La nueva y amenazante campaña del presidente estadounidense es sui generis, sin duda. Aunque recuerda a los años setenta y a lo más hostil de la guerra fría, bien podría tratarse de un guion cinematográfico, pues cada vez que parece haber llegado al límite de la ficción, la realidad lo supera.
Mientras se daba a conocer que la Policía Nacional de España, junto con la DEA, había desmantelado una organización criminal dedicada al narcotráfico, integrada por ciudadanos españoles y mexicanos, acá se admitía que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como la Fiscalía General de la República (FGR, están investigando tanto a las personas como a la empresa que traficó drogas utilizando como fachada la exportación de mármol y otros minerales.
El hecho es que envuelta en lo que sea, la campaña antidrogas parece estar dando frutos y podría hasta parecer que el gobierno estadounidense efectivamente está determinado a combatir el narcotráfico por primera vez, así sea teniendo que obligar a los demás países a colaborar.
El consumo de drogas en todo el mundo provoca millones de muertes (Al menos 3 millones al año), genera miles de millones de dólares (650 mmdd) y cuesta una cifra mucho mayor a los gobiernos a través del gasto directo en seguridad, la carga sobre los sistemas de salud y la pérdida de ingresos fiscales y productividad.
El combate al tráfico y al consumo de drogas en el mundo no es una cuestión moral o de salud, solamente; más bien se trata de la sostenibilidad económica, pues se ha convertido en la preocupación más grande de la administración pública, por grande o pequeña que sea.
Otorgando el beneficio de la duda, habrá que dar seguimiento y hacer evaluaciones reales, comparando y midiendo estos esfuerzos con lo que alguna vez se han hecho. Aún cuando, desgraciadamente, sirva este ambiente para otros propósitos, siquiera que dé resultados para lo que se supone que debería servir.
Retos financieros en la “cuesta de enero”
El inicio de 2026 vuelve a poner a prueba la resiliencia financiera de los hogares mexicanos. La conocida cuesta de enero se presenta este año en un entorno más complejo, marcado por una liquidez reducida tras los gastos de fin de año y por un panorama macroeconómico que exige mayor disciplina. Las previsiones del Banco de México apuntan a un primer trimestre con presiones adicionales derivadas de una inflación que se muestra con mayor persistencia de lo anticipado, lo que obliga a replantear los hábitos de consumo y a reforzar la planeación financiera desde los primeros meses del año.
A esta dinámica se suma un dato estructural que no puede pasar desapercibido para quienes toman decisiones en el sector financiero, se trata de los hogares que destinan una parte de sus ingresos al pago de deudas. Esto convierte al arranque del año en un momento crítico para evaluar comportamientos de pago y su impacto en la salud crediticia de la población. En un país donde el crédito es una herramienta clave para la movilidad económica, la puntualidad en los pagos se vuelve un indicador determinante para el acceso con mejores condiciones financieras.
Desde la perspectiva de la información crediticia, la puntualidad pesa más que el tamaño de la deuda, de acuerdo a los expertos de Círculo de Crédito, la Sociedad de Información Crediticia, quienes consideran que incluso los retrasos menores pueden dejar huellas que acompañan al consumidor durante meses o años. Este matiz es especialmente relevante en enero, cuando los compromisos acumulados pueden llevar a descuidos que terminan afectando el historial crediticio en un momento en el que muchas personas buscan liquidez adicional.
La regulación vigente añade otra capa de complejidad. Aunque las deudas se registran en pesos, su permanencia en las Sociedades de Información Crediticia -mas conocidas como burós de crédito, como Círculo de Crédito, se determina con base en su equivalencia en Unidades de Inversión (UDIs). La plataforma de Círculo de Crédito clasifica estos plazos de acuerdo con rangos de UDI que van desde los adeudos menores, que se eliminan al cabo de un año, hasta los más elevados, que pueden mantenerse hasta seis años siempre que no exista un proceso judicial o un caso de fraude.
Para el sistema financiero, este periodo representa una oportunidad estratégica. La regularización de pagos, la reducción de saldos y un uso más prudente del crédito revolvente no solo fortalecen el historial de los consumidores, sino que también envían señales positivas a las instituciones que evalúan riesgo. Un inicio de año con pagos al día puede traducirse en mejores condiciones de financiamiento a lo largo de 2026, lo que beneficia tanto a los usuarios como a los intermediarios financieros.
Conviene recordar que el crédito, bien administrado, es un instrumento de construcción patrimonial y no un indicador de fragilidad. La clave está en la gestión responsable y en la información oportuna. En este sentido, el Reporte de Crédito Especial, disponible sin costo una vez al año, se ha convertido en una herramienta esencial para que los consumidores conozcan su situación, detecten inconsistencias y tomen decisiones informadas en un entorno cada vez más digital y competitivo.
