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