De proporciones mayúsculas se vislumbran los retos que enfrentará Ernestina Godoy Ramos, como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), como es el caso de la autonomía, el combate a la impunidad y la recuperación de la confianza ciudadana.
El tema de la independencia del Ministerio Público federal será fundamental para reconstruir la credibilidad de la institución. Hay investigaciones que quedaron pendientes y, desde luego, incidirán en la opinión que se genere la ciudadanía sobre la próxima gestión de Godoy Ramos.
Entre los casos de alto perfil que continúan abiertos sin ser resueltos podemos citar Odebrecht, Emilio Lozoya, el llamado “huachicol fiscal” o el Rancho Izaguirre en Jalisco, los cuales, así como muchos otros, necesitan urgentemente nuevos avances en las indagatorias para dar certeza a las víctimas y sancionar a los responsables.
Definitivamente el caso del homicidio del alcalde de Michoacán, Carlos Manzo, también es un tema que se encuentra en la palestra, que bien podría ser atraído por la FGR en caso de que las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Michoacán no aporten resultados contundentes.
Difícil la tarea que tendrá la ex fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, que incluye establecer una adecuada coordinación con las fiscalías estatales, así como con las instituciones de seguridad de los diferentes niveles de gobierno, y sobre todo, poner al centro a las víctimas, quienes, en la pasada administración, quedaron, en muchos casos, a la deriva por la falta de oportuna atención.
Piratería en México
La piratería genera afectaciones económicas, reputacionales y de seguridad pública no solo a las empresas: impacta ingresos fiscales, vulnera la salud del consumidor y contribuye al financiamiento de estructuras criminales. Se trata de un fenómeno alimenta un círculo vicioso de pérdida, riesgo y permisividad. Lo anterior es una de las conclusiones del 7° Estudio de Piratería en México: Diagnóstico Empresarial, elaborado por la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham/México), en alianza con Lexia -a cargo del sondeo-, y con la participación de Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) y Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).
El estudio se basa en un sondeo realizado entre 638 compañías asociadas o vinculadas a AmCham/Mexico, con hallazgos interesantes: 68% de las empresas ha identificado piratería en al menos dos categorías que comercializan y el 9% en todas las categorías. El 67% de los productos piratas son importados, el 44% de producción nacional y el 26% ensamblados localmente con insumos importados. Los productos apócrifos pueden ser hasta 50% más baratos que los originales y solo 33% de las empresas afectadas considera que el cliente distingue la diferencia.
El problema de la piratería no es solo de patentes o derechos de autor, también implica graves riesgos en la salud pública. Las compañías consultadas reportan piratería en categorías altamente reguladas como medicamentos (33% de las empresas), alimentos y bebidas (18%), cuidado personal (15%) equipo y dispositivos médicos (6%) y agroquímicos (6%).
Desafortunadamente, el 87% de las entrevistadas identifica la piratería en el punto de venta, cuando el producto ya está en manos del consumidor, y no en los otros puntos de la cadena de valor, como los puntos de entrada al país, la producción y ensamble, almacenaje y transporte. Asimismo, 91 % de las empresas detectan piratería en comercio digital, seguido por el comercio informal físico (72%) o el comercio establecido físico (63%).
Demandar ante autoridades no es una opción favorecida. 26% de las empresas que detectan piratería no emprenden ninguna acción legal. De las que denunciaron, 46% dijo que la promoción de acciones legales/administrativas no derivó en procesos de incautación; 53% señaló no haber recibido apoyo de alguna institución de seguridad durante las acciones legales o administrativas iniciadas ante las autoridades.
El 76% de las encuestadas percibe que la situación institucional empeoró en el sexenio anterior; el 11% cree que mejorará en el actual. La satisfacción con las autoridades es baja, teniendo el nivel más alto el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) con apenas 24 % de satisfacción, ya ni hablar de la FGR, con 19%.
Ley General de Aguas: el nuevo poder hídrico del Estado
Digna de un récord Guinness, la Cámara de Diputados, dominada por Morena, aprobó en menos de 48 horas la iniciativa que devuelve al Estado un control mucho más amplio sobre las concesiones y el uso del agua. Ansioso por llevar una ofrenda a la concentración en el Zócalo, en la que se conmemoraron siete años de la Cuarta Transformación en el gobierno, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, consiguió lo propio en la Cámara Alta por la vía exprés.
La “recuperación de agua para la nación”, como sostiene la narrativa oficial, arrastra consigo consecuencias concretas –y contradictorias–, para millones de personas y sectores estratégicos cuya viabilidad pende del acceso confiable al recurso. La autoridad justifica la necesidad de las reformas amparada en dos objetivos legítimos: el derecho humano al agua y erradicar el mercado ilegal de concesiones.
La realidad, sin embargo, no es tan clara. En la práctica las herramientas que se implementan –prohibición de transferencias privadas de concesiones, facultades amplias de la Comisión Nacional del Agua para reasignar usos, y un capítulo penal que endurece las sanciones sobre quien cometa delitos hídricos–, trasladan decisiones técnicas y económicas a un espacio político altamente concentrado. Mientras el gobierno habla de justicia hídrica; el campo y la minería se preocupan por la seguridad jurídica.
Los agricultores que en los últimos días bloquearon carreteras y autopistas ven en la ley una amenaza a la continuidad de su explotación y a la transmisión del patrimonio rural. Los productores advierten que la prohibición para transferir concesiones y la reasignación administrativa del recurso pueden convertir en volátil el derecho de uso asociado a sus tierras, afectando desde pequeños ejidos hasta unidades productivas de medio calado. El desasosiego no es solo por el volumen de agua que utilizan, sino por la incertidumbre que genera un régimen donde la autoridad central puede cambiar las reglas del juego en un parpadeo.
La minería aparece como un caso extremo de la tensión entre soberanía y viabilidad productiva. El sector advierte que ciertas modificaciones, particularmente las disposiciones sobre el uso en zonas montañosas y el endurecimiento de requisitos para concesiones, podrían hacer inviables proyectos en etapas críticas de inversión y operación. La extracción de minerales estratégicos requiere, por definición, grandes volúmenes de agua en etapas de procesamiento; la simplificación administrativa extrema de la disponibilidad hídrica puede derivar en cancelaciones, pérdida de empleos y desincentivar inversiones que el país necesita para su soberanía tecnológica y energética.
Pero no solo el campo y la minería van a resentir el efecto de la reforma. Plantas termoeléctricas, industrias manufactureras, desarrollos inmobiliarios y el sector turismo se encuentran en una nueva situación de riesgo: mayor exigencia técnica para solicitar o mantener concesiones, posibilidad de revocación por criterios administrativos y mayor fiscalización. La Comisión Federal de Electricidad y Pemex no están exentos.
Ciertamente el agua debe ser un bien común protegido; ninguna política seria defendería lo contrario. Pero protección no es sinónimo de concentración sin límites. Si bien es importante que el Estado recupere el control, también es vital evitar que se convierta en el dueño de la agenda hídrica, de lo contrario habremos dado el paso de la opacidad y el abuso a la concentración de poder sobre lo que por definición debe ser gestionado con equilibrio y rendición de cuentas.
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