En un país donde la cultura del seguro es aún una asignatura pendiente, la noticia de un inminente incremento en el precio de las pólizas de seguros en México cae como un balde de agua fría. A raíz de recientes ajustes en la política tributaria y el endurecimiento de las condiciones fiscales para las reaseguradoras, nos enfrentamos a una paradoja peligrosa: en el momento en que más necesitamos protección financiera, esta se vuelve menos accesible.
El sector asegurador ha advertido que los costos operativos se trasladarán inevitablemente al usuario final. No se trata de un simple ajuste inflacionario; estamos hablando de un encarecimiento estructural derivado de nuevas cargas impositivas que afectan la cadena de valor, desde el reaseguro internacional hasta la póliza que firma el ciudadano de a pie.
La implicación social es profunda. En México, asegurar un auto, una casa o, más crucialmente, la salud, ya era percibido por muchos como un gasto oneroso en lugar de una inversión necesaria. Al elevar la barrera de entrada económica, corremos el riesgo de desincentivar aún más la prevención.
¿Qué sucede cuando la clase media, ya golpeada por la inflación, decide que el seguro de Gastos Médicos Mayores es el primer recorte en el presupuesto familiar? La respuesta es un aumento en la vulnerabilidad. El sistema de salud pública, saturado y con desafíos propios, no podrá absorber eficientemente a quienes queden desprotegidos por el sector privado. Asimismo, un parque vehicular con menos autos asegurados es una bomba de tiempo para la economía de las familias en caso de accidentes.
La política tributaria no debe analizarse en un vacío. Si bien la recaudación es vital para el Estado, esta no debe asfixiar los mecanismos que brindan estabilidad financiera a la población. Gravar excesivamente los instrumentos de previsión es, a la larga, más costoso para el país que incentivar su contratación.
Asegurar el futuro no debería ser un lujo, sino un derecho accesible para la estabilidad de todas las familias mexicanas, falta sensibilidad del gobierno para quienes realmente hacen que la economía se mueva en el país.
México-EU: expectativas de colaboración
Mañana se cumplirá un año de que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos. Desde entonces, ha amagado con intervenir en nuestro país, bajo el pretexto de que México está controlado por los cárteles. En el estira y afloja de alza y baja de aranceles, de entrega de grupos de narcotraficantes, ahora, de acuerdo al New York Times, la petición concreta es que haya operaciones conjuntas de fuerzas especiales del ejército estadounidense o elementos de la CIA con militares mexicanos para destruir laboratorios de fentanilo, lo cual incluye ataques con drones.
Después de conversar con Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está descartada una intervención militar, luego de que el estadounidense amagara con ataques contra los cárteles en tierra. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones en que Marco Rubio ha hecho declaraciones destacando la colaboración y resultados sin precedentes, en esta ocasión, luego de sostener una llamada con el canciller Juan Ramón de la Fuente, el tono del comunicado del secretario de Estado enfatizó la coincidencia de hacer más para enfrentar las amenazas compartidas y persistentes, y que se necesita seguir implementando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener resultados significativos.
El posicionamiento del Departamento de Estado concluyó con el anuncio de una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington en febrero, “para evaluar el progreso, identificar brechas y establecer expectativas claras para una mayor colaboración”. Es decir, se interpreta que lo hecho sigue siendo insuficiente y que las expectativas de colaboración suenan coincidentes con lo que refiere el NYT.
Así, todo indica que la reunión del próximo mes será clave para definir si México accede a los términos de colaboración de operaciones conjuntas o, de lo contrario, vendrán las acciones unilaterales por parte de Estados Unidos. Es decir, son inminentes, y serán este año. Trump está envalentonado no solo por la abducción de Maduro, sino porque en noviembre son elecciones de medio término, las encuestas no están a su favor, le urge mantener la mayoría absoluta -o de lo contrario se lo comerán vivo los demócratas-, y que mejor que esas muestras de poder extraterritoriales con las que amenaza donde, las menos complejas y riesgosas de realizar, serían contra los cárteles mexicanos.
Cuba en el desamparo
Millones de cubanos viven desde hace décadas en una orfandad política que se traduce en racionamiento de alimentos, electricidad intermitente, ausencia de derechos y, lo que es aún peor, la imposibilidad de romper ese círculo de miseria.
La suspensión de los envíos de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro no fue solamente un cambio de proveedor; se trató del derrumbe del último pilar que sostenía un modelo agotado.
Durante años La Habana sobrevivió gracias a un trueque político con Caracas –crudo barato a cambio de servicios médicos y de seguridad– que permitió posponer las reformas internas. Al esfumarse esa transacción, la isla quedó a la deriva frente a sus propias carencias: apagones, desabasto, transporte paralizado y una economía que opera a “medio gas”.
Las recientes decisiones de presión económica ordenadas por Donald Trump pusieron al descubierto algo de lo que no estábamos enterados la mayoría de los mexicanos, dada la opacidad con la que se manejó. Según datos oficiales presentados por Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) entre enero y septiembre de 2025, su filial Gasolinas Bienestar exportó hidrocarburos a Cuba por un valor cercano a los 400 millones de dólares, cifra que representa solo el 13% del valor de los cargamentos reportados ante autoridades aduanales.
Paralelamente, plataformas de datos comerciales estiman que México exportó un promedio de 12,284 barriles por día a Cuba durante 2025, lo que equivale a alrededor del 44% del crudo importado a la isla ese año. Esto hace que los números oficiales y los datos reales difieran sustancialmente, alimentando la percepción de que la ayuda mexicana se gestiona con una falta absoluta de transparencia.
En Washington, la caída de Maduro es vista como una oportunidad estratégica. Donald Trump lanzó un ultimátum lapidario: Cuba debe “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, sin detallar condiciones claras. Detrás está su secretario de Estado Marco Rubio, de ascendencia cubana, que cuenta con todo el peso de la política exterior estadounidense y es un firme defensor de línea dura contra La Habana.
No hay indicios de que la Casa Blanca esté buscando incidir en una transición democrática en Cuba, más bien hay muestras de que se trata de maximizar la presión económica y diplomática para debilitar al régimen. Trump mismo ha descartado el uso de la fuerza militar, convencido de que la isla se encamina al colapso por su propia crisis energética.
Ciertamente La Habana no se encuentra al borde de un derrocamiento sino ante un proceso prolongado de erosión social y económica, que incrementa las posibilidades de una migración masiva como mecanismo de escape para muchos cubanos, quienes siguen viendo a Estados Unidos como su meta histórica pero cuyas políticas en este momento no son las más benévolas, por lo que México se convierte en un punto de destino.
Cuba se encuentra en el desamparo y el futuro pinta de mal a peor, vivir de la caridad internacional, alquilar a sus profesionistas o invocar la solidaridad mexicana no son suficientes. Solo un cambio democrático permitirá que lleguen apoyos del exterior para una reconstrucción que permita rescatar a las nuevas generaciones del infortunio. Ya va siendo tiempo de que sus liderazgos lo entiendan.
