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Hace un año y cuatro meses, Doña Carlota, una señora de la tercera edad, disparó contra invasores de su propiedad en Chalco, Estado de México, resultando dos muertos y un herido. Aquel caso puso la atención al problema que representa el delito en el Estado de México, donde es en unidades habitacionales de Chalco, Valle de Chalco, Ecatepec y Tecámac, donde se registran el mayor número de casos, dado que varias viviendas se encuentran abandonadas o sus propietarios no las tienen ocupadas y visitan poco.
Ahora el tema de la invasión de propiedades se reactivó, pero ahora no en la zona conurbada de la Ciudad de México, sino en la colonia del Valle, una colonia de clase media alta.
La semana pasada, dos mujeres ingresaron a un domicilio y cambiaron cerraduras, sin permitir el ingreso a los propietarios, exhibiendo documentos que supuestamente les acreditaban como dueñas de la vivienda. Los hechos provocaron la protesta de vecinos, refiriendo que ha habido otros intentos de despojo de casas en la zona.
El despojo es un delito con múltiples variantes: desde una disputa entre familiares, hasta organizaciones sociales y grupos delictivos que invaden inmuebles deshabitados, desalojan a sus propietarios de manera violenta, recurren a acciones legales falsas, como simulaciones de compra-venta, usurpación de identidad, simulación de fraudes procesales, falsificación de documentos, entre otros. De acuerdo a la Fiscalía capitalina, solo en lo que va del año, han sido abiertas mil 846 investigaciones por despojo.
A diferencia de los despojos cometidos en inmuebles del Centro Histórico, atribuidos a grupos delictivos como La Unión Tepito, y que los utilizan para actividades delictivas, el perfil de los despojos en colonias como la Del Valle y la Roma es el valor en el mercado inmobiliario que tienen las viviendas.
En estos casos, la tendencia es despojar del inmueble a propietarios en condición vulnerable: personas de la tercera edad, sin familia, en situación económica frágil. Lo anterior conlleva frecuentemente que no cuenten con papeles de propiedad actualizados o en regla, pues esto complica más comprobar el delito, puesto que la víctima tiene que acreditar feacientemente la propiedad.
Es por ello que es recomendable adoptar medidas preventivas para evitar el despojo: visitar regularmente la propiedad, instalar alarmas y videocámaras conectadas vía remota; actualizar escrituras y contratos de arrendamiento; evitar que la vivienda esté deshabitada por periodos largos o contratar empresas dedicadas al mantenimiento y monitoreo de propiedades.
Ya en caso de que la invasión de propiedad es consumada, es recomendable, primero, no enfrentar directamente a los invasores, evitando ponerse en riesgo, menos aún, intentar desalojarlos por propia cuenta ni recurrir a la violencia -Doña Carlota y sus hijos podrían pasar el resto de su vida en la cárcel, mientras uno de los delincuentes que invadieron su casa ha sido sentenciado a 6 años-; segundo, acudir al Ministerio Público a presentar denuncia por despojo, acompañando de elementos como escrituras, documentos y otras pruebas que demuestren que se es propietario del inmueble, así como fotos, testimonios, testigos de la invasión; tercero, solicitar al MP medidas cautelares a efecto de que, mientras se resuelve el proceso, los invasores no dañen la propiedad; cuarto, conseguir un abogado especializado en derecho penal o civil para iniciar el juicio de desalojo; quinto, solicitar apoyo policial solo en flagrancia o peligro inminente, incluso dejar constancia de ello con la llamada al 911; sexto, documentar todo, para lo que siga del proceso.
La autoridad para regular
La credibilidad difícilmente se puede imponer; se construye desde sus cimientos. Esa regla de oro vale para los periodistas, los jueces, los bancos y también para los gobiernos. Ninguna institución puede exigir confianza si antes no ha demostrado que merece ejercerla.
Bajo este principio debe observarse la polémica que han desatado los nuevos lineamientos en materia de radio y televisión anunciados por el gobierno federal. En apariencia, pocas personas podrían oponerse a que los noticiarios distingan con claridad entre información y opinión, o que la publicidad se identifique abiertamente como tal. Son prácticas que fortalecen el derecho de las audiencias y que, de hecho, muchos medios profesionales ya aplican desde hace años.
La suspicacia comienza cuando esas reglas dejan de ser un estándar ético del periodismo para convertirse en una obligación supervisada por el Estado. No porque el principio sea incorrecto, sino porque inmediatamente surge una serie de preguntas inevitables: ¿quién decidirá cuándo una opinión está suficientemente separada de un hecho?, ¿quién interpretará si un conductor cruzó la línea entre informar y editorializar?, ¿quién será el árbitro de esa frontera?
Las dudas no nacen únicamente del contenido de los lineamientos: nacen del contexto.
Desde 2018, los medios públicos federales han experimentado una transformación que ha sido ampliamente discutida. Canal Once, Canal 22, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y otros espacios creados para servir a toda la sociedad han sido señalados de privilegiar la difusión de la agenda gubernamental y de reducir la pluralidad de voces. El gobierno sostiene que simplemente ofrece una visión distinta a la que durante años predominó en los medios comerciales. Sus críticos consideran que dejaron de actuar como medios públicos para convertirse, en los hechos, en medios gubernamentales.
La diferencia entre un medio público y un medio gubernamental no está en quién lo financia, sino ante quién responde. Un medio público responde a la sociedad; un medio gubernamental, a la lógica del poder en turno. Esa frontera, aunque a veces parezca difícil de trazar, es precisamente la que explica buena parte de la desconfianza que hoy permea esta discusión.
