Pemex canceló un envío de petróleo a Cuba que debió salir a mediados de mes y llegar por estas fechas a la isla, de acuerdo a Bloomberg, noticia de inmediato retomaron otros medios. Abordada al respecto en la mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum no confirmó ni negó la información. Dijo que se trataba de una decisión “soberana”, decisión de Pemex “en función de los contratos o -en todo caso- del Gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias”.
La respuesta es extraña, por decir lo menos, como si de esas minucias no le informará la empresa paraestatal a la mandataria, no quedando claro si las decisiones soberanas del Estado son diferentes de las decisiones “soberanas” de Pemex, si fue por cuestión contractual, aunque al parecer la clave está en la “decisión humanitaria”, como dando a entender que era una acción solidaria que podía terminar en cualquier momento. Lo que sí es cierto, es que la respuesta confirma que no zarpó el buque con el hidrocarburo como se tenía planeado.
Comprensible la medida en medio de las presiones del gobierno de Donald Trump al régimen cubano, luego de la captura de Nicolás Maduro y el cierre de exportaciones de crudo venezolano a la isla, a lo que siguieron los pronunciamientos de congresistas cubanoestadounidenses y republicanos respecto a que los envíos de petróleo de México a Cuba impactarán en las negociaciones del T-MEC.
A lo anterior se suman las exigencias y amagos en materia de seguridad y combate al narcotráfico -donde al parecer algo o mucho se está accediendo-, por lo que lo más práctico era cortar los envíos de hidrocarburo, sustentados más en una cuestión ideológica que en un acto humanitario, ya ni hablar de intercambio económico.
Habrá que ver si esta “decisión soberana” de quién sea, es un corte definitivo o solo una reducción de los envíos de petróleo a la isla, la cual se encuentra en el punto más grave de su crisis que inició desde el periodo especial con la caída de la Unión Soviética hace 34 años.
La soberanía vigilada
Desde la llegada de la nueva administración en la Casa Blanca, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que aprender a bailar al ritmo de un tambor de guerra. La designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras no fue un error de dicción, sino una estrategia diseñada para acorralar a Palacio Nacional. Al etiquetar el tráfico de drogas como una amenaza a la seguridad nacional, y no solo de salud pública, Estados Unidos ha borrado la línea que separaba la diplomacia de la intervención.
El gobierno mexicano presume con orgullo un aumento en las incautaciones y la entrega de objetivos de “alto valor”. Sin embargo, hay un sabor amargo en estos triunfos ¿Son estos éxitos fruto de una estrategia nacional de paz o son tributos pagados para evitar los aranceles y las incursiones de drones?
El gran riesgo de esta presión constante es el desgaste institucional. Al obligar a las fuerzas armadas mexicanas a operar bajo la agenda de Washington, se corre el peligro de convertir a las fuerzas armadas mexicanas en apéndices de seguridad extranjera.
México se encuentra en una encrucijada peligrosa. Si cede demasiado, la soberanía se convierte en un concepto decorativo; si se resiste, se arriesga a una ruptura económica que el país no puede permitirse con el T MEC bajo revisión.
Al final del día, el combate al narcotráfico bajo la presión de Estados Unidos parece una carrera donde la meta se mueve constantemente. No importa cuántos laboratorios se destruyan o cuántos criminales se extraditen, la presión no cesará mientras la demanda interna en EE. UU. siga siendo el motor de este negocio.
La pregunta que todos se hacen en el círculo político es hasta dónde cederá el gobierno de Sheinbaum, pues Trump ya deslizó una lista de personajes involucrados con el narcotráfico y no va a quitar el dedo del renglón. El murmullo en Palacio nacional empieza a crecer y comienzan a sonar los nombres de algunos exfuncionarios y funcionarios de la actual administración.