Registro obligatorio de celulares: ¿seguridad o simulación?
Este viernes inicia el registro obligatorio de teléfonos celulares. La promesa oficial es ambiciosa: combatir delitos como la extorsión, el chantaje y el secuestro exprés eliminando el anonimato en las comunicaciones. Hasta ahí todo bien, sin embargo, detrás de la narrativa sobre la seguridad de los usuarios se vislumbra una vieja tentación del poder. Confundir vigilancia con eficacia y control administrativo con una política pública real.
La medida parte de una premisa en apariencia lógica y bien intencionada: si cada número está vinculado a una identidad, tendría que resultar más fácil rastrear a los delincuentes. Una visión un tanto naif si observamos que la mayoría de las extorsiones telefónicas ya no se hacen desde líneas formales a nombre de los criminales (quienes utilizan unidades robadas o compradas en tiendas de conveniencia) que operan desde las cárceles; mediante teléfonos ingresados ilegalmente, desde plataformas de mensajería como WhatsApp o Telegram; desde sistemas VoIP; o incluso desde números internacionales. Ninguno de esos cauces queda neutralizado con un padrón nacional de usuarios. Ahí está el talón de Aquiles de la medida.
La idea no tiene nada de novedosa, se implementó durante la administración de Felipe Calderón en 2009 bajo el nombre de Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) y fue un fracaso tan rotundo que el propio Senado determinó sacarlo de circulación dos años después. La gran falla: no redujo la criminalidad y en cambio generó un mercado negro de identidades. Hoy el nuevo registro se presenta como más moderno y más robusto; sin embargo, el enfoque no es muy distinto: cargar sobre el ciudadano la responsabilidad de resolver un problema que el Estado ha sido incapaz de resolver.
A partir de hoy y durante los siguientes 120 días hábiles los usuarios tendrán que registrarse o de lo contrario sus líneas serán suspendidas, pero no así el pago por los servicios a las empresas telefónicas. Transcurrido un cierto periodo, incluso podrían llegar a perderlas.
Desde el punto de vista del crimen organizado el registro es un obstáculo menor, ya que cuentan con recursos para evadirlo, pretender que un formulario y una base de datos resolverán un fenómeno estructural como la extorsión resulta, en el menor de los casos, ingenuo.
La triste realidad nos revela que, a pesar de haber demostrado su ineficacia, este tipo de medidas se vuelven a repetir porque son visibles, estruendosas y políticamente rentables. Permite anunciar medidas “contundentes” sin enfrentar los problemas de fondo: el control real de las cárceles, la corrupción en corporaciones de seguridad, la falta de inteligencia financiera y la impunidad que se mantiene como un lastre.
El registro obligatorio de celulares es útil, sí, pero como herramienta auxiliar en ciertas investigaciones. Presentarlo como una solución al problema de las extorsiones entraña algo más que una mentira: se trata de una medida cosmética diseñada para transmitir sensación de control en un entorno de inseguridad persistente.
En todo esto lo único cierto es que la seguridad no se construye con padrones, sino con instituciones funcionales; verlo de distinta manera es seguir abonando a una fábrica persistente de fantasías …y desilusiones.
Londres no es un retiro
Finalmente será a la Embajada del Reino Unido a donde será enviado Alejandro Gertz Manero. Lo anterior lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dio a conocer que ya se cuenta con el beneplácito de aquel país y solo falta la aprobación del Senado.
El abogado de la nación que más ha durado en el cargo en la historia de México -de PGR a FGR-, se fue sin dejar un solo dato estadístico de los resultados de su gestión de más de seis años como el primer fiscal General de la República.
Como se recordará, la salida de Gertz de la Fiscalía General de la República fue rápida pero no tersa. Al estira y afloja del transcurso de un día siguieron las especulaciones sobre los motivos detrás del retiro del fiscal -empezando por el sospechoso criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo-; los casos sin resolver; los reclamos de agraviados por presuntos actos de venganza por parte del fiscal; las presunciones de corrupción, así como hubo versiones de que Gertz estaba molesto porque no veía clara su designación, supuestamente como embajador en Alemania.
Se equivocan quienes ven en la embajada mexicana en Londres como un retiro para el exfiscal. Si así fuera, a sus 86 años Gertz habría optado por irse a su casa, pero el encargo diplomático lo mantiene en el escenario político y como parte del gobierno aunque sea en la perfería, como parte de su blindaje personal e institucional, lo cual no es menos considerando las muestras de animadversión a su persona, la información delicada que seguramente posee y que lo hace peligroso, su lucidez y excelente salud, por lo que no se le puede dar por retirado ni olvidado.