Más allá de cuál interpretación resulte más convincente, la percepción pública importa. Cuando el Estado pretende fijar reglas para el resto de los medios, inevitablemente también se convierte en objeto de escrutinio. La autoridad moral para regular no depende de lo que dice la ley; depende de la confianza que inspire quien la aplica.
Eso explica por qué una misma disposición puede generar reacciones tan divergentes. En otro contexto, exigir que se distingan hechos de opiniones probablemente habría pasado casi inadvertido. Pero en un país en donde buena parte del debate gira precisamente alrededor de la independencia de los medios, cualquier nueva regulación sobre contenidos despierta sospechas.
La discusión tampoco debiera reducirse a dos posiciones radicales. No toda regulación constituye censura, como tampoco toda intervención estatal fortalece automáticamente los derechos de las audiencias. Las democracias necesitan reglas, pero también necesitan instituciones capaces de aplicarlas con imparcialidad y de convencer a la sociedad de que no utilizarán esas facultades para favorecer al poder político.
El periodismo vive de su credibilidad. Los gobiernos también.
La diferencia es que un medio que pierde credibilidad pierde audiencia. Un gobierno que pierde credibilidad conserva, además, la capacidad institucional para regular. Precisamente por eso la prudencia debe ser mayor.
Proteger a las audiencias es un objetivo legítimo. Lo que está en discusión no es el propósito, sino la autoridad para perseguirlo. Antes de exigir a los demás cómo distinguir entre información y opinión, el Estado tendrá que demostrar que sus propios medios distinguen con la misma claridad entre servicio público y comunicación gubernamental. Ahí comenzará la verdadera credibilidad.
La mercantilización total: cuando la FIFA decide ponerle precio al alma del fútbol
La reciente jugada financiera de la FIFA bajo la administración de Gianni Infantino, anunciar la creación de la filial FIFA Forward Enterprises para vender participaciones minoritarias de sus derechos comerciales y de torneos por hasta 4,200 millones de dólares, representa un punto de inflexión alarmante en la historia del deporte. Aunque desde el organismo se insiste en que no se está “vendiendo el torneo” en sí mismo, sino una fracción del brazo operativo y comercial valuado en unos 20,000 millones de dólares, la realidad es que se ha cruzado una línea moral y simbólica imperdonable.
El Mundial de fútbol nunca ha sido únicamente un producto de entretenimiento o un activo financiero más dentro del portafolio de Wall Street. Es, por definición y tradición, un patrimonio cultural global, un fenómeno social que pertenece de forma colectiva a los aficionados, a las federaciones y a los futbolistas que construyen su mística en la cancha. Abrir la puerta a fondos de inversión privados, con conexiones políticas tan cuestionables y opacas como los vínculos que rondan en torno a la familia presidencial estadounidense y actores financieros como JPMorgan, transforma la máxima justa del planeta en un mero instrumento de especulación bursátil.
La defensa institucional de que estos recursos servirán para impulsar el desarrollo del futbol mundial suena a una coartada hueca frente al apetito voraz de monetización. La UEFA y diversos sectores críticos tienen razón al señalar que la gobernanza y el alma del futbol no están a la venta. Al priorizar las ganancias extraordinarias y los dividendos para accionistas privados, la FIFA debilita su rol como organización sin fines de lucro y profundiza una desconexión peligrosa con las bases del deporte.
Si se permite que el apetito corporativo devore los derechos comerciales de la Copa del Mundo bajo esquemas de opacidad y complicidad política, el futbol dejará de pertenecer a quienes lo juegan y lo sienten en las gradas. La FIFA corre el riesgo de convertir la pasión de millones en un simple dividendo trimestral, cavando la fosa de su propia legitimidad.
Vivienda vertical y el reto de construir mejores ciudades
Por años, el debate sobre la vivienda en México se centró en el precio del metro cuadrado y la falta de oferta. Hoy el desafío es responder al crecimiento de las ciudades con un modelo urbano más sostenible.
En el marco del University Day, celebrado el pasado 25 de julio por University Tower, especialistas en urbanismo, desarrollo inmobiliario y arquitectura coincidieron en que la vivienda vertical ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una respuesta a la escasez de suelo, los cambios demográficos y la necesidad de reducir los tiempos de traslado.
La Ciudad de México es quizá el mejor ejemplo. Concentra empleo, instituciones educativas y servicios, mientras el suelo disponible para crecer es limitado. Al mismo tiempo, las nuevas generaciones priorizan la conectividad porque buscan vivir cerca del trabajo, del transporte público y de los espacios que forman parte de su vida cotidiana. El mercado ya refleja ese cambio; hoy el valor de una vivienda también se mide por el tiempo que permite recuperar, por las oportunidades que acerca y por la calidad de vida que ofrece su entorno.
Pero densificar no significa construir edificios más altos. Sin planeación, la verticalización puede agravar la presión sobre la infraestructura, la movilidad y los servicios públicos. El reto consiste en vincular la inversión inmobiliaria con una estrategia de ciudad que fortalezca el transporte, aproveche la infraestructura existente y promueva desarrollos integrados a su entorno. La política de vivienda no puede entenderse sin la política de movilidad, el desarrollo económico y la sostenibilidad urbana.
La discusión, en el fondo, ya no trata sobre edificios, sino sobre competitividad. Las ciudades que logren acercar vivienda, empleo, educación y servicios serán las que atraigan más inversión, talento y bienestar. Por ello, el debate no debería centrarse en cuántos desarrollos se construyen, sino en qué tipo de ciudad estamos construyendo. La vivienda vertical, bien planeada e integrada al entorno será una de las herramientas más relevantes para construir ciudades más eficientes, habitables y preparadas para el futuro.
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