Ryan Wedding: la captura que México niega y Washington presume
Algo no termina de oler bien en el caso del canadiense Ryan Wedding conocido en la jerga policial como el “Rey de la Cocaína”. Cuando dos gobiernos aliados narran un mismo hecho de forma incompatible –uno habla de entrega voluntaria, el otro de operativo conjunto– lo relevante no es quién miente, sino por qué ninguno es capaz de decir toda la verdad.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que no hubo participación operativa de agencias estadounidenses en territorio nacional. El FBI, en cambio, agradeció públicamente la colaboración mexicana en términos propios de una acción coordinada. Ambas versiones pueden coexistir solo si aceptamos la idea de que la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos ha entrado en una zona gris en donde lo legal, lo diplomático y lo político ya no coinciden del todo.
Durante años México sostuvo una línea clara: intercambio de inteligencia sí; operativos conjuntos armados, no. Incluso en los momentos de mayor tensión bilateral, el discurso oficial fue consistente en un punto: la acción material en territorio nacional siempre correspondía a las fuerzas armadas mexicanas. Esa frontera no era menor; era el último dique simbólico de la soberanía en materia de seguridad.
Por eso el caso Wedding podría significar una ruptura con la política tradicional.
Si la versión del FBI es correcta, estaríamos frente al primer operativo conjunto México-Estados Unidos reconocido públicamente en años, y el primero bajo el nuevo gobierno. No se trataría de un simple matiz semántico, sino de un cambio sustantivo –aunque no admitido– en la política que México ha defendido a lo largo de los gobiernos de la Cuarta Transformación.
La negativa tajante de la administración de Claudia Sheinbaum no es fortuita. Admitir un operativo conjunto acarrearía consecuencias jurídicas, políticas y simbólicas en lo inmediato. Abriría la puerta a cuestionamientos constitucionales, establecería un precedente difícil de cerrar y debilitaría una narrativa soberanista que ha sido el eje del discurso oficial. Por eso la presidenta ha hablado con poca fortuna del tema ya en dos ocasiones consecutivas, primero presentando una foto que de acuerdo a CBC News había sido manipulada con IA y luego tratando de desmentirlo.
El aterrizaje de un avión militar estadounidense, autorizado o no, se inserta en la misma lógica. No es el hecho aislado lo que inquieta sino la falta de transparencia y el momento coyuntural: ocurre mientras se multiplican los traslados de presuntos delincuentes a Estados Unidos sin procesos claros de extradición, mientras se rehúye el debate público y en tanto se insiste en que nada ha cambiado. Cuando el poder se esfuerza tanto en tranquilizar, suele ser porque algo se está reacomodando en la oscuridad.
Creer ciegamente cualquiera de las dos versiones es un error. Estados Unidos tiende a magnificar su papel por razones políticas internas; México minimiza cualquier atisbo de participación extranjera para hacer prevalecer su legitimidad. Entre ambos discursos queda una ciudadanía que observa cómo las reglas se flexibilizan cuando así conviene y se endurecen cuando estorban.
El caso de Ryan Wedding no es la enfermedad, es el síntoma. Las declaraciones contradictorias y el lenguaje cuidadosamente ambiguo forman parte de un mismo patrón: una cooperación en seguridad más intensa, menos transparente y jurídicamente más laxa, presentada como necesidad inevitable.
Al final, no importa si Wedding se entregó o fue capturado, porque el resultado es el mismo. Lo grave se encuentra en que cuando dos gobiernos necesitan varias versiones para sostener una misma realidad, queda claro que la cooperación existe, pero la transparencia no. Y como siempre el poder actúa en zonas grises, la verdad suele ser la primera víctima.
Crédito digital, a un clic de transformar las finanzas de los mexicanos
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el número de contratos de crédito en el sistema financiero formal es uno de los principales indicadores para medir el acceso al financiamiento en México. En los últimos años, el crédito ha experimentado una transformación profunda impulsada por la incorporación de tecnologías de última generación, como la inteligencia artificial y el machine learning, así como por el uso de datos alternativos. Gracias a ello, hoy más personas pueden acceder al crédito digital con solo un clic, agilizando la evaluación y el otorgamiento de préstamos en cuestión de minutos.
